DCLM.ES · Guadalajara · Sucesos
La denominada operación 'Sith', en la que han participado 70 funcionarios tanto de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) como de diversas áreas regionales de Inspección y Vigilancia Aduanera, se completó el pasado 25 de mayo con la detención de 19 personas, cinco de ellas en prisión sin fianza, y registros en seis provincias, así como el bloqueo de cuentas bancarias, embargo de vehículos de alta gama e incautación de efectivo.
En el marco de la operación y bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, se efectuaron 11 registros en las provincias de Guadalajara, Madrid, León, Valladolid, Valencia y Alicante, durante los cuales se obtuvo abundante documentación en soporte papel e informático sobre las operaciones fraudulentas detectadas, y cuyo análisis permitirá añadir nuevos elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial desarrollada con carácter previo.
Las investigaciones, iniciadas por la ONIF y la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha, se han centrado en una trama de empresas dedicadas al fraude del IVA en el sector informático y electrónico, y han sido desarrolladas conjuntamente por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha y la Jefatura Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha.
Los investigados habrían creado una trama para la defraudación del IVA en la comercialización de productos mediante una estructura compleja con sociedades en España y Portugal. La mercancía objeto del fraude viajaba directamente desde el proveedor en Europa a almacenes logísticos españoles, desde donde, a su vez, se distribuía a los canales de comercialización.
Sin embargo, y con el único fin de eludir el pago del IVA, se interponían una serie de sociedades instrumentales creadas al efecto en otros países europeos y en España. Dado que, de acuerdo con la normativa del IVA, no procede pagar el impuesto indirecto en las adquisiciones intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las entidades que introducen la mercancía en España tienen que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no soportar el impuesto en sus compras y sí repercutirlo en sus ventas.
Es en esta operativa, añade Hacienda, donde se inicia la comisión del presunto fraude investigado. Su rápida expansión viene motivada también por la posibilidad de reducir el precio de los productos que comercializan gracias al margen que le proporciona la propia defraudación del IVA.
En la investigación llevada a cabo se ha constado que las empresas instrumentales extranjeras y españolas eran, en realidad, dirigidas y controladas por las mismas personas. Además, para dificultar su detección, periódicamente eran sustituidas por nuevas empresas, al frente de las cuales se colocaban testaferros.
MEDIDAS CAUTELARES
Dentro de la operación se han adoptado medidas cautelares patrimoniales judiciales para el bloqueo de 90 cuentas bancarias de las empresas instrumentales y los supuestos implicados en la trama, el embargo de 11 vehículos de alta gama, y también se ha procedido a la incautación de dinero en efectivo por importe de 165.000 euros.
La investigación judicial arranca con una denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla-La Mancha, con apoyo de la unidad de tramas de la ONIF y de la Fiscalía, así como con la colaboración de las áreas regionales de Inspección de Valencia y Castilla León y las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla León y Valencia, en funciones de policía judicial.
La Agencia Tributaria asegura que actualmente la operación sigue su curso y pueden adoptarse nuevas decisiones judiciales.
La tipología de fraude al IVA intracomunitario utilizada por la organización ahora desmantelada existe en los distintos países miembros de la Unión Europea, generando relevantes pérdidas de ingresos, lo que ha motivado que las autoridades comunitarias hayan prestado especial atención al denominado 'fraude carrusel intracomunitario' o fraude en cadena del operador desaparecido (missing trader fraud), mediante el incremento de la cooperación administrativa entre los Estados miembros y el aumento de la eficacia de los sistemas de control de IVA nacionales.
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