Barataria en Waterloo / Antonio Regalado

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma que el paro (65%), la corrupción y el fraude (35,1%), y  los políticos en general, los partidos y la política (24,3%) ocupan los tres primeros lugares en las preocupaciones de los españoles. 

Las pensiones, la crisis de valores, los recortes, los bancos, la inmigración, la violencia doméstica o los desahucios, -que tanto juego dieron  a los herederos del 15M-, han sido eclipsados  por el problema catalán. 

Aunque los nacionalismos solo inquietan al 0,5 por ciento de la población, lo cierto es que la independencia de Cataluña perturba a un 14,9 de ciudadanos. A pesar del golpe de Estado que activó el artículo 155 y de las elecciones precipitadas del 21D, ninguna de las incógnitas se ha despejado todavía. Y la incertidumbre política continúa. 

AGUJEROS NEGROS

El aplazamiento de la sesión de investidura (17 de enero) sin que llegara a abrirse, es uno de los muchos agujeros negros de nuestro ordenamiento jurídico. El informe del Consejo de Estado asegurando que no podía parar el nombramiento del prófugo Puigdemont hasta que no se consumase el “hecho jurídico”, -es decir,  el delito-,   puso a Moncloa de los nervios y la fórmula impulsada por el Tribunal Constitucional para detener el atropello de ser investirlo por plasma solo ha retrasado el embarazo. Porque este es un embarazo de seis años. ¿No se puede preventivamente evitar un delito de lesa patria por amparar los derechos civiles y políticos de unos  delincuentes golpistas? Presuntos, naturalmente.

Tenemos a un tipo más chulo que un ocho instalado en Waterloo, prófugo de la justicia, que hace unas horas se reunía con un puñado de diputados y alcaldes catalibanes para convertirse en el nuevo Papa Luna, creando un cisma de consecuencias políticas y económicas imprevisibles. 

Mientras ERC, JxC y la CUP –con el beneplácito de los Comunes de Colau-Iglesias-, proponen un candidato sin antecedentes penales que acceda al Presupuesto directamente –que es de lo que se trata- Puigdemont exige pleitesía napoleónica, para erigirse en el presidente en el exilio pero con poderes ejecutivos. ¿También sobre el BOE  catalán? Por su supuesto;  será un hombre (o una mujer) de paja, quien  buscará en el Palau de la Generalitat  la receta mágica para seguir pagando la residencia oficial (y operativa) del doble gobierno. FLA mediante. 

¿Alguien se ha parado a pensar que este golpista de medio pelo va a ceder protagonismo político y mediático a pesar de no haber ganado las elecciones? Este periodista de pesebre, está enfermo de vanidad. Y ése es un mal  incurable. Necesitamos a la UE más que nunca.

BICEFALIA

La bicefalia es un duro golpe a la democracia española, incapaz de escribir un relato coherente de las mentiras permanentes de estos nacional-catalibanes y que, hay que admitirlo, no han cedido ni un ápice de sus reivindicaciones soberanistas. Y luego se queja Rajoy de que su mensaje no llega al público. ¿Qué mensaje, señor presidente?

Tras la debilidad de los whatsapps destapados por Comín, la nueva ofensiva pasa ahora porque la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia)  constituido en Asamblea Constituyente empodere al ex alcalde gerundense y le legitime ante el populacho. Puigdemónt será armado caballero en el exilio y, por tanto, pasará a ser el nuevo gobernador de la ínsula de   Barataria, no en Alcalá de Ebro, Zaragoza, sino en Waterloo. Ni España ni la UE se pueden permitir este desafío. 

BASTONES COMO LANZAS

Otra vez el victimismo como consigna nacionalista y otra vez la propaganda al por mayor. Algún día habrá que estudiar en la Universidad de Columbia  el “fenómeno mediático Puigdemónt” como generador de tantas mentiras y falsedades contrastadas y sin oposición. Nadie ha gozado de más tiempo televisivo, digital y en soporte papel  en Europa en lo que va de siglo que este publicista cuya mejor virtud es mentir en cuatro idiomas. Ni siquiera el europeo más ilustre, el británico Winston Leonard Spencer-Churchill,  gozó de esa popularidad tan reverencial. Y eso que venció a Hitler.

La operación de los ediles adscritos al AMI,  -financiados con fondos públicos-, que ya acompañaron hasta los tribunales a los delincuentes Artur Mas y Francis  Homs  y se trasladaron con sus bastones como lanzas hasta Bruselas para apoyar la contramanifestación constitucionalista de Barcelona, tiene que tener una respuesta de los tribunales.  Unos representantes del pueblo que están ahí amparados por la Constitución y por  el Estatuto no pueden seguir apoyando desde sus propios Ayuntamientos el golpe de Estado a una democracia cuarentona. 

¿Desde cuándo los votos por representación dan inmunidad e impunidad para saltarse la ley y atacar el corazón de la libertad rompiendo las reglas de juego?  “Nunca nadie debe estar por encima de la ley”, aprendimos con Adolfo Suárez. Y menos, los desleales pagados con nuestros impuestos.

Al constituirse los AMI en una plataforma constituyente (y anticonstitucional) la Fiscalía debe actuar en consecuencia, abrir los expedientes correspondientes y a quienes voten el empoderamiento,  instar a su destitución. Ni un euro de dinero del contribuyente para la secesión. Inhabilitación política para ejercer cargos políticos e investigación por malversación de caudales municipales.

EL JUEZ Y EL ESTADO

El magistrado Pablo Llarena, un juez curtido en Cataluña, mantiene desde hace tres meses la dignidad e integridad del Estado. El peso de la ley caerá sobre los golpistas, unos delincuentes habituales a los que todo les ha salido gratis hasta ahora. Podemos discrepar de la redacción y la sintaxis de sus argumentos, pero la negativa a escuchar a los abogados de Puigdemont para llegar a un acuerdo, confirma que es un hombre honrado, de principios y no un tratante de leyes. 

El convicto pretendía conseguir la inmunidad y regresar a casa en loor de multitud con un ramo de olivo sobre la barretina no roja sino amarilla de la ANC.  Como si no hubiera hecho nada. “Olvidar el olvido, no; me olvidé de olvidarte”, nos recordaba Sabina.

La no excarcelación de Junqueras, de Forn y de los “Jordis” a pesar de no haber detenido en Dinamarca al ex presidente, nos reconcilia con la justicia y con la ley. Estamos seguros de que estos tipos pagarán su traición más pronto que tarde.

En este tiempo de incertidumbres, con un gobierno desactivado buscando alguna componenda sorayista con los insurrectos, confiamos en que el juez Llarena no dé opciones a componendas extrajudiciales. La soledad del magistrado debe ser tremenda, infinita, pero la ley es su apoyo y nuestra gran esperanza. Un juez y el peso de la propia  ley deberían ser suficientes para recuperar el pulso cansino de nuestro Estado de Derecho.

NEUTRALIZAR EL PASADO

Es de agradecer que Mariano Rajoy, Pedro  Sánchez y Albert  Rivera estén dispuestos  y convencidos de que el Art. 155 se puede reactivar en cualquier momento para impedir que triunfe el nuevo  capricho bicefálico de los desleales. Pero vistas las lagunas (de Ruidera) y los puntos negros de nuestro Código Penal, bueno sería que con esa amplia mayoría de 250 diputados (más el asturiano de FAC, el navarro de UPN, Ana Oramas de CC y el representante de NC  arropado en las filas del PSOE) pongan en marcha un decálogo  de iniciativas legislativas para que ningún juez tenga que interpretarlas sino aplicarlas simplemente. Helas aquí:

1.Reinstauración del delito de secesión. 2. Recurso previo de Inconstitucionalidad. 3. Reforma de la ley Electoral. 4. Prevalencia de las leyes emanadas de las Cortes sobre las de las Comunidades Autónomas. 5. Adaptación a España de la enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos para erradicar definitivamente  los atentados contra la unidad de nuestra Nación. 6. Recuperación para el gobierno central de las competencias exclusivas en materia de Seguridad, Justicia, Relaciones Exteriores, Educación, Sanidad, Agua, Fronteras y Aeropuertos. 7. Inhabilitación de los funcionarios (y cargos electos o designados)  que no cumplan la Constitución y los Estatutos de Autonomía. 8. Imposibilidad de que corruptos, corruptores,  golpistas, traficantes, violadores  y terroristas puedan formar parte de ninguna lista electoral. 9. Prohibición de los partidos y movimientos (ANC, OC, Arran) que atenten contra la unidad de la Patria y 10. Reforma de la Carta Magna, sí, pero para acabar con los privilegios económicos de vascos, catalanes y navarros. 

Todos libres, todos iguales. Todos más libres, todos más iguales. España, sin ínsulas Baratarias. Una España solidaria, plural y europea. Por suerte, tenemos ya un gran rey, Felipe VI, que es el primer garante de la Constitución del 78 y el primer servidor de la Nación. Todos ciudadanos. 

Antonio Regalado