¿El Gobierno Catalán puede ser acusado de rebelión? | Paloma Moratilla

Mucho se discute sobre la sedición o la rebelión y si ha sido acertada o excesiva esta decisión judicial. 

En un país donde proliferan con facilidad pseudo-médicos, pseudo-psicólogos o pseudo-abogados, ¿cómo no habrían de aparecer los pseudo-jueces? Una de las primeras cosas que te enseñan en la Facultad de Derecho es que cada caso es un mundo, con connotaciones muy particulares que llevan a sentencias muy dispares para casos aparentemente similares. Algo parecido a lo que ocurre en medicina. Los síntomas pueden ser iguales, "un profundo dolor de espalda", que bien analizado y diagnosticado puede ser una neumonía, un infarto de miocardio, o tal vez simplemente un tirón muscular. Pero para hacer la afirmación concluyente antes hay que hacer las pruebas suficientes que nos indiquen qué dolencia es la que padece el enfermo. 

Con las sentencias ocurre lo mismo, aparentemente pueden parecer el mismo delito, pero habrá que tener en cuenta las circunstancias personales del acusado; el lugar, el momento; cómo y con quien lo cometió y cuál era su objetivo; incluso a qué hora lo cometió y qué herramientas utilizó para perpetrarlo. 

Es cierto que los medios de comunicación nos han tenido informados de cuantas circunstancias rodean al caso catalán, pero seguramente se nos escapan muchos matices, de ahí el debate nacional sobre si la juez Lamela se ha extralimitado o no con las penas preventivas a los miembros del gobierno autonómico de Cataluña. 

SEDICION

En cuanto a la sedición, parece que hay común acuerdo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 544 del Código Penal donde se consideran reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de leyes o el legítimo ejercicio de sus funciones o cumpliento de acuerdos o resoluciones administrativas o juridicas a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.  Algo que describe claramente el comportamiento del Gobierno catalán frente a las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional, o los requerimientos recientes del Gobierno de la Nación. 

Según sentencia del Tribunal Supremo, la sedición ha de cumplir algunos requisitos: Se requiere alzamiento (acción pública y tumultuaria para impedir por la fuerza o fuera de vías legales la aplicación de leyes, o la actividad de la autoridad, corporación, funcionario público o cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales).  

El alzamiento ha de ser público. Que se encamine a un fin indicado por la fuerza, de modo ilícito, ilegítimo o ilegal (la independencia de Cataluña frente a la "indisoluble unidad de la nación española" de la Constitución).

REBELIÓN

La polémica se suscita en cuanto a la rebelión. ¿El delito cometido por los dirigentes del Gobierno catalán, puede ser considerado rebelión? Este delito tipificado en el Código Penal podría resumirse como la acción que atenta contra los poderes del Estado, de acuerdo con la Constitución, o contra la unidad territorial de España. Según este mismo postulado penal, se acusa de rebelión a los que se alzaren violenta y públicamente entre otros fines con los siguientes: Derogar, modificar o suspender totalmente la Constitución. Disolver las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Senado o Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, e impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.  Aunque existen más comportamientos delictivos que describen la rebelión, simplemente con estos podríamos encuadrar perfectamente lo que en los últimos meses ha pasado en Cataluña. 

Según el profesor Rodríguez Devesa, el alzamiento ha de ser violento y público además de concluyente y requiere indiscutiblemente la resistencia y la desobediencia patente, notoria y conocida por todos.  

Sin embargo hay una sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1983 que establece que "La violencia no es requisito indispensable de la rebelión, pudiéndose pactar el modo incruento, sin que por ello se destipifique el hecho". 

Nuestro código penal actual, por el contrario de lo que ocurrió con la dictadura franquista, no se ha actualizado después de cometidos los delitos, sino que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 281 de 24 de noviembre de 1995, con vigencia desde el 24 de mayo de 1996, y revisado por última vez el 28 de octubre de 2015.  Ha estado a disposición de todo el mundo desde entonces para la consulta del hecho penal y las penas, también de los que hoy se encuentran en prisión preventiva por rebelión y sedición, además de malversación de fondos públicos e incluso sigue al alcance de quien se esconde en Bruselas para evitar su aplicación. Aunque tal vez haya que recordar de nuevo un Principio General del Derecho, que es aquel que dice "El desconocimiento de la ley, no exime de su cumplimiento". 

Aún así, siempre quedará alguien que siga hablando de "presos políticos" y de "opositores", sobre todo aquellos que quieren hacer de determinados delincuentes, auténticos mártires. 

Paloma Moratilla