La fiscalía del Estado ve base de recusación contra Espejel y Ruiz para que juzguen la caja B del PP, Bárcenas y Gürtel

Ahora tendrá que ser la Audiencia Nacional la que decida si aparta definitivamente a Concepción Espejel como presidenta del jurado que decidirá sobre las tramas en las que está involucrado el Partido Popular y a otro de sus miembros, Enrique López. La fiscalía del Estado considera que existe base en la recusación de ambos, más en la de López que ha realizado, y cobrado por ello, medio centenar de trabajos en la Fundación FAES de José María Áznar. En el caso de Espejel, numerosos medios de comunicación se han referido a su cercanía con Cospedal.

Lo contamos en Dclm esta misma semana, en el reportaje titulado "Admitida a trámite la recusación de "Concha" Espejel, la supuesta amiga de Cospedal, como presidenta del Tribunal que juzgará la Caja B del PP, Bárcenas y Gürtel" donde se informaba sobre la especial cercanía con que la secretaria general del PP se dirigía a la jueza durante la entrega de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort: "Haber participado en este acto para la imposición a Concha...créanme que para mí es un honor y un privilegio...".

La fiscalía ve acreditados los hechos presentados por las acusaciones en torno a las dudas sobre la imparcialidad de López que participó en medio centenar de ponencias de FAES, considerada el "vivero ideológico" del Partido Popular. El PP le aupó a una vocalía del Consejo General del Poder Judicial y le impulsó a la magistratura del Tribunal Constitucional.

En el caso de Espejel, la fiscalía no entra en su presunta amistad con Cospedal aunque ve acreditadas "algunas" de las dudas de los recusantes sobre se idoneidad para formar parte del tribunal. El aspecto más relevante para la recusación de esta magistrada es que también fue nombrada, a propuesta del PP, vocal del Poder Judicial.

Este informe de la fiscalía no obliga a que ambos jueces se aparten del caso Gürtel, sino que pide a la Audiencia que analice los cánones de imparcialidad "exigidos por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos".

Según recoge este miércoles el diario "El País": "El principio de que los jueces no solo deben ser imparciales sino parecerlo, para preservar la confianza de los ciudadanos en los tribunales, no está recogido entre las causas legales de inhibición o recusación de los magistrados. Sin embargo, forma parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y de diversos organismos internacionales de los que España forma parte. La fiscalía cita, entre otros, un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del año 2013, en el que se destaca que "existe una creciente preocupación por temas de corrupción que, en el ámbito judicial, se plasmaría en la impresión de que intereses partidistas podrían estar interviniendo en las decisiones judiciales".

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