Igualdad en democracia / Salvador García-Llanos

Se habla, de vez en cuando, de cualificar la democracia, de superar sus imperfecciones, que las tiene. Hacia la igualdad en la democracia, sería la síntesis, sobre todo desde el punto de vista de la participación. O desde cualquier ángulo que favorezca la integración y la identificación con el sistema y mitigar la desafección política que nos embarga, con tantas penalidades.

Ha sido la Asamblea de Madrid la que acaba de dar un paso muy positivo con una Proposición de Ley orientada a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, por práctica unanimidad, tomar en consideración. Se trata de suprimir parcialmente el artículo 3, en donde se establece que carecen de derecho de sufragio “los declarados incapaces de en virtud de sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio” y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial durante el período que dure su internamiento, siempre que en la autorización el juez declara expresamente la incapacidad para el derecho del ejercicio de sufragio”.

El texto de la Proposición aprobada incluye una Disposición Adicional que recoge lo siguiente: “Las personas a las que les hubiere limitado o anulado su derecho al sufragio por razón de discapacidad, quedan reintegradas plenamente en el mismo por el ministerio de la ley”.

Todo da a entender, pues, que a partir de ahora las restricciones del derecho a voto serán en casos muy excepcionales. La demanda se ha venido acentuando a lo largo de los últimos años. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que llegó a plantear las restricciones como una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad, ha insistido hasta lograr este indudable avance. En España, según se ha sabido en el curso del debate parlamentario, se contabilizan casi cien mil sentencias condicionado o limitando el ejercicio del derecho de sufragio. Es natural que, con esa cifra, afloren dudas como las planteó muy bien el diputado del Partido Popular, Alfonso Serrano, quien se pregunta si es viable que desaparezcan tantas resoluciones judiciales con una reforma de la LOREG. “Son necesarias otras reformas para garantizar algo en lo que podemos estar todos de acuerdo”, dijo Serrano para quien las dificultades son salvables, siempre que exista voluntad política. En Catalunya, próxima cita electoral, más de quince mil personas se verían beneficiadas de esta decisión.

Por su parte, el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell, plenamente identificado con el espíritu de la iniciativa, estimó que es de derecho y de justicia apoyarla para que el Tercer Sector se sienta representado de verdad. En este aspecto, la opinión más rotunda y más clara ha sido la de la diputada de Unidos Podemos, Teresa Arévalo: “Hoy en día, hay concejalas con síndrome de Down que no han podido ser votadas por personas con este síndrome… Una paradoja que solo se explica en los prejuicios existentes”.

En fin, un largo proceso y una sustanciosa conquista. Hacia la igualdad en democracia. Como tiene que ser. Y con todos de de acuerdo.

Salvador García Llanos