La verdad sobre la reforma de Cospedal: "Democracia y Representación en CLM"

¿Qué importancia tiene para mí, ciudadano de Castilla-La Mancha, la ley electoral de mi región?. Depende de si pienso que el parlamento sólo sirve para elegir y cambiar el gobierno (opción Gubernamentalista) o pienso que también debe ser la representación de la sociedad (opción Representativa). La ley electoral establece las reglas del juego que determinan cual de dichas opciones tenemos. En ella se refleja el tipo y calidad de nuestra democracia y en qué medida somos representados como ciudadanos. Para mí la mejor opción es la Representativa ya que pienso que corresponde a una concepción de la democracia más completa. Además de un mecanismo para elegir gobiernos (para esto sirven ambas), asegura que el parlamento, y el gobierno de él derivado, representa de forma adecuada a la ciudadanía. La Constitución Española se decanta por la opción Representativa.

Pasemos ahora a aplicar estas ideas al caso de la ley electoral de Castilla-La Mancha, tan de moda en estos últimos años, incluso a nivel nacional, y nunca por motivos positivos. Todas las leyes hasta ahora (del PSOE y del PP) plantean un sistema de elección de diputados por provincias. Esto garantiza que todos los territorios (provincias) de la región estén representados pero supone una distorsión en la proporcionalidad entre votos y escaños, de forma que no se asegura que los diputados de cada partido se corresponden con los votos totales regionales obtenidos. La desproporcionalidad entre votos y escaños es especialmente significativa cuando la cifra de escaños a repartir en cada territorio es baja. Imaginemos que tenemos que repartir 25 diputados regionales entre los partidos A, B, C y D cuyos votos son, respectivamente, el 40%, 38%, 14% y 10%. Si repartimos en base a dichos votos totales regionales salen 10 escaños para A, otros 10 para B, 3 para C y 2 para D. Pero si en vez de un reparto global regional hacemos 5 repartos de 5 diputados cada uno (reparto provincial), resulta que, en cada provincia A consigue 3 y B 2. Por tanto, en el global A se lleva 15 diputados y B 10, quedando sin representación C y D. El resultado de un reparto por provincias con pocos diputados cada una es que la composición del parlamento deja de ser un reflejo del voto popular: el 30%, 40% o incluso 50% de los votos ciudadanos pueden no estar correctamente representados. El ejemplo muestra que, para la misma voluntad ciudadana, las reglas matemáticas de la ley electoral han cambiado completamente la composición del parlamento y, en consecuencia, el posible gobierno. El ejemplo anterior sirve también para explicar el motivo de la pelea en nuestra región entre los dos partidos grandes, PP y PSOE, por cuales provincias eligen un número impar de diputados. En el ejemplo A le gana a B en todas las provincias por el 2% y se lleva el diputado impar (el quinto de cada provincia). En la realidad, el PP cambió la ley electoral en 2012 para intentar que las provincias impares le sean favorables. Lo mismo hizo el PSOE en 2007. Para garantizarse dicha ventaja electoral ambos partidos fijaron en 'su' ley electoral la cifra exacta de diputados de cada provincia, en vez de dejar que se ajustará según evoluciona la población.

En consecuencia, los castellanos-manchegos hemos tenido y tenemos las leyes electorales más generadoras de conflicto de toda España. Y además son las menos representativas de toda España. Nuestra ley electoral actual (53 diputados) asigna un promedio de 10 diputados en cada reparto (provincial), mientras que la media de las otras 16 autonomías es de 20 diputados por reparto (26 por provincia). ¿Y que supondrá la reforma actual que reducirá el número de diputados a una horquilla entre 25 y 35?. Pues servirá para agravar de manera muy significativa las consecuencias negativas y defectos comentados. Los diputados en cada reparto provincial caerán hasta una cifra media de 5 a 7. Sencillamente, con estas cifras los principios constitucionales de representatividad y proporcionalidad quedarán en agua de borrajas, pudiendo pasar cosas como las indicadas en el ejemplo comentado. La importancia de las provincias impares será todavía mucho mayor y, por tanto, las peleas políticas por ellas también. El bipartidismo será inevitable, incluso aunque un 1/3 de los ciudadanos optase por terceros partidos. En suma, nos encaminamos a un miniparlamento con altas probabilidades de no reflejar la voluntad de los ciudadanos manifestada en las urnas.

Las ventajas que argumenta el actual gobierno del PP en la futura reducción de diputados son tres: reducción de costes, ejemplaridad de la clase política ante los ciudadanos, y que es lo que quiere la ciudadanía. La primera se rebate fácilmente porque los gastos de funcionamiento entre 30 diputados y 60 diputados, que no cobran sueldo, suponen unos 30 céntimos de euro por ciudadano y año. Personalmente prefiero pagarlos antes de tener un parlamento poco representativo. La segunda ventaja de ejemplaridad me parece, sencillamente, demagógica. Si quieren ser ejemplares tienen docenas de opciones para demostrarlo antes que hacerlo justo reduciendo la representatividad del parlamento: reduzcan los asesores elegidos a dedo, sean transparentes de verdad con los dineros públicos facilitando que los ciudadanos podamos conocerlos, echen a patadas a los corruptos en vez de encontrar siempre excusas 'muy excusables', combatan a los corruptores. Sobre la tercera ventaja, lo que creo que queremos la inmensa mayoría de ciudadanos es que los políticos sean, ante todo, nuestros representantes y no un grupo ajeno, una 'clase política' que nos genera nuevos problemas en vez de dedicarse a resolver los existentes. Que en vez de manipular las reglas de la democracia para su beneficio propio, antepongan el interés general, por ejemplo, elaborando leyes electorales justas y neutrales, y consensuadas.

La austeridad es buena o no, según de donde partimos. Los números demuestran que las Cortes de Castilla-La Mancha ya son el parlamento autonómico más austero. Con 53 diputados tenemos bastantes menos que otras regiones con población similar: Canarias 60 y País Vasco 75. Con la reducción a una horquilla de 25-35 seremos más del doble de austeros que el siguiente. Ponerse a dieta puede ser bueno para reducir peso, pero si ya estamos muy delgados lo que hacemos es poner en peligro nuestra salud. De igual manera, esta dieta de adelgazamiento tan fuerte de nuestro parlamento regional pone en peligro la salud democrática en Castilla-La Mancha.

Dado que el PP tiene mayoría absoluta en el parlamento regional y en el nacional, es muy probable que se apruebe la reforma del estatuto que implica la reducción de diputados a la horquilla ya mencionada, aún sin consenso y siendo la primera vez en la historia de España en que una norma básica, como lo es un estatuto de autonomía, se reforma con el apoyo de solo uno de los dos partidos grandes y la oposición de todas las demás fuerzas políticas. El PP ha dicho que su objetivo al promover la reducción no es su propio beneficio. Cuando elabore la futura ley electoral lo comprobaremos. Si hace una ley electoral que simplemente reduce la cifra de diputados y reparte muy pocos diputados en cada provincia, estaremos en una situación parecida a la expuesta en el ejemplo. El PP tendrá su ley electoral, muy poco proporcional, que generará un parlamento poco representativo, y que, aunque no lo pretendía, "casualmente" le beneficia mucho. Si por el contrario quisiera una ley neutral, debería asegurar dos aspectos que son clave para una democracia realmente representativa: a) Que todos los votos valgan igual, lo que supone la proporcionalidad de escaños con los votos totales regionales; y b) Capacidad de elegir a nuestros representantes, lo que supone que, además de votar a un partido, deberíamos poder votar a las personas (listas desbloqueadas). Dada la triste historia de peleas partidistas por este asunto, debería contemplarse un tercer objetivo instrumental: que se evite de una vez por todas la causa de las continuas disputas por las provincias impares.

¿Cómo, aunque sea con tan pocos diputados, se pueden conseguir dichos objetivos?. Hay maneras y no son complicadas. Una de ellas consiste en asignar escaños compensatorios, adicionales a los provinciales, en base a los votos totales regionales. Con 26 escaños provinciales y 9 compensatorios (35 en total) en las últimas elecciones de 2011 (PP 48'1% y PSOE 43'4%) los resultados habrían sido PP 18 y PSOE 17. Con este método las provincias impares ya no son determinantes, ¡muerto el perro se acabó la rabia!. Los escaños compensatorios evitan que un partido pueda tener más diputados que otro aunque tenga menos votos, una situación nada deseable en términos democráticos, pero factible con la ley electoral actual y mucho más probable aún con la reducción de diputados planteada.

Francisco Ruiz González
Catedrático, Universidad de Castilla-La Mancha
Con experiencia de más de 25 años en estudios y sistemas electorales
francisco.ruizg@uclm.es