El Gobierno propone al PSOE "nuevas transferencias" de agua

La propuesta de Pacto del Agua que el Ejecutivo del Partido Popular le ha enviado al Partido Socialista incluye estudiar la viabilidad técnica, ambiental y económica de nuevas transferencias entre cuencas, aunque con dos condiciones previas: que haya un consenso suficiente a largo plazo y se garantice la preferencia de la cuenca cedente sobre otros usos, según publica CadenaSER.com.

En este documento confidencial, al que ha tenido acceso la Cadena SER, se propone acometer “transferencias” de agua “entre distintos ámbitos para mejorar las garantías de suministro", es decir, lo que se conoce popularmente como trasvases. Pero se especifica que, “en cuanto a las nuevas transferencias entre las distintas demarcaciones hidrográficas” (o dicho de otro modo: trasvases entre cuencas, como el ya existente del Tajo al Segura) hay que estudiar su viabilidad económica y ambiental “siempre que cuenten con el consenso suficiente para una respuesta a largo plazo”.

El Ejecutivo del PP también pide la creación de una Comisión de gestión para cada trasvase y la puesta en marcha de planes para paliar los efectos de las inundaciones, porque estos fenómenos serán "más frecuentes" con el cambio climático, como se reconoce en el propio texto.

El documento, que lleva fecha de febrero de este año, habla de las líneas generales que debería reunir ese pacto nacional del agua y se basa en más de 120 reuniones mantenidas en los últimos meses con cerca de 600 representantes de comunidades autónomas, usuarios, organizaciones ambientales y profesionales.

En el documento negociador el gobierno también es partidario de crear un nuevo “tributo ambiental” para incluir los costes ecológicos del agua, la instalación de contadores "inteligentes" en los hogares de nuestro país para “hacer un control efectivo del agua empleada” y la eliminación de pozos ilegales.

Entre las medidas a adoptar, el documento del gobierno también propone “acometer prioritariamente las actuaciones en saneamiento y depuración que actualmente se encuentran incursas en procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea” y “la conveniencia de una auditoría continua” para poder verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de España con la UE dentro de la directiva del Agua.

En este capítulo (el documento contiene cuatro grandes ejes) también se pide “resolver el déficit de inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración” que afectan a los servicios urbanos, “incluyendo la renovación del importante parque de instalaciones existentes”.

En el campo de la agricultura, este documento para la negociación pide estimular “el ahorro” del agua “a través de bonificaciones por un menor consumo” y “priorizar la extensión de la cobertura de los sistemas de medición y de los contadores de agua”.

Además, en este eje, se pretende “impulsar la Administración Electrónica y el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la trasparencia y revisar los procedimientos administrativos buscando “su simplificación, claridad y reducción significativa de los plazos de resolución”.

Por último, en este capítulo, se pide “potenciar las campañas de concienciación y educación ambiental destinadas a fomentar un uso más sostenible del agua”. No en vano, el documento analiza los problemas de futuro en España y señala que nuestro país, por su ubicación geográfica en el Mediterráneo es especialmente vulnerable al cambio climático. Añade que la mayoría de los estudios señalan que España sufrirá en los próximos años una reducción de los recursos hídricos como consecuencia del aumento de la temperatura y una reducción de las precipitaciones. El documento pronostica un aumento de la frecuencia y severidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos con sequías e inundaciones.