Rafael Catalá conoce bien los finales de las historias judiciales "incluso antes de ser juzgadas"

Ante las supuestas “interferencias” del Gobierno en el Poder Judicial y el "silencio e inacción" de su  Consejo General (CGPJ), la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, han hecho público un comunicado que, al leerlo  produce una sensación contradictoria. Por un lado, la confirmación de lo que los ciudadanos llevamos intuyendo desde hace años y por otro la tranquilidad de que alguien, de la propia administración de justicia, se ha dado cuenta, porque como bien dicen, el Consejo General del Poder Judicial, órgano garante de la independencia de los jueces y tribunales, solo guarda silencio: "El Sr. Català pronostica con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales...".

El Estado de Derecho se fundamenta en la separación de los Poderes del Estado, para la independencia de sus funciones. Ejecutivo (Gobierno), Legislativo (Cortes Generales) y Judicial (Jueces y Tribunales). La injerencia de uno sobre otro coarta la libertad, independencia e imparcialidad de sus acciones y razonamientos de cualquiera de los tres. Sin embargo la más intolerable es siempre la del Ejecutivo sobre el Judicial. Algo que en las conversaciones entre amigos y en los despachos políticos, se viene afirmando con regularidad, aunque nadie se ha atrevido hasta hoy a decirlo de forma tan clara y públicamente. 

El Gobierno de Rajoy, con el diputado cunero por Cuenca y ministro de Justicia a la cabeza, está haciendo un flaco favor a esa democracia que tanto defienden en sus discursos, cuando faltan a lo esencial de su Carta Magna: "La separación de Poderes". De nada sirve lucir pulseritas en las muñecas, ni comprar banderas para los municipios de grandes dimensiones, si no defendemos todas y cada una de las palabras de la Constitución que ampara este país desde 1978. 

Es tal la utilización "partidista" de la Justicia por parte del partido en el Gobierno (PP), que no gobiernan, sino que interponen recursos. El País publicaba hace unos días que el actual Gobierno de Rajoy, había presentado 25 recursos al Tribunal Constitucional, dentro de su cometido de Gobierno, o lo que es lo mismo, llamó 25 veces a sus “primos de zumosol" para hacerse fuerte ante determinadas materias autonómicas que no eran de su agrado. 

Cataluña vio cómo se recurrían 10 resoluciones de su parlamento, además de todo lo relacionado con el procés, se recurrieron resoluciones relacionadas con la Agencia de Protección Social catalana, la Ley de Protección a la Vivienda, Ley de Consumidores y Usuarios, Ley del Comercio y la Ley de los Servicios de Transporte. El País Vasco por su parte vio recurrida la Ley de Atención integral de adicciones y drogodependencias y la Ley de víctimas de abusos policiales. La Comunidad Valenciana tuvo que contemplar como se frenaba su "Ley Anti-Barberá" que pretendía revocar la designación de senadores, y la Ley de Pobreza Energética. Extremadura su Ley de Exclusión Social y la Ley de Expropiación de Uso de Vivienda. Incluso Murcia soportó como el Gobierno se oponía a su Ley de Vivienda. Aragón la convocatoria de 14.830 plazas de empleo público. Andalucía la reducción a 35 horas semanales de los funcionarios. Baleares la prohibición de corridas de toros y Castilla-La Mancha su Ley anti-fraking.  

Esto se puede llamar de muchas maneras, pero de lo que no cabe ninguna duda, es que se trata de "gobernar con cobardía", pasando las "patatas calientes" a los Tribunales, supuestamente con "nota de sugerencias", según se desprende del manifiesto citado anteriormente. Injerencias en los Gobiernos autonómicos e Injerencias en la Administración de Justicia con la firma del Partido Popular, el más corrupto de la geografía nacional y que llevan a su ministro, a su vez diputado por Cuenca, Rafael Catalá a "pronosticar con total seguridad el futuro procesal de los investigados y anticipa sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales", tal como afirma Jueces para la Democracia en su comunicado. 

La consecuencia de todo ello, es el habernos convertido como nación, en el tercer Estado de la Unión Europea en el que un alto porcentaje de ciudadanos opina que la Justicia no es independiente. Algo así como el 58% de los españoles piensan que es "mala" o "muy mala". Solo la justicia búlgara y eslovaca tienen menos credibilidad que la española. El motivo principal: Interferencias y presiones del Gobierno y políticas

Ahora, sigan hablando de "Unidad Nacional", de “cohesión”, de democracia y de banderas. Sigan defendiendo con la "boca chica", que se dice en esta tierra, la Constitución, para luego permitirse el lujo de hacer afirmaciones que nos hagan pensar, que ustedes conocen el final de las historias procesales, antes de ser juzgadas, porque quien hace esas afirmaciones, no hay que olvidarlo, es el propio ministro de Justicia... y diputado por Cuenca, cuyo ejemplo sigue muy de cerca el propio diputado regional Lorenzo Robisco, como ya vimos la semana pasada, acusa, califica…

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