Algo más que unas recomendaciones del Instituto Internacional de Prensa (IPI)

“El próximo Gobierno español debería derogar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana y recuperar la independencia de la RTVE”, concluye el informe del Instituto Internacional de Prensa (IPI), titulado “España: La libertad de prensa en un momento de cambio” y suscrito también por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI).

 Ahora que el Gobierno, en vísperas electorales, pasea triunfalista y presuntuoso el bagaje de sus logros, la citada conclusión invita a reflexionar, primero que nadie al propio Ejecutivo. Que en pleno siglo XXI -se supone que una democracia ya madura-, organizaciones como las señaladas hayan manifestado públicamente tales peticiones sobre materias tan fundamentales, es para hacérselo pensar. De todo lo que se viene hablando y se habla, empezando por el desafío soberanista y terminando por la reforma de la Constitución, convenimos en su importancia. Pero que a estas alturas, desde tales instancias, se cuestione el contenido de una norma relevante y se recomiende una revisión sustancial de la radiotelevisión pública a partir de la menor supeditación o del menor intervencionismo del poder político, son hechos que no pueden pasar inadvertidos.

  Para el IPI y las otras organizaciones, la Ley de Seguridad Ciudadana puede afectar al derecho a la información sobre temas de interés público en nuestro país. Dice más el informe: “Alberga peligros evidentes para el libre flujo de información”. Y reprueba las vagas y desproporcionadas disposiciones de la norma en cuanto pueden tener efectos disuasorios en los medios de comunicación e incidan negativamente en el derecho a la información.

       El diario Abc se ha mostrado crítico con estas apreciaciones del informe como también lo hiciera el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, quien sostuvo ante una misión periodística específica que el Gobierno no ha adoptado ninguna medida restrictiva en materia de libertad de expresión. Sin embargo, el informe del IPI recoge que la Ley ha sido criticada por agentes sociales, organizaciones civiles y profesionales así como por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. La inseguridad y el limbo jurídico en que quedan los periodistas, a la vista de la ambigüedad y de la vaguedad de una parte del texto articulado, es lo más preocupante.

      En lo concerniente a la evolución de RTVE, las conclusiones del informe son indicadoras de que las cosas no se están haciendo bien. Y en la casa lo saben. A lo largo de la legislatura son varios episodios los que reflejan un notable intervencionismo político que, en la práctica, abona el terreno de la pérdida de credibilidad y de audiencia. El tratamiento de las noches electorales, sin ir más lejos. O aquella posición de un grupo de profesionales expresada ante el Parlamento Europeo el pasado mes de abril denunciando la parcialidad del medio.

      Las recomendaciones del IPI y de las organizaciones que se adhieren para recuperar la independencia de la corporación pública son claras: volver a la fórmula de nombramiento de los integrantes del consejo de administración, basada en la aprobación de dos tercios del Parlamento; la creación de un órgano regulador independiente y específico del sector medios audiovisuales y mejorar la transparencia en el ámbito de la publicidad institucional.

        En definitiva, que son algo más que unas recomendaciones para dos asignaturas de peso a tener en cuenta si es que se quiere palpar eso que llaman calidad democrática. Y porque los peligros para una parte de la columna vertebral del sistema, si no se corrige a tiempo, son evidentes.

Salvador García Llanos