La ministra de Agricultura afirma que "cualquier trasvase de agua de más de 5 hm3 requiere de una ley"

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha subrayado, este martes, que cualquier trasvase de agua de más de 5 hm3 requiere de una ley y que, por tanto, no se trata de "una condición caprichosa". Así, ha relatado que requieren del acuerdo "de todos" los grupos políticos y "de mucho tiempo de ejecución", para que los partidos con "posibilidad de gobernar" no lo "interrumpan físicamente".

"Necesita materializarse en un consenso, no es una condición caprichosa", ha sostenido en declaraciones a los medios antes de asistir a la inauguración del XIV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que se celebra esta semana en Torrevieja (Alicante).

En ese sentido, ha defendido que el Gobierno ha trabajado "mucho", con el desarrollo de una planificación de cada una de las cuencas "con más de 133.000 folios" con 10.000 actuaciones propuestas, "casi el 70% medioambientales".

Así, ha anunciado que se escuchará "a todo el mundo" sin "condicionantes" ni "prejuicios", aunque ha advertido que "cada medida" debe ser medioambiental y técnicamente "viable" y que debe contar con el acuerdo de quien "está enfrente", para que no se pueda "interrumpir una determinada inversión".

"Si hay acuerdo somos partidarios de abordar, estudiar y no renunciar a ningún planteamiento --en materia de trasvases--; pero el acuerdo es absolutamente necesario, sin él no es posible consolidar ninguna inversión", ha manifestado.

"No podemos renunciar al regadío que lleva prosperidad, vida y agua a las zonas donde más se necesitan y en especial a las zonas más despobladas", ha indicado.

EL JÚCAR-VINALOPÓ, "PRONTO"

García Tejerina también ha anunciado que "pronto" estará listo el protocolo para el trasvase Júcar-Vinalopó, que es "tremendamente importante" para la Comunitat Valenciana. Ha explicado que Agricultura trabaja "a la máxima velocidad" para tener "definido" el protocolo para el trasvase entre las cuencas de esos dos ríos valencianos.

Además, ha defendido que en la pasada legislatura se promovió dar "vitalidad" al Tajo-Segura aumentando las garantías de agua a la cuenca cedente, hasta los 400 hm3, y que, "por encima" de esa cantidad "cuando se dan las condiciones", "se atienda a las necesidades del Levante".

Ha asegurado que se abordar "todas las cuestiones" con un "discurso único" atendiendo a "todas las necesidades" y que se ha aprobado un Plan de Actuaciones Prioritarias con "inversiones importantes en la acequia real del Júcar".

ESTRATEGIA NACIONAL DE REGADÍOS

Asimismo, la ministra ha avanzado que en los próximos días se debatirá, junto con los representantes del sector agrario, el primer Borrador de la Estrategia Nacional de Regadíos 2018-2025. Un instrumento para orientar las actuaciones a medio plazo, que concibe el regadío como un elemento clave para promover el desarrollo rural sostenible, para alcanzar una agricultura productiva, eficiente, resilente, competitiva y rentable y para luchar contra la despoblación.

Para ello, ha señalado la ministra, se ha realizado un diagnóstico de las debilidades, fortalezas y oportunidades del sector para definir los cinco objetivos estratégicos que se plantean como son la mejora de la eficiencia en el uso del agua y la energía; la generación de empleo y riqueza, especialmente en zonas amenazadas por la despoblación; la búsqueda de eficiencia en la financiación de las actuaciones; la mejora del marco normativo y el impulso de la innovación y la formación, así como la sensibilización de la sociedad sobre el papel clave del regadío.

En materia de eficiencia en la financiación, la ministra ha recordado que hasta 2020, las comunidades autónomas han programado en el marco de sus programas de desarrollo rural, inversiones en una superficie de más de 250.000 hectáreas, con un gasto público estimado de 500 millones de euros, a los que el Ministerio contribuye con una financiación del 30% del total de la aportación nacional.

Sin embargo, ha señalado, aún se deben afrontar otras 555.000 hectáreas cuya modernización tiene un coste estimado de 2.500 millones de euros, por lo que el Ministerio continuará apostando por la colaboración con las Comunidades de regantes, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SEIASA, para realizar las actuaciones previstas, de la manera más eficiente.

El Gobierno, ha concluido García Tejerina, está impulsado una Estrategia Nacional que va a permitir a los regadíos prepararse de la mejor manera posible para un escenario cada vez más exigente desde el punto de vista medioambiental y de adaptación al cambio climático, creciendo a la par en competitividad y rentabilidad, con la máxima eficiencia posible.