DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad
"Deben estar garantizados independientemente de los cambios políticos", según ha indicado la presidenta de Cermi en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, durante su intervención en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Cortes, en la que también ha tomado la palabra el presidente nacional del Cermi, Luis Cayo.
Gómez ha indicado que el Estado del Bienestar se basa en cuatro pilares: la educación, la sanidad, las pensiones, que "mal que bien están garantizados", y los servicios sociales, que son el cuarto pilar pero que no están garantizados, "y deberían de equipararse buscando la fórmula adecuada para que así sea", ha agregado.
"No se puede consentir que tengamos otro tsunami económico y se cuestione este cuarto pilar", ha indicado, para pedir que "nunca más" se consideren un "lujo" los servicios sociales.
La presidenta de Cermi en Castilla-La Mancha se ha detenido en otros aspectos que ha considerado "muy relevantes" y que requieren una atención "urgente" por parte de las políticas integrales de la discapacidad como son la atención temprana, el empleo, la accesibilidad universal, la atención sociosanitaria, la mujer con discapacidad, el medio rural, los dependientes y la estabilidad del sector.
ATENCIÓN TEMPRANA
De este modo, en cuanto a la atención temprana, ha señalado que es "necesaria" una prevención precoz con una coordinación "eficiente" entre las consejerías de Bienestar Social, Sanidad y Educación. "Sabemos que se ha firmado un protocolo por estas tres consejerías, pero no lo conocemos y echamos en falta que se sustente en el tercer sector".
Sobre la educación, Gómez ha indicado que en Castilla-La Mancha hay que aclarar qué ocurrirá con la atención temprana en los niños escolarizados de 3 a 6 años en los centros ordinarios y qué profesionales realizarán esta intervención. Además, ha reclamado los apoyos suficientes para reclamar modelos que fomenten la educación inclusiva.
Otro de los aspectos que ha tratado la presidenta del Cermi ha sido el del empleo, señalando que es necesario seguir impulsando medidas que favorezcan la contratación de personas con discapacidad en las empresas ordinarias, así como fomentar la economía social, el emprendimiento o velar por el cumplimiento de las normas estableciendo mayores sanciones a quienes no cumplan con las cuotas de reserva.
Todo ello ha dicho que no se puede desarrollar si no existe la accesibilidad universal, señalando que todos los aspectos de los que ha hablado se producen en espacios "que no son accesibles". Así, ha puesto como ejemplo que la Comisión de Políticas Integrales no cuenta con un intérprete de lengua de signos ni se emite vía web subtitulada con lenguaje de signos.
Respecto a la atención sociosanitaria, la presidenta regional del Cermi ha propuesto pasar de la planificación a la acción y se ha referido así a proyectos como la tarjeta sanitaria de atención preferente para personas con discapacidad, que "urge" tener y a planes que no terminan de desarrollarse como los relativos a enfermedades raras, salud mental, daño cerebral o la estrategia regional sobre el autismo.
MUJER CON DISCAPACIDAD
De la mujer con discapacidad ha puesto de manifiesto la necesidad de incluir el género en las políticas con discapacidad, destacando la violencia contra las niñas y mujeres con discapacidad para hacer un llamamiento a toda la sociedad con el fin de que no se permita que sigan sucediendo este tipo de agresiones.
En el medio rural, la presidenta regional del Cermi ha pedido poner en marcha mecanismos de apoyo y que "todos" los proyectos de desarrollo rural contemplen medidas de inclusión con el fin de que "todas las personas tengan la misma calidad de vida en este medio".
Sobre los dependientes, ha solicitado que se siga desarrollando la Ley de Dependencia en la región, que la figura del asistente personal se desarrolle "aún más" en la Comunidad Autónoma, y buscar "entre todos" fórmulas que ayuden a la estabilidad en el tercer sector a través de la normativa que regule las relaciones con las administraciones públicas y mejore la sostenibilidad del mismo.
Por último, se ha detenido en la Ley de Garantías de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, aprobada por unanimidad la legislatura pasada, para señalar que debe desarrollarse y cumplirse. "Nuestro Comité trabajó intensamente en la elaboración de esta Ley y sería una decepción si no seguimos trabajando conjuntamente en su desarrollo complementario", ha agregado.
NO RENUNCIAR A UNA POLÍTICA DE DISCAPACIDAD
De su parte, el presidente nacional de Cermi ha puesto de manifiesto que son necesarias políticas públicas "vigorosas, transformadoras y que generen cambio social". "No podemos renunciar a una política pública de discapacidad que compense y transforme en el plano europeo, nacional, regional y local", ha señalado.
Así, bajo su punto de vista, uno de los rasgos esenciales que debería tener esta política es que sea "solo de derechos". "La beneficencia, el paternalismo, el llegar si se puede y todos esos aspectos desaparecen ante la evidencia y la exigencia que solo cabe una visión de derechos humanos para las personas con discapacidad", ha agregado.
Del mismo modo, ha indicado que estas políticas deben asumir la visión de la inclusión de las personas con discapacidad "en la corriente" general y revisar todos aquellos dispositivos que no sean inclusivos. A ello ha añadido que debe ser activa y no de subsidios y ayudas limitados para desarrollar la potencialidad de las personas discapacitadas.
"Tienen que ser políticas coconstruidas, coparticipadas y corresponsables", ha indicado, para aclarar que en España y Castilla-La Mancha hay una sociedad civil "tramada" en torno a la discapacidad a diferencia de Europa, por lo que ha puesto de manifiesto la importancia de que la política que se haga en este campo sea en consulta y diálogo permanente y, si puede ser, construida con el propio tejido asociativo.
El factor de genero también es "esencial" en las políticas de discapacidad, ha señalado el presidente del Cermi, quien ha apuntado, en definitiva, que debe ser una política que "libere", respetable para las personas con discapacidad y que haga a este colectivo ponerse en una posición de colaborar constructivamente con el resto de miembros de la familia social y dar oportunidades para el libre desarrollo de su personalidad.
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