El Plan Integral de Garantías Ciudadanas dará una respuesta "global e integral" a las necesidades

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha explicado que el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, cuya toma en conocimiento fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno, se presenta con vocación “integral e integradora”, configurado como un “circuito de la igualdad” que unificará en una “ventanilla única” los diferentes programas y procedimientos que en materia de protección social existen actualmente en la Administración autonómica.

El Plan, ha abundado el portavoz, pretende dar una respuesta “global e integral” a las necesidades de las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad económica para que “no haya ciudadanos de primera y segunda categoría” y quienes se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica cuenten “con una entrada y una salida para que nadie se pierda para salir de la pobreza”.

Será, ha añadido, un plan que, con un coste estimado de alrededor de 100 millones de euros, “busca poner a la persona en el centro de la acción pública” reordenando y simplificando los recursos existentes para ser más eficaces. El portavoz ha subrayado que el Plan se someterá a la participación y consulta de los agentes sociales, a través de los distintos consejos regionales temáticos, así como de los partidos políticos en su tramitación parlamentaria, y contará con tres grandes ejes o programas.

Así, el Plan contempla un Programa de Garantía Habitacional frente a la insolvencia sobrevenida, mediante el apoyo y fomento al arrendamiento de viviendas para aquellas unidades familiares incluidas en el mismo, la puesta en circulación de viviendas desocupadas mediante la negociación con aquellas entidades financieras que dispongan de stocks de viviendas vacías y la creación de un registro de viviendas vacías similar al que ya existe en otras comunidades autónomas.

Del mismo modo, se llevará a cabo la puesta en valor, mejora y rehabilitación del parque público de viviendas, la renovación y mejora de barrios de viviendas de otros parques públicos y el desarrollo de una Ley Integral de Vivienda que procure la efectividad del derecho a la vivienda. Asimismo, se garantizará el derecho de permanencia en la vivienda ante situaciones de insolvencia sobrevenida, incluyendo en ella los procedimientos de la red de oficinas antidesahucio de la región.

Por su parte, el Programa de Garantía de Suministros Básicos del Hogar proporcionará apoyo económico a los hogares que se encuentren en situación de pobreza severa para afrontar el pago de los suministros energéticos durante los meses de invierno, actuando ante las situaciones de endeudamiento que puedan conllevar cortes de suministro. También se incorporarán a este programa la red de oficinas de atención al consumidor, garantizando así la protección diferenciada de los consumidores energéticamente vulnerables, y el Sistema Arbitral de Consumo, además de llevar a cabo acciones formativas encaminadas al fomento del ahorro.

El tercer y último programa es el Programa de Garantía de Renta a través de la puesta en marcha de planes de empleo, programas de formación remunerada y becada, y proyectos de formación en alternancia con el empleo. También se contempla la garantía de la alimentación infantil, el acceso a materiales curriculares, la exención del pago en enseñanzas de régimen especial, la admisión en residencias universitarias o las estancias formativas en el extranjero.

Hernando ha precisado que el Plan también contempla la concesión de prestaciones económicas en situaciones especiales, a través de las evaluaciones de los técnicos, ya que, aunque “la primera puerta que siempre se va a abrir al ciudadano es el empleo, que nos dignifica como ciudadanos, nos devuelve la autoestima y nos permite hacer sostenible un estado del bienestar que nos protege a todos y todas”, hay personas que, por cuestiones de enfermedad o discapacidad, tienen mayores dificultades. 

“Este gobierno no se puede permitir el lujo de dejar a esa gente fuera del sistema, en la cuneta”, ha remarcado el portavoz, que ha señalado que esta renta garantizada será “una versión mejorada, una versión 2.0, del Ingreso Mínimo de Solidaridad”, que se modificará próximamente para revisar la cuantía y suprimir la barrera de los dos años de concesión. Se trata, ha precisado Hernando, de “alejarnos de ese modelo de ayudas excepcionales para ir a un modelo de ingresos continuados y una periodicidad que respete mucho más los imprevistos”.

En este capítulo, el Plan prevé también prestaciones para las personas en situación de viudedad, familias numerosas y mujeres víctimas de violencia de género, que contarán con ayudas una vez abandonan cualquier recurso de acogida. “Queremos que la respuesta de la Administración sea lo más cercano y útil a la ciudadanía”, ha resaltado el portavoz, para quien “lejos de ver un montón de piezas sin componer”, este “circuito de la igualdad” permitirá “ver claramente cuál es la imagen del puzzle al completo”.

SISTEMA DE PICADAS-ALMOGUERA Y DEPURADORA DE ARCAS DEL VILLAR Y VILLAR DE OLALLA

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización del gasto de la prórroga del contrato de servicios de explotación y mantenimiento del sistema de abastecimiento Picadas-Almoguera (Toledo), que beneficiará directamente a cerca de 320.000 habitantes de Toledo capital, la comarca de La Sagra, Torrijos y la zona del Alberche, y que posibilitará seguir abasteciendo con agua de excelente calidad a un total de 67 municipios.

El portavoz regional ha explicado que en concreto se autoriza un gasto de algo más de seis millones de euros para la prórroga del contrato de servicios de explotación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de Picadas-Almoguera para dar continuidad a la gestión y el mantenimiento del sistema y que permitirá “el correcto funcionamiento del suministro de agua hasta principios de 2018.

Asimismo, Hernando ha informado de que se invertirán más de 330.000 euros para la mejora de la depuradora conjunta de Arcas del Villar y Villar de Olalla, en la provincia de Cuenca, que debido a la mayor carga de aguas residuales que se viene produciendo, necesita mejorar su rendimiento para que las aguas tratadas en ella se viertan en condiciones adecuadas al medio natural, y más concretamente al río Júcar, ha explicado Hernando.