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Castilla-La Mancha ha reducido un 23 por ciento su necesidad de financiación en un año, al pasar de un déficit de 121 millones en febrero de 2017 a una cifra de 93 millones en el mismo mes de este año.
Los datos relativos a la capacidad o necesidad de financiación de las comunidades autónomas durante el pasado mes de febrero han sido publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha informado la Junta en nota de prensa.
Según los datos oficiales del Ministerio, el déficit de Castilla-La Mancha al finalizar febrero ascendía a 93 millones de euros, lo que supone que lo ha reducido un 23 por ciento con respecto al año pasado, dado que en eso mismo mes esta cifra en la región ascendía a 121 millones de euros.
De acuerdo con estos datos, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reducido en un año en 28 millones la necesidad de financiación y mantiene esta magnitud por debajo del objetivo de las comunidades autónomas para este año.
Esta reducción del déficit en Castilla-La Mancha se produce aun cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ha congelado las entregas a cuenta para 2018 hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, lo que supone que la región cuenta con unos 200 millones de euros menos de lo previsto.
Desde el inicio de la legislatura el Ejecutivo regional está avanzando para mantener unas finanzas públicas saneadas. Así, recuerda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha estimado factible que Castilla-La Mancha cumpla en 2018 el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Además, según los datos del Banco de España, relativos a la deuda pública del cuarto trimestre de 2017, Castilla-La Mancha fue la Comunidad Autónoma que más redujo el peso de su deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en el último año, al bajar medio punto este indicador de 2017 a 2016.
Así, señala que el mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas, que el Gobierno de García-Page está haciendo compatible con la recuperación económica y social, permite que la Administración regional esté abonando mes tras mes con rapidez las facturas a sus proveedores.
Así, apunta que durante el mes de febrero Castilla-La Mancha tardó 15 días en abonar las facturas a sus proveedores, cuando este dato ascendía hasta los 39 días en 2015. Es decir, en tres años el Gobierno regional ha reducido en 24 días el periodo medio de pago a proveedores.
EL DÉFICIT DE FEBRERO
El déficit de Castilla-La Mancha se situó en el 0,22% hasta el mes de febrero, según publicó este jueves el Ministerio de Hacienda. Hasta febrero, ocho comunidades autónomas registraron superávit: Andalucía (0,02% del PIB), Asturias (0,16%), Canarias (0,47%), Galicia (0,12%), Murcia (0,10%), Navarra (0,06%), Comunidad Valenciana (0,01%) y País Vasco (0,25%). Por el contrario, registraron déficit Aragón (-0,15%), Baleares (-0,13%), Cantabria (-0,18%), Castilla-La Mancha (-0,22%), Castilla y León (-0,14%), Cataluña (-0,25%), Extremadura (-0,11%), Comunidad de Madrid (-0,12%) y La Rioja (-0,02%).
A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 9.955 millones de euros hasta febrero, lo que supone el 0,82% del PIB (un 10,2% menos que en el mismo periodo del año pasado), mientras que el déficit del Estado se situó en el 0,37% del PIB hasta marzo, con 4.459 millones de euros, un 14,4% menos que el año anterior, según publicó este jueves el Ministerio de Hacienda.
Por sectores, el déficit de la Administración Central hasta febrero, que incluye al Estado y las organismos autónomos, se situó en el 0,89% del PIB, hasta los 10.796 millones de euros, lo que supone una caída del 3,5% excluyendo la ayuda financiera.
Por su parte, las comunidades autónomas disminuyeron su déficit hasta el 0,05% del PIB, por debajo del 0,12% contabilizado hasta febrero del año anterior, hasta los 566 millones de euros. Esta evolución se explica por un incremento de los recursos del 6,2%, superior al incremento del 2,6% de los gastos.
Hacienda destaca el incremento del 9,6% de las transferencias recibidas de otras administraciones públicas por los mayores anticipos a cuenta de los recursos del sistema de financiación, que han ascendido a 577 millones, frente a los 40 millones de 2017.
Asimismo, los ingresos impositivos recibidos por las comunidades se han incrementado en un 3,21%, hasta los 9.031 millones, destacando el aumento del 8,1% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por el lado de los gastos, las transferencias en especie aumentaron un 2,6% y los consumos internos y la remuneración de asalariados repuntaron un 1,2%, mientras que los intereses registraron una caída del 3%.
SUPERÁVIT DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Asimismo, los fondos de la Seguridad Social obtuvieron un superávit del 0,12% del PIB, similar al registrado en el mismo periodo de 2017. Los recursos se han incrementado un 2,6%, destacando el fuerte incremento del 5% de las cotizaciones. Por su parte, los gastos no financieros aumentaron un 3,1%.
De su lado, el déficit del Estado en el primer trimestre del año se situó en 4.459 millones de euros, un 14,4% inferior al del año pasado y el 0,37% del PIB, como consecuencia de un incremento de los ingresos del 8,4%, superior al aumento del 5,9% de los gastos.
Si se excluyen los intereses devengados, que ascienden a 6.045 millones, con un descenso del 4,5% respecto al año anterior, se obtiene un superávit primario de 1.586 millones de euros, un 41,2% superior al del primer trimestre de 217.
La recaudación total por impuestos y cotizaciones sociales alcanzó los 43.497 millones de euros hasta marzo, superior en un 3,5% a la de igual trimestre de 2017, incremento que se eleva al 4,1% si se elimina el impacto del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA.
Los ingresos por impuestos directos y cotizaciones sociales alcanzaron los 18.335 millones de euros en los tres primeros meses del año, lo que supone un incremento del 5,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de estos, destaca el alza del 6,5% de los ingresos por IRPF, hasta los 21.279 millones de euros, como consecuencia, principalmente, de la evolución de las retenciones del trabajo, que han pasado de 17.922 millones en 2017 a 19.141 millones en este año.
RECAUDACIÓN NEGATIVA EN SOCIEDADES
Por el contrario, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades ha pasado de una recaudación neta negativa de 3.933 millones en 2017 a un importe también negativo de 4.332 millones en 2018, resultado que viene determinado, principalmente, por el incremento del 11,4% de las devoluciones realizadas, que corresponden en su mayor parte a la declaración anual del ejercicio 2016.
Por su pare, los ingresos totales por impuestos indirectos se elevaron a 25.162 millones, un 2,1% más que hasta finales de marzo de 2017. La recaudación neta del IVA en términos homogéneos, es decir corregida del impacto del SII y del distinto ritmo de realización de las devoluciones en ambos años, alcanzó una cifra de 19.998 millones, un 3,5% más que en el año anterior.
Por el contrario, la recaudación por impuestos especiales se redujo un 0,5% en los tres primeros meses del año, hasta los 4.650 millones. En el Impuesto sobre Labores del Tabaco la recaudación cayó un 4,2%, hasta los 1.292 millones, mientras que, en cambio, el Impuesto sobre Hidrocarburos, con unos ingresos de 2.612 millones, registró un incremento del 2,5% impulsado por el aumento de los consumos de gasolinas y gasóleos, principalmente del gasóleo para calefacción.
LOS GASTOS CRECEN LIGERAMENTE
Por el lado de los gastos, los pagos no financieros efectuados por el Estado hasta finales de marzo de 2018 sumaron 35.938 millones, un 0,7% superiores a los del mismo período de 2017. Todos los capítulos del presupuesto han aumentado sus pagos, salvo el de los gastos financieros, que se ha reducido en un 8,6%, hasta los 7.343 millones de euros.
En concreto, los gastos de personal se situaron en 3.560 millones, un 1,7% superiores a los de 2017, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios aumentaron un 6,8%, hasta los 515 millones. Por su parte, las transferencias corrientes sumaron 22.020 millones, 32 millones más que en 2017.
Por último, las inversiones reales aumentaron un 44,7%, hasta los 852 millones. Destacan las gestionadas por el Ministerio de Defensa, con 323 millones, 167 millones más que en 2017, debido a las destinadas a los programas especiales de modernización, que han pasado de 6 millones a 180 millones en este ejercicio. Por otra parte, las inversiones del Ministerio de Fomento, con 326 millones, disminuyeron un 1,5% por las destinadas a la creación de infraestructuras de carreteras, que descienden desde 163 millones de 2017 a 134 millones en 2018.
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