DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Entrevistas
P. ¿Cómo encuadraría usted actualmente las políticas de consumo en nuestro país?
R. Son nefastas. A nivel de gobierno central no hay políticas de protección al consumidor. Creo que Dolors Montserrat todavía no sabe que es ministra de Consumo y que tiene la competencia en materia de protección de los consumidores. Hay que tener en cuenta que existen también competencias a nivel autonómico. Las CCAA tienen las competencias transferidas y por tanto son las que pueden aplicar multas por fraudes a los consumidores, pero lamentablemente no hay actuaciones contundentes en ese sentido. Lo que hay que decirles a los responsables de consumo de las comunidades autónomas es que tienen una responsabilidad con los consumidores. Tienen que controlar el mercado y no se trata de que vayan en rebajas a mirar los días de inicio y finalización, eso la verdad importa poco. Hay cosas más importantes que controlar, como los fraudes bancarios, los de telefonía, los de las eléctricas, las aseguradoras, etc.
Fraudes masivos que provocan perjuicios multimillonarios a los consumidores y que además Castilla-La Mancha tiene competencias para multar a esas macroempresas.
P. Lo que antes era el Instituto Nacional de Consumo, que actualmente es AECOSAN, refleja en su página web poco movimiento ¿Es esto una simple apreciación o es que la inactividad es real?
R. Funciona para lo que el gobierno central quiere que funcione, pero realmente no vemos manifestaciones públicas de los responsables del ministerio de Sanidad, sea la ministra o sean otros responsables o autoridades de consumo, AECOSAN (Agencia Española de Consumo y Sanidad Alimentaria y Nutrición) ni por parte del máximo responsable , no les vemos públicamente nunca hablar de fraudes empresariales, de respuestas a los ciudadanos, ni de que el gobierno va a llevar a los tribunales a empresas de distintos sectores por prácticas de fraude masivo. De todo esto no hay nada. No hay presencia pública de la política de consumo del Gobierno porque no hay política de protección a los consumidores por parte del Gobierno.
P. ¿En qué sector se encuadran los mayores peligros para los consumidores actualmente?
R. Ahora mismo, lo que más denuncian los consumidores es el sector bancario, sobre todo fruto de la sentencia del alto tribunal europeo por la “cláusula suelo". Esto ha provocado una avalancha de denuncias, en los últimos tiempos, de gente que quiere reclamar su dinero, incluidos los intereses, que la banca dice que no y que luego acaban en los tribunales en buena parte de los casos.
El Segundo sector mas denunciado son las telecomunicaciones, habitualmente han sido el primero, por todo tipo de fraudes pero fundamentalmente por ofertas engañosas, incumplimiento de compromisos de permanencia por parte de la compañía que suben las tarifas pese a haberse comprometido a mantener las condiciones a lo largo de uno o dos años. Trabas para darse de baja e incumplimiento de ofertas.
El Tercer sector en denuncias en el último año fue el automóvil porque continuaron las reclamaciones contra Volkswagen por el “Diesel gate” y el cuarto sector en reclamaciones ha sido en 2017 el energético. Las compañías de electricidad y gas muy especialmente por fraudes en la contratación. Por altas de usuarios en tarifas que supuestamente iban a ser más baratas y lo que han hecho ha sido “inflarles” las factura.
P. ¿Hay algún sector novedoso, que se haya introducido por primera vez?
R. Bueno la Banca no tenía tradicionalmente el primer lugar en número de reclamaciones y ahora si las está teniendo. Este año ha sido el primero con una diferencia absolutamente descomunal con respecto al resto de sectores. Desde FACUA se han abierto cerca de 15.000 casos en toda España, y no solo por las cláusulas suelo, sino que se han incrementado también las reclamaciones por el cobro de comisiones abusivas.
P. En 2017 las reclamaciones por clausulas suelo se llevaron la palma ¿En qué situación se encuentran esas reclamaciones?
R. Este tema ya llevaba muchos años siendo denunciado, pero la sentencia del Tribunal Europeo que enmendó la plana al tribunal Supremo, lo que ha provocado es que los consumidores se animen a reclamar. Los que reclamaron en su día, han vuelto a reclamar en muchos casos y los que no se atrevieron a reclamar porque valoraban que había un cierto riesgo, ahora han visto que tienen un altísimo nivel de probabilidades de que un juez no solo les dé la razón, sino que haya condena en costas contra el banco, recuperen todo y además con los correspondientes intereses. Eso pasaba por tener que presentar una reclamación previa al banco que tiene tres meses para contestar, a pesar de que su respuesta no implica nada, pero es un paso que el consumidor tiene que dar antes de ir a tribunales.
La justicia está absolutamente colapsada, con juzgados específicos de “clausula suelo” que están saturados a más no poder, porque el Gobierno central no está precisamente haciendo lo que tiene que hacer para garantizar que la gente recupere lo robado, sino que está haciendo lo que le pide la Banca que haga para poner trabas y garantizar que un alto porcentaje del dinero defraudado se lo sigan quedando los bancos.
P. El pasado diciembre ha publicado su segundo libro titulado “Timocracia”. En él se describen 300 trampas con las que las empresas y el gobierno nos toman el pelo. En este libro podemos encontrar capítulos tan llamativos como “Ibertrolas”, “Timorebajas” o “Bares para no volver” ¿Tiene en mente ya el tercer libro?
R. No. Este ha sido un trabajo de recopilación a lo largo de 2 años con un resultado altamente satisfactorio por el hecho de que haya cerca de 25.000 descargas del libro, que está colgado de forma gratuita en la página web de FACUA.
No me planteo de momento una aventura con otro libro porque estoy en la fase de promoción de este, con la tranquilidad de que no estamos buscando ventas a través de una editorial, sino que es una publicación editada por FACUA y su Fundación en la que lo que se persigue es el máximo número posible de consumidores que acaben interesándose por una vía para descubrir el mundo del fraude y que se adquiere de forma totalmente gratuita. Este libro es un arma para que los consumidores puedan aprender, luchar contras esos abusos del mercado y también contra las prácticas gubernamentales que muchas veces ayudan a las empresas a robarnos.
P. ¿Qué medidas políticas espera FACUA para la defensa de los consumidores en esta legislatura?
R. Confiamos en que haya un alto índice de movilización social. La movilización de las mujeres del 8 de marzo, sumada a las movilizaciones de los pensionistas son dos hitos importantes. El 8M ha sido un hecho histórico en toda España que puede marcar un punto de inflexión en la movilización ciudadanos contra los abusos, de las reivindicaciones frente a la inacción o prácticas contrarias a los intereses de los ciudadanos por parte de los gobierno y creo que eso puede ayudar a cambiar las cosas.
Lamentablemente no puede decir que espero que en las próximas fechas el Gobierno tome medidas en beneficio de los intereses de los consumidores porque no vemos ningún elemento de movimiento del Gobierno cambiando sus políticas ni girando hacia el interés social o el interés común. Si el Gobierno realiza algún cambio, será fruto de las movilizaciones ciudadanas.
Paloma Moratilla
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