DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad
Una veintena de activistas --algunos de ellos procedentes de Castilla-La Mancha-- se han concentrado este lunes, 10 de octubre, ante la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid, para pedir la dimisión de su presidente, Fernando Martí. Los ecologistas denuncian la "mala gestión" del dirigente, además de "falta de transparencia de la misma".
Los responsables de la convocatoria, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), el Foro Extremeño Antinuclear (FEAN), la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear de Cuenca y Ecologistas en Acción, han contado con el apoyo de Greenpeace y Equo. Todos ellos han entregado en el organismo un escrito con sus reclamaciones.
En el documento destacan algunas de las últimas actuaciones del CSN que, a su juicio, no han tenido "el rigor necesario". Así, denuncian el cambio de protocolo para clasificar los sucesos nucleares en la Escala INES y que, según señalan, "contribuye a dar una imagen engañosa de mejora de la seguridad nuclear". También critican "la dejadez" del organismo para investigar el caso de los falsos protocolos de seguridad de la empresa francesa AREVA, que reparó y construyó piezas para las centrales de Ascó (Tarragona) y Almaraz (Cáceres).
Del mismo modo, rechazan el posicionamiento del CSN a favor de seguir adelante con la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), a pesar de los informes del área de Ciencias de la Tierra del CSN, que "expresa sus dudas sobre la adecuación de los terrenos" y del Almacén Temporal Individual (ATI) en Almaraz. Este último proyecto, según aseguran los activistas, demuestra la intención del organismo de alargar la vida de la central nuclear.
DAÑO A LA IMAGEN DEL CSN Y A LA SEGURIDAD NUCLEAR
La portavoz de la FEAN, Paca Blanco, ha señalado que "no va a permitir que se construya en Extremadura un ATI", al menos, hasta que se cierren las centrales. El foro considera que Almaraz debe cerrar su reactor I en 2020 y el II en 2021, cuando cumpla 40 años. "La intención del Gobierno es alargar su edad 20 años más y seguir almacenando residuos otros 20 años", ha advertido.
Sobre el ATC se ha pronunciado el portavoz de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Cuenca, Carlos Villeta, quien ha denunciado el "ocultismo" del CSN con los informes sobre este cementerio. Según ha explicado, ha sido gracias a la ONG Transparencia Internacional por la que se han conocido los documentos internos del organismo "que dicen que los terrenos en los que se quiere ubicar el cementerio nuclear no valen".
Además, se ha referido a la defensa del ATC que ha hecho el alcalde de Villar de Cañas, una postura que, a juicio de Villeta, se debe a los 6 millones de euros que le corresponden anualmente a la comarca si se construye ahí el cementerio.
Durante la concentración, en la que se han escuchado gritos de 'presidente dimisión', 'ni ATi ni ATC', 'el Sol es energía y no esta porquería' o 'la central nuclear al jardín de Cospedal', el portavoz de la MIA, Francisco Castejón, ha explicado a los medios que "las malas prácticas" de Martí están "haciendo mucho daño a la imagen del CSN y a su reputación" ya que este organismo "debería ser neutral y riguroso" y, a su juicio, "sólo está haciendo un favor impagable a la industria nuclear".
EXPLICACIONES EN EL CONGRESO
Castejón, miembro del Comité Asesor de Seguridad Nuclear, ha explicado que, desde la llegada de Martí al organismo existe "un pulso" para rebajar las atribuciones del comité, de manera que sus miembros "no puedan preguntar nada".
Preguntado por la próxima comparecencia de Martí ante el Congreso de los Diputados, el próximo 19 de octubre, ha señalado que confía en que los diputados puedan obtener información de primera mano de lo que se está denunciado y que, si no piden la dimisión del presidente del CSN que, al menos, "se ponga rojo y le dé vergüenza lo que está haciendo".
En la concentración también ha estado presente el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien espera que el presidente del CSN explique ante la Cámara Baja la situación interna del organismo, que ha sido calificada por sus trabajadores como "caza de brujas", además de la existencia de informes secretos del ATC o de la central de Garoña (Burgos). "Tendrá que explicar todo esto ante los diputados y, en función de las explicaciones que dé, cada grupo actuaremos en consecuencia", ha concluido.
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