CLM llevará también ante los tribunales europeos los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha denunciará también ante la justicia europea cuatro de los siete planes de cuenca aprobados por el Gobierno central el pasado viernes, en concreto, el del Tajo, el del Guadiana, Júcar y Segura, al considerar que carecen de consenso, que no tienen en cuenta la prevalencia de la cuenca cedente y porque, en definitiva, "vulneran los derechos y los intereses de los castellano-manchegos".  

Ha sido la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, la que durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez, ha asegurado que el Ejecutivo regional elevará ante los tribunales europeos estos planes, al igual que ya hizo con el Memorándum del Tajo-Segura.  

No obstante, De la Cruz ha precisado que esos recursos que se presentarán ante la justicia europea vendrán después del que los servicios jurídicos de la Junta ya elaboran contra los planes de cuenca del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar.  

Y es que la responsable regional de Fomento ha explicado que desde que el Boletín Oficial del Estado publique el Real Decreto con el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobaron estas planificaciones hidrológicas, el Gobierno de Castilla-La Mancha tendrá un plazo de dos meses para presentar ese recurso.  

A este respecto, la consejera ha dicho no saber si el número de recursos que el Gobierno regional va a presentar contra la planificación hidrológica del Ejecutivo central será uno o serán cuatro, pues dependerá de si toda esa planificación se presenta en un sólo Real Decreto o por separado con cada uno de los planes.  

De la Cruz, que ha denunciado que haya sido un Gobierno en funciones y fuera de plazo el que haya aprobado estos planes, cuando la directiva europea establecía que fuese antes de final de año, ha recordado que el Ejecutivo de Rajoy no dejó al de Emiliano García-Page presentar alegaciones a dichos planes, ni tampoco tuvo a bien votar por separado cada uno de ellos en el Consejo Nacional del Agua.  

En el caso del Plan Hidrológico del Tajo, la consejera ha criticado que no reconozca la prevalencia de la cuenca cedente, que no garantice un cauce ecológico, que vea el trasvase como un agente externo, "cuando afecta a la cabecera del río", y como única solución al déficit de agua del Segura.  

Dicho esto, se ha mostrado confiada en que la justicia dará la razón a los argumentos de Castilla-la Mancha, pues existe jurisprudencia previa, pues ha recordado que en alguna ocasión los tribunales han dado la razón al Gobierno regional en sus recursos contra el trasvase al Segura. "Con los argumentos legales que tenemos en la mano y la directiva marco del agua sabemos que se está acometiendo un atropello con los ríos de la región", ha finalizado.

DEUDA HISTÓRICA  

De su lado, el responsable de Agricultura ha denunciado la "deuda histórica permanente que el Gobierno central tiene con Castilla-La Mancha en materia de agricultura y desarrollo rural", deuda en la que se basa la posición del Gobierno regional a la hora defender los derechos de los castellano-manchegos en general y de los agricultores en particular.  

En el caso del Plan del Tajo, ha denunciado que el plan, tal y como está redactado, no contempla un caudal ecológico a su paso por Aranjuez, ni una protección adecuada de los espacios de la red natura, lo que provocará problemas ambientales y la reducción de la fauna.  

Mientras, en el caso del Plan del Guadiana, Martínez ha asegurado que la planificación aprobada no resuelve las peticiones de cerca de 2.000 agricultores con cultivos prioritarios de Ciudad Real que desde 2011 llevan esperando una solución del Gobierno central.  

A su modo de ver, la planificación aprobada también deja en el aire el Centro de Intercambio de Derechos de Agua, que no dispone de presupuesto alguno, y que ha de poner a disposición del Gobierno regional la gestión de 40 hectómetros cúbicos de agua, pues en la actualidad solo se ofrecen poco más de 14.  

En cuanto al Plan del Júcar, el consejero de Agricultura ha lamentado que se vuelvan a incluir cuencas intracomunitarias de Valencia, de tal modo que el movimiento de agua del Júcar a otras cuencas no se considera trasvase. "El agua que llega a Valencia tiene que venir de otras cuencas", ha dicho el consejero, que también ha lamentado que Castilla-La Mancha solo tenga el 37 por ciento de capacidad de voto en la gestión de esta cuenca.  

En término parecidos se ha referido al Plan del Segura y ha denunciado que de los 30 millones que el Ejecutivo central ha dotado al decreto de sequía para esta zona, la región no ha percibido aún nada, cuando ya se ha ejecutado el 85 por ciento de los fondos, y no se han ejecutado los pozos de sequía que se reclaman para la zona de Hellín.

TRASVASE  

Preguntada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo central en funciones aprobase nuevos trasvases del Tajo al Segura, la consejera ha asegurado que no tiene posibilidad de hacerlo pues a partir del 1 de enero no se puede trasvasar agua al Levante por debajo de los 336 hectómetros en los embalses de cabecera, que ahora tienen 322.  

"Por eso, de julio a diciembre han trasvasado de forma permanente agua estando los embalses bajo mínimo porque a partir de enero ya no pueden hacerlo", ha concluido.