Fomento busca alternativas en Campillo de Altobuey para una promoción VPO parada por el Gobierno de Cospedal

   La consejera se ha comprometido con el regidor municipal a estudiar algún tipo de fórmula factible para esta promoción de 8 viviendas de protección oficial, a cuyos costes de finalización de obra habría que añadir un 15% en que los técnicos de la empresa pública calculan la reposición de los elementos deteriorados durante los tres años en los que han permanecido las viviendas inacabadas.

   Para poder retomar las obras, Gicaman exige una demanda que garantice que la promoción es viable. Por eso el Ayuntamiento deberá actualizar la bolsa de demandantes que tenía abierta cuando se detuvieron las obras y que durante el tiempo transcurrido se han visto obligados a buscar alternativas en el mercado libre para tener acceso a una vivienda, ha informado la Junta en nota de prensa.

   Además de tratar con el equipo de Gobierno municipal las posibles soluciones a estas edificaciones inacabadas, la consejera y el alcalde firmaron el convenio por el que este municipio conquense se suma al programa de intermediación hipotecaria del Gobierno regional, mediante el cual los ayuntamientos se responsabilizan de participar en el acompañamiento de los posibles demandantes de asistencia que se dirijan a ellos, la difusión del programa y la canalización de los casos que puedan detectarse en su localidad a los servicios puestos en marcha a través de las oficinas.

   Por otra parte, Elena de la Cruz se reunía en Minglanilla con el alcalde, José Luis Hervás, y una docena de empresarios locales que trasladaron a la consejera sus principales preocupaciones en materia de agua, necesidades de los polígonos industriales, carreteras y telecomunicaciones.

   La consejera aclaró a los asistentes que pese a que a finales del mandato anterior se realizó la promesa de acometer al arreglo de la carretera de titularidad regional que atraviesa el casco urbano de la localidad, para su posterior cesión al Ayuntamiento, no existía ninguna partida presupuestaria en la Consejería que reflejase esta actuación para el ejercicio 2015.

   De la Cruz transmitió a los empresarios su intención de incluir estas mejoras en los presupuestos durante la legislatura, una vez se terminen de depurar los múltiples pagos pendientes de obras judicializadas que no se llegaron a realizar y expropiaciones reclamadas también en los juzgados, y cuyo valor conjunto está próximo a los 80 millones de euros, cantidad que limita el margen de maniobra para nuevos proyectos.

   La necesidad de completar el desarrollo del polígono industrial promovido por el Consistorio fue otro asunto tratado durante el encuentro, así como el alto coste energético que soportan las arcas municipales para la elevación del agua potable desde el pantano de Contreras hasta el depósito de abastecimiento.

   Los empresarios plantearon además la existencia de problemas de seguridad vial en las múltiples conexiones de la red viaria de titularidad estatal en Minglanilla que Elena de la Cruz se comprometió a recopilar para dar traslado a la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento.