La ilegalidad de la no revalorización de las pensiones

Los responsables provinciales de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Castilla-La Mancha, junto con los secretarios generales del sindicato en las cinco provincias de la región, han entregado este miércoles en las subdelegaciones del Gobierno sendos escritos solicitando la reconsideración y retirada de la congelación de las pensiones decidida unilateralmente por el Gobierno de Rajoy, y su incremento de acuerdo con el del IPC, en cumplimiento del Pacto de Toledo y la Ley General de Seguridad Social.

El secretario general de la FPyJ de CCOO CLM, Juan Antonio Navalón, expresó el rechazo de los pensionistas de CCOO a las medidas recientemente aprobadas por el Gobierno del PP y que impiden la revalorización de las pensiones con el IPC, tal y como exige la Ley, y la utilización del Fondo de Reserva de las pensiones para otros fines que no son los originarios.

"Esta medida constituye un claro perjuicio para uno de los colectivos más vulnerables, el de los pensionistas". Es, además, para CCOO "una medida injusta, ineficaz y que se enmarca dentro de la continuada política de ajustes que está intensificando los efectos negativos de la crisis". En términos de aproximación individual, como anuncia la Federación de Pensionistas de CCOO, "una pensión de 1.000 euros dejó de percibir 400 euros el año pasado a lo que debemos sumar los 266 euros que va a perder este año".

CCOO considera "inconstitucional" y que, por tanto, debe ser invalidada, la decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones en el diferencial entre la subida de los precios a 30 de noviembre, un 2,9%, y el incremento inicial, de un 1%, abonado desde principios de 2012.

CCOO se dirigirá a la Defensora del Pueblo para que, en ejercicio de sus competencias decida sobre la solicitud de este sindicato de presentar recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de revalorizar las pensiones en el diferencial entre la inflación interanual a 30 de noviembre, un 2,9%, y el incremento inicial, de un 1%, abonado desde principios de 2012.

El Real Decreto-Ley publicado deja "sin efecto" el derecho a la actualización de las pensiones correspondiente al presente ejercicio 2012. "Desde CCOO entendemos que estamos ante una privación de derechos contraria a la Constitución por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" (art. 9.3 CE).

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme al Índice de Precios al Consumo acumulado entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, si éste ha resultado superior al tomado en cuenta para la revalorización practicada a principios de año; además, debe abonarse a los pensionistas la diferencia en un pago único antes del 1 de abril del 2013, y es sobre esa actualización sobre la que deberían operar los incrementos futuros.

En la fecha de publicación del Real Decreto-ley, el 1 de diciembre de 2012, este derecho a la actualización era un derecho ya perfeccionado y consolidado para cada una de las personas que percibe una pensión contributiva de la Seguridad Social o de Clases Pasivas del Estado; no se trata de una expectativa ni de un derecho condicionado; se trata de un derecho ya adquirido y devengado, aunque no percibido.

La potestad legislativa del Gobierno "no alcanza para establecer normas con carácter retroactivo que produzcan resultados restrictivos o limitativos de los derechos que se habían obtenido con base en una concreta legislación".

Por todo ello, CCOO entiende que esta decisión del Gobierno es "contraria a la Constitución y debe ser invalidada". Para conseguir este pronunciamiento utilizará las herramientas que prevé nuestro ordenamiento jurídico y, en primer lugar, solicitará e instará a la Defensora del Pueblo a presentar el correspondiente recurso, sin perjuicio de promover e impulsar, en su caso, otro tipo de actuaciones posteriores con el mismo objetivo.

Igualmente se impulsarán movilizaciones y concentraciones de rechazo a la no revalorización de las pensiones y se presentará a la Subdelegación del Gobierno en Albacete un escrito solicitando al gobierno que se retiren estas medidas "tan injustas" para el colectivo de pensionistas.