Se cumplen cinco años de la 'Querella Bárcenas' / Ecologistas en Acción

El 28 de febrero de febrero de 2013 varias organizaciones presentamos ante la Audiencia Nacional una querella criminal contra varios responsables del Partido Popular y un buen número de presidentes de grandes empresas constructoras por las implicaciones penales que se desprendían de los llamados "papeles de Bárcenas", publicados en la prensa justo un mes antes.

Con su casi inmediata admisión a trámite se cumplió uno de los objetivos de la acusación popular: evitar que siguieran prescribiendo los delitos que se deducían de los manuscritos del extesorero del PP. Se paraba así el reloj de la prescripción de los presuntos cohechos, tráficos de influencias, prevaricaciones y otros delitos que se han ido sustanciando a medida que avanzan las diligencias.

La mayor parte de los pagos supuestamente ilícitos al PP que aparecen en estos papeles presumiblemente se tradujeron luego en licitaciones de grandes e insostenibles obras de infraestructura que ahora debemos pagar incrementando de forma abrumadora la deuda pública. Ahí está el ejemplo de las autopistas de peaje, quebradas por falta de tráfico, y que estamos rescatando con fondos públicos. Todas ellas se licitaron mientras Álvarez Cascos era ministro de Fomento, y muchos de los constructores aparecen como donantes en los manuscritos de Bárcenas en las fechas en las que se adjudicaron las obras.

Durante los cinco años que lleva abierta la causa, las organizaciones querellantes han tenido que hacer frente a un sinfín de obstáculos que casi siempre buscaban proteger a los presuntos delincuentes que aparecían en estos papeles. Amenazas del PP de querellarse por injurias y calumnias contra la acusación popular, que luego no se sustanciaron; querella de un demandado, Álvarez Cascos, contra un abogado de nuestro equipo, Enrique Santiago, que finalmente se desestimó, etc. La Fiscalía no solo no actuó de oficio una vez se publicaron los papeles de Bárcenas, sino que durante la mayor parte del proceso ha intervenido más bien como parte defensora de los imputados.

A esta relación hay que añadir los “sospechosos" cambios en la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía), tres relevos del inspector jefe durante estos cinco años; la misteriosa desaparición del expediente judicial de la pieza separada de los ordenadores de Bárcenas; o los intentos constantes de colocar en la causa a jueces próximos al PP, como el caso de los magistrados López, Espejel y González, todos ellos recusados por la acusación popular.

Otra dificultad fue la forma en que Ruz cerró la instrucción, tras algo más de dos años de investigación. En las primeras fases de la instrucción hubo 36 imputados, incluyendo a los presidentes de las principales constructoras de este país –Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Luis del Rivero, de Sacyr, etc.– junto con altos responsables del PP.  Pero en abril de 2015 este juez concluyó que no se había acreditado la vinculación entre las donaciones ilegales y la adjudicación de grandes contratos de obra pública, y eso a pesar de que en muchos casos la “donación” se producía el mismo día en que la licitación a la empresa beneficiada se publicaba en el BOE. De este modo quedaron solo seis imputados, todos ellos en relación a la reforma de la sede central del PP en Madrid, presuntamente realizada con fondos opacos.

Tampoco se entienden bien los motivos para que en enero de 2015 la Audiencia Nacional acordara el fin de la prisión provisional de Luis Bárcenas. Paradójicamente, los magistrados señalaban que el extesorero no había colaborado con la instrucción de la causa, además de conocerse que acumuló hasta 48 millones de euros en sus cuentas suizas.

A pesar de todas estas zancadillas, la acusación popular ha promovido más de 200 diligencias, ha seguido profundizando en las piezas separadas que han surgido, como la de los ordenadores de Bárcenas, en la que se ha imputado al propio Partido Popular, o la que investiga la presunta financiación ilegal de la campaña de Cospedal en Toledo ligada a un contrato de recogida de basuras. Del mismo modo, se ha conseguido acreditar la veracidad de un gran número de apuntes de los papeles de Bárcenas, sin que ninguno hasta la fecha se haya demostrado como falso.

Además, las conexiones de los papeles de Bárcenas con otras causas abiertas como Gürtel, Lezo o Púnica, han permitido reabrir el caso en la Audiencia Nacional y volver a investigar a constructores y políticos ante las nuevas evidencias de sus presuntas conductas delictivas.

Para las organizaciones de la acusación popular, todo lo que se ha ido conociendo durante estos cinco años –cuentas en Suiza de constructores y políticos, puertas giratorias, nuevos escándalos de corrupción– nos indican que lo que se investiga en este proceso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Confirma lo que ya sospechábamos: que los recortes que desde años se aplican sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen su origen en el despilfarro de fondos públicos que ha permitido el enriquecimiento de unos pocos. Por ello, esperamos que nuestro trabajo, como expresión de la voz de la ciudadanía, consiga hacer pagar su responsabilidad a los culpables de esta injusta situación.

Ecologistas en Acción