¿Que se cuece con las desaladoras de Murcia?

Hace unos días Dclm.es  adelantaba el asunto turbio que implica a altos cargos del gobierno popular murciano en la desaladora de Escombreras. En estos días se van obteniendo datos, sobre todo a raíz el informe de la UDEF que deja clara la presencia de altos cargos del gobierno murciano que, junto con directivos de constructoras, empresarios locales y varios bufetes de abogados, amañaron la adjudicación de la planta desaladora mientras cargaban las deudas a los presupuestos regionales. Para ello utilizaron contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos externos y fabricados al efecto y una larga lista de irregularidades contables. 

Hasta 32 personas han participado en este fraude, que reproduce el esquema del proyecto Castor, por el que la empresa de Florentino Pérez ACS reclamó en los tribunales al gobierno de Mariano Rajoy 1.350 millones de euros. 

Entre los implicados en la trama están Antonio Cerdá, ex-consejero de Agua del Gobierno murciano y una decena de empleados de la empresa ACS y de su filiar COBRA, así como el ex presidente del Murcia Ramón Luis Valcárcel actualmente vicepresidente del Parlamento Europeo. 

EL ORIGEN

Según el informe de la UDEF, ACS y el Gobierno regional pactaron para licitar la instalación de una planta desaladora evitando el Sector Público. De esta manera Florentino Pérez (ACS) pagó 1.1 millones de euros ficticios para aliarse con los inversores locales en el proyecto. El resultado de ello fue la construcción por parte de ACS de una mercantil denominada Desaladora de Escombreras S.A. con el 100% de las acciones. Según sus planes, las obras costarían 111 millones de euros aunque inicialmente estaba presupuestado en 24.6 millones. 

Un mes después, el gobierno de Valcárcel crea una empresa pública llamada Hidronostrum S.A. a la que autoriza para comprar el 51% de las acciones de la Desaladora de Escombreras S.A. Con este movimiento, el proyecto pasa a ser de la Administración Pública. Todo ello con las consecuencias correspondientes y las condiciones establecidas al efecto, aunque la compra de estas acciones no contó con el aval de la intervención de los servicios jurídicos de la administración regional. 

Con la compra de estas acciones, la administración se hizo con el arrendamiento de la planta y su producción hasta el año 2034 con la obligación de la compra finalizado este periodo. 

La UDEF afirma que altos cargos del PP conocían la maniobra previamente, algo que han podido confirmar mediante los correos electrónicos analizados. Todo ello es evidente porque 5 días antes de formalizarse la constitución de la empresa pública Hidranostrum S.A. se cerraron acuerdos relacionados con esta empresa.

BANESTO ENTRA EN ESCENA

La entidad financiera aceptó financiar la obra, pero reclamó garantías. El gobierno de Valcárcel se comprometió entonces y presentó todos los avales necesarios en solitario, enviando una "carta de patrocinio", también llamada "comfort letter" al banco en el que "asumió como propias las obligaciones de pago que correspondiera a la empresa Desaladora de Escombreras S.A. (todavía filial de ACS)" y se obligaba a "aportar a esa sociedad los fondos que fuesen necesarios en cada momento".

La UDEF ha descubierto que esta carta fue redactada por directivos de ACS y que el Gobierno murciano únicamente la envió al Banco. 

En toda esta maniobra ningún gestor público se opuso ya que se evitó que la intervención se pronunciara sobre este compromiso. Para ello se utilizaron abogados externos a la Administración. 

PROBLEMAS FINANCIEROS EN  ESCOMBRERAS

Comienzan los problemas financieros en la empresa Desaladora de Escombreras S.A. y entran en causa de disolución. Florentino Pérez (ACS) pretende salir de allí a toda prisa y como sea, por lo que el Gobierno popular murciano de nuevo sale en su auxilio y le compra el 49% de las acciones, consiguiendo con este movimiento la totalidad de las acciones de la empresa. 

Posteriormente ACS denuncia al gobierno por incumplimiento del Plan de Pagos, con la intención de conseguir los fondos que debía recibir hasta 2034 según los acuerdos que ellos mismos redactaron y que el gobierno murciano firmó. 

Con todo ello ACS invirtió 1.1 millones de euros pero si salen adelante sus peticiones ganará 600 millones. Es decir le sacaría una rentabilidad del 60.000%.

SIEMPRE EL AGUA

A estas alturas de la maniobra, el delito de cohecho ha prescrito aunque aún quedan cosas por hacer en el procedimiento. Los especuladores inmobiliarios pretendían hacer una serie de convenios urbanísticos, tantos como 26. La Confederación Hidrográfica del Segura se negaba a dar este permiso debido a la falta de agua para construir más viviendas, pero el presidente murciano en aquel momento, Ramón Luis Valcárcel, actualmente vicepresidente del parlamento europeo, consiguió recalificar más de 180 millones de metros cuadrados de suelo, en los que estaban proyectadas 250.000 viviendas. 

En Castilla-La Mancha nada de esto nos sorprende, aunque cada vez son mas preguntas las que tenemos en mente: ¿Podremos los ciudadanos comprobar el resultado y las consecuencias de las conclusiones de esta investigación? ¿Es lícito y tolerable que una persona que ha dirigido el Gobierno que está detrás de todo esto sea vicepresidente del Parlamento Europeo? ¿Tenemos que seguir escuchando como algunos murcianos siguen pidiendo trasvases del Tajo al Segura? ¿Dónde está el dinero de las subvenciones de las desaladoras?...

Dclm.es