Este domingo no podrán votar más de 80.000 personas con discapacidad

   En 2008, el Estado español ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la ley electoral bajo la premisa de que "ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental".

   Tres años más tarde, en 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención y advirtió al entonces Gobierno socialista de que no había hecho los deberes en materia electoral.

   En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Sin embargo,  dos años después, del Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha salido ningún informe al respecto.

"ANOMALÍA DE NUESTRA DEMOCRACIA"

   "La Legislatura se despide sin que esa conculcación masiva de derechos humanos que permite nuestro sistema electoral se haya solventado. Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. Unas elecciones más, a miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener una discapacidad", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.

   Asimismo, ve "decepcionante" que la clase política, "en el peor sentido de la palabra", consienta que este estado de cosas siga, "sin mayor escándalo y sin hacer nada para subsanarlo". El CERMI avisa de que va a ser "absolutamente intransigente" y a fiscalizar "lo que se haga y lo que no se haga" para que el derecho de sufragio sea universal, que ahora "discrimina por razón de discapacidad".

DOLORS VUELVE A SER CIUDADANA

   "Que necesite apoyo en temas económicos, no significa que no pueda tomar decisiones ni expresar mi opinión como ciudadana", indica Dolors Torrents, una mujer con discapacidad que, después de un año y medio, ha logrado el pasado viernes que un juez de Badalona (Barcelona) restituya este derecho fundamental, según Plena Inclusión. Aunque la resolución no llega a tiempo para que Dolors pueda votar en estas elecciones, se muestra satisfecha: "He recuperado el derecho de voto y vuelvo a ser ciudadana".

   Esta organización que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, desarrolla desde hace años la campaña 'Mi Voto Cuenta' (#MiVotoCuenta2015), en la que alerta y denuncia este tipo de discriminación, así como la que sufren otras personas que sí pueden votar, pero que no pueden hacerlo en igualdad de condiciones, ya que los procesos electorales y los mensajes de los partidos políticos no son accesibles para quienes tienen alguna dificultad de comprensión.

QUÉ DICEN LOS PROGRAMAS ELECTORALES

   Europa Press ha analizado las propuestas sobre discapacidad de varios partidos políticos. C's y Podemos se comprometen a reformar la LOREG en este sentido de forma expresa.

   La formación de Albert Rivera dice que cambiará la ley para que "ninguna persona con diversidad/discapacidad pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio". "Se trata de poner fin a la vulneración de la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional, que con la legislación vigente pueden ser privadas del derecho de sufragio, lo que entra en clara contradicción con los derechos humanos de las personas con discapacidad", argumenta.

   Podemos asegura en su programa que cambiará la ley electoral "para que ninguna persona con diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen".

   El PP, por su parte, dice que reformará la LOREG para que las personas con discapacidad "puedan ejercer su derecho fundamental de sufragio con garantías y con privacidad, garantizando la disponibilidad de votos en Braille en todas las citas electorales".

   El PSOE señala en el aparatado de la reforma de la Ley electoral que uno de los objetivos es "posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo". Mientras, Unidad Popular plantea una Ley electoral que "garantice la proporcionalidad y recoja el mismo derecho y valor del voto a todos los ciudadanos".

PROBLEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ELECTORAL

   Atendiendo al tipo de discapacidad, las personas sordociegas representan a uno de los colectivos que más dificultades tiene a la hora de ejercer su derecho al voto, sobre todo en el acceso a la información y a las propuestas de los partidos políticos.

   "No lo tenemos fácil porque nos encontramos con una doble barrera", admite en declaraciones a Europa Press el presidente de la a Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas (FASOCIDE), Francisco Javier Trigueros, que advierte de que estas barreras son aún mayores cuando se trata de personas que viven en el medio rural.

   Según explica, las personas sordociegas sólo pueden acceder a las webs de los partidos políticos si los textos se adaptan a la línea Braille, que es un dispositivo que muestra de forma táctil la información que un lector sin discapacidad visual leería en una pantalla. "Es la única vía de acceso a la información en Internet", apunta.

   A la hora de emitir el voto, pueden pedir el 'kit de voto accesible', que reciben en casa con las distintas papeletas y su explicación en Braille y la votación se puede enviar por correo ordinario o acudiendo al colegio electoral acompañadas de un intérprete.

   La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, que genera en las personas que la padecen, según indica esta organización, problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno.

   Por ello, alertan de que es una discapacidad "con entidad propia" pues estas personas requieren servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación para hacer frente a las actividades de la vida diaria.

   Según Trigueros, la mayoría de los partidos políticos desconocen la realidad de este colectivo de personas sordociegas de las que no existe un censo como tal. Si bien hay estudios que fijan la cifra de afectados en 7.000, el número podría ser aún mayor porque es un colectivo "muy heterogéneo: Hay personas ciegas y sordas, otras ciegas y con problemas auditivos, otras que tiene problemas visuales y auditivos combinados".