¿Hizo comprobaciones el Presidente de la Diputación en el caso de las contrataciones irregulares?

El portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha registrado una batería de preguntas al Pleno de la Diputación de Guadalajara para que el presidente, José Manuel Latre, explique qué comprobaciones hizo en el caso de dos adjudicaciones irregulares de obras de arreglo de caminos en las zonas de La Alcarria y La Campiña, cuyo importe total supera los 350.000 euros. Según ha denunciado García, el adjudicatario resultó ser una persona física que no acreditó debidamente la experiencia y la solvencia técnica exigidas en el pliego de condiciones.

Las obras, que afectan a un total de 23 municipios, fueron adjudicadas en julio del año pasado con un plazo de ejecución de seis meses. Sin embargo, a fecha de hoy tan solo han llegado a una tercera parte de los pueblos y, en todos los casos, mediante empresas subcontratadas. “Lamentablemente, estas son las consecuencias del empeño de Latre en seguir adelante con unas adjudicaciones fraudulentas, que denunciamos desde que tuvimos conocimiento de ello. Lejos de revisar esos expedientes, como le exigimos en su momento, su única respuesta ha consistido en insultar e instarnos a explicar en qué basábamos nuestra denuncia. Lo hemos hecho ya hasta en dos ocasiones, pero no tenemos inconveniente en hacerlo de nuevo dando a conocer los documentos en que nos basamos para afirmar que fueron unas adjudicaciones irregulares”, ha afirmado el portavoz socialista.

Documentación

En efecto, el pliego de condiciones de la adjudicación exigía en la cláusula 16 que los contratistas debían acreditar la solvencia técnica mediante una declaración responsable de su experiencia en trabajos similares (movimiento de tierras de caminos rurales) y disponer de una maquinaria básica para realizarlos (motoniveladora, rodillo compactador y cisterna de agua). (Ver documentación adjunta: Documento 1).

En el caso denunciado por el Grupo Socialista, el contratista era una persona física que aseguraba haber ejecutado trabajos de mejora de caminos rurales para la propia Diputación en el año 2015 en las zonas de Atienza y de Sigüenza. (Ver documentación adjunta: Documento 2). Sin embargo, la realidad es que esas obras y en esas fechas no fueron realizadas por esta persona física, sino por una empresa, como se puede comprobar en la propia página web de la Diputación (Ver documentación adjunta: Documentos 3 y 4).

“Esta evidente contradicción pudo no ser detectada en primera instancia por la Diputación, puesto que la declaración responsable sustituye la aportación inicial de documentación; pero sí tendría que haber sido detectada antes de la firma del contrato, porque el propio pliego de condiciones establece que la documentación será requerida una vez se produzca la adjudicación”, ha explicado García.

Por eso, la primera pregunta que deberá responder Latre es si, efectivamente, la persona física a la que se adjudicaron las obras llegó a presentar los documentos acreditativos de la solvencia técnica que aseguraba tener. En caso afirmativo, tendrá que explicar cómo ha sido posible acreditar que hizo obras de mejora de caminos en las zonas de Atienza y de Sigüenza en 2015, cuando resulta que estas fueron hechas por una empresa.

“Estamos seguros de que ninguno de los datos de solvencia declarados se corresponden con el adjudicatario –una persona física–, sino que corresponden a una empresa de la que es administrador, pero cuya solvencia y experiencia no puede atribuirse. Aquí la obra se ha adjudicado a un trabajador autónomo, de manera que no es posible admitir que utilice en su favor las empresas para las que trabaje o de las que pueda formar parte. Por este motivo, debería haber sido excluido”, ha explicado el portavoz socialista.

A todo esto se une el hecho de que el pliego de condiciones exigía también una maquinaria propia “que todo parece indicar que tampoco poseía”, ha advertido García. De hecho, tan solo se han ejecutado las obras que fueron subcontratadas por el adjudicatario –en siete pueblos, sobre un total de 23–, “lo que evidencia claramente su falta de medios propios para llevarlas a cabo”.

Precisamente, el presidente de la Diputación deberá aclarar también si comprobó que el adjudicatario disponía de la maquinaria exigida, y si solicitó en su momento autorización para subcontratar obras, tal como establece la ley de Contratos del Sector Público. Por último, las preguntas que planteará el Grupo Socialista se refieren también a la pretensión de cesión de los contratos de todas las obras pendientes.