Las mentiras de la desaladora de Escombreras

La cabecera del Tajo ha subido el nivel y los regantes de levante piden que los 20 hectómetros cúbicos que se aprobaron se transformen en 38. La consejera de Fomento del Gobierno regional lo define como "la insaciable necesidad de agua". Agua para regadíos ilegales que los grupos ecologistas están cansados de denunciar. Agua a promociones de viviendas que necesitaron de un cierto maquillaje para construirse. Maquillaje como la desaladora de Escombreras, tras la que se encuentra un turbio negocio de millones de euros que se perpetró bajo la presidencia de Ramón Luis Valcárcel. Ese político del Partido Popular que supo poner a tiempo los "pies en polvorosa" para alejarse de Murcia cuando comenzó la polvareda.

Bajo su responsabilidad, una desaladora de iniciativa privada se convirtió en pública al tiempo que multiplicaba por mucho el precio de construcción con la complicidad de la empresa de Florentino Pérez, ACS.

Auditeco, la empresa que auditaba las cuentas de la empresa Desaladora de Escombreras S.A., con capital público, avisó en innumerables ocasiones de las irregularidades que iba percibiendo. Así en los ejercicios 2011 y 2012 hizo constar en sus informes que en la relación de ambas empresas, Desaladora de Escombreras S.A y ACS y durante la construcción de la misma  "los precios de venta, se encuentran establecidos en un contrato entre ambas partes y no en función de los precios de mercado", para añadir posteriormente que "estos precios aplicados son muy superiores a los que se aplican al resto de los clientes". Total, les daba igual, no pagaban ellos de su bolsillo sino que pagaban los ciudadanos. Esa falta de respeto a la ciudadanía queda palpable y manifiesta, tras el informe de la UDEF que deja al descubierto los engaños producidos con la creación de esta desaladora.

El primer engaño es que prometieron que el agua que se conseguiría con la desaladora se iba a destinar a la agricultura. Pero el Ente Público del Agua de Murcia había prometido el agua para el desarrollo urbanístico, además en una cantidad que supera el doble de las posibilidades de producción de la misma, suponiendo que estuviese al rendimiento del 100%, algo que sabemos que no ocurre con ninguna desaladora de la región de Murcia en la actualidad.

Por otro lado, se afirmó con rotundidad que la iniciativa privada construiría y explotaría la desaladora sin que ésta supusiera ningún coste a los ciudadanos, -ni un solo euro- según los políticos de turno que la defendieron. La Región de Murcia ha pagado hasta la fecha de hoy más de 100 millones de euros, mucho más de lo que costó su construcción. Lo peor de todo esto, es que actualmente siguen pagando a COBRA, filial de ACS, que se encarga del mantenimiento y explotación de la misma. Murcia acabará pagando más de 600 millones al grupo ACS de Florentino Pérez por una desaladora que costó mucho menos de 100 y todo ello firmado y rubricado bajo la atenta mirada del eurodiputado popular Ramón Luis Valcárcel, actualmente en Bruselas.

Y AÚN ASÍ SIGUEN PIDIENDO MÁS AGUA DEL TAJO

Las desaladoras no funcionan al 100%. Existen "pufos" y negocios poco claros en sus construcciones, en los que se han visto implicados los políticos del partido popular murciano. Aun así, siguen pidiendo agua del trasvase y se autodefinen como "los mejores" y los más efectivos en la administración del agua para el regadío de la "Huerta artificial de Europa".

Todo esto es una auténtica tomadura de pelo a los castellano-manchegos. Sería muy recomendable que aprendieran a hacerlo, pero con honestidad. Que los ciudadanos murcianos comiencen a darse cuenta de qué y a quién tienen jugando con su dinero y tenerlo muy en cuenta para la próxima convocatoria a la urnas.

Solo cabe esperar que la solicitud del diputado socialista manchego, Sergio Gutiérrez, pidiendo explicaciones a la Unión Europea, sea efectiva y las explicaciones rápidas, antes de que sigan esquilmando el Tajo igual que esquilmaron el dinero de los murcianos con la desaladora. Más que nada porque la UE también invirtió dinero en ello, con el único objetivo de que los agricultores murcianos pudieran regar sus cosechas. Sobra decir que Ramón Luis Valcárcel, hoy vicepresidente del Parlamento Europeo, deberá abstenerse de opinar porque es evidente que es "parte" en todo este asunto, aunque lo que seguimos esperando los castellano-manchegos es que los políticos del Partido Popular de la región nos den su opinión. 

Dclm.es