El Congreso debate sobre la gestión de las autopistas de peaje

El Congreso debate este martes en pleno sobre la gestión de la red de autopistas de peaje ante una propuesta de Unidos Podemos, que insta al Gobierno a mantener la gestión de estas vías y, por tanto, no volver a ceder a empresas privadas las nueve que 'rescatará' ni tampoco las que terminan sus plazos de concesión en próximos años.

El debate tendrá lugar después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, avanzara su disposición a alcanzar un acuerdo con otras formaciones políticas en materia de autopistas ante el próximo inicio del vencimiento de sus plazos de concesión.

La formación que lidera Pablo Iglesias, en su propuesta, llama al Gobierno a aprovechar la "oportunidad histórica de acabar con la anomalía del negocio privado en la red de carreteras de alta capacidad", al considerar que deben formar parte de la red de carreteras públicas y no ser explotadas "por grandes grupos del 'lobby' bancario y constructor".

El grupo morado estima que la gestión privada supone "una excepción que rompe con el principio lógico de gestión integrada de la red, discrimina territorios y usuarios, y está sometida a una doble amenaza, la presión de las grandes empresas de la construcción y de los bancos para seguir con el negocio".

Por contra, destaca a los más de 14.000 kilómetros de autovías y carreteras multicarril sin peajes existentes en España. "Una amplia red articulada que cubre el conjunto del territorio y tiene una lógica integrada de gestión", subraya.

Por ello, Unidos Podemos pide que el Estado se quede con la gestión y no vuelva a sacar a concurso la media docena de autopistas que concluyen su periodo de concesión a partir de finales de este año.

Se trata de la AP-1 Burgos y Armiñón, que vence el próximo mes de noviembre y la AP-7 entre Tarragona y Valencia, entre Valencia y Alicante, que concluye en 2019. El plazo concesional del tramo de la AP-7 entre Montmeló y La Jonquera y El Papiol, y entre Barcelona y Tarragona termina en 2021, año en que también vencerán los de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, y la AP-2 entre Zaragoza y Mediterráneo.

En este caso, el titular de Fomento sólo ha asegurado que una vez concluyan estos plazos, no serán renovados, con lo que las autopistas volverán al Estado. Los pasos a seguir posteriormente, esto es, si volverlas a sacar a concurso o no, formarán parte de las conversaciones que De la Serna prevé mantener con otras formaciones.

NO RELICITAR AUTOPISTAS QUEBRADAS

No obstante, en su propuesta, Podemos también pide al Gobierno que no vuelva a ceder a las empresas privadas la gestión de las nueve autopistas quebradas que rescatará este año.

En este caso, el Ejecutivo prevé volver a sacarlas a concurso en dos lotes, una operación con la que prevé obtener entre 700 y 1.000 millones de euros paga pagar así parte de la responsabilidad patrimonial del Estado, esto es, la 'factura' de sus actuales concesionarios por la inversión que realizaron en su construcción.

"Sería un escándalo rescatar con dinero público empresas quebradas por la irresponsabilidad empresarial de bancos y constructoras para, una vez recuperadas, volver a entregarlas a las mismas empresas u otras compañías similares", considera la formación. En este caso, se trata de las cuatro radiales de Madrid, la AP-36 Ocaña-La Roda, la AP-41 Madrid-Toledo, la Eje Aeropuerto, la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.