Rafael Catalá, Ministro de Justicia y Diputado por Cuenca debería dimitir por honestidad

Hablamos de los llamados diputados "cuneros". Son los que se presentan a las elecciones por una provincia con la que no tienen ninguna vinculación; no han nacido en ella. No es el caso de Dolors Montserrat que nació y es diputada por Barcelona; lo mismo sucede con Nadal (Madrid), Báñez (Huelva) o Zoido (Sevilla). Luego están los que representan a lugares donde no han nacido. Así, la vallisoletana García Tejerína es diputada por Madrid o el andaluz Montoro que es también diputado por Madrid. La madrileña Cospedal, es diputada por Toledo, seguramente por la misma razón que el madrileño Catalá lo es por Cuenca.

Como quiera que sea, el hoy diputado por Cuenca, Ministro de Justicia y, de forma eventual, Consejero de Justicia de Cataluña,  tiene entre sus logros el haber sido el primer ministro reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, debido a la falta de transparencia y colaboración en la lucha contra la corrupción, sobre todo la que afectaba al Partido Popular.

Este ministro madrileño, que representa a Cuenca, intervino en el Congreso de los Diputados el pasado mes de agosto, aprovechando las vacaciones veraniegas de la inmensa mayoría de españoles y diputados del hemiciclo, para explicar que dentro de la “Brecha de seguridad” de LexNet se habían producido accesos ilegales.

LexNet, es una plataforma utilizada por la Administración de Justicia, para el intercambio de documentación de los procedimientos que están en trámite. Debido a esa brecha, Catalá nos contó que habían sido 49 los usuarios de la plataforma que lograron entrar en buzones de otros compañeros, donde se ubican los documentos judiciales de abogados y procuradores.

Hoy sabemos que no fueron 49 sino 73. Lo más grave no es que se entrara en los buzones, lo gravísimo es que se hicieran más de 400 descargas ilegales de información sensible y confidencial. Algo que ha dicho el propio ministro en algunas reuniones, pero que ha silenciado públicamente. En sus propias palabras y en reunión posterior afirmó “Nos han dado cuenta de que han existido 73 accesos indebidos con descargas de documentación en las que han intervenido abogados, procuradores y graduados sociales, habiéndose producido 432 descargas ilegales”.

Entre esta documentación están autos de jueces, escritos de abogados con datos e información sobre sus clientes y documentación aportada por la policía y la guardia civil sobre investigaciones en causas judiciales.

Supongamos, por ejemplo, que un abogado tiene acceso, mediante esa brecha de seguridad, a todos los argumentos de defensa de la parte contraria, lo que le proporciona un ventaja claramente ilegal a la hora de exponer los hechos ante el juez.

Ahora vienen los lodos de aquellos polvos, cuando empezamos a ver más nítidamente después de la polvareda catalana. Y es que hay que volver a mirar en todas las direcciones y dejar de ser “monotemáticos” y “unidireccionales” en la información. El partido en el Gobierno no debería silenciar algo tan serio y tan grave como el Derecho a la Intimidad de los ciudadanos.

Seguramente, en cualquier otro país europeo esto simplemente y sin reprobación ya hubiera sido suficiente para pedir su dimisión, o tal vez lo que sería más procedente es la propia decisión del diputado por Cuenca de irse honestamente. 

Dclm.es