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Castilla-La Mancha marca el camino en la defensa de las zonas libres de "fracking"

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional la parte de la Ley Antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

20.06.2018

Sociedad en Castilla-La Mancha

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  • Ahora otras CCAA podrán hacer lo propio gracias a la iniciativa pionera de nuestra región.

El Tribunal Constitucional abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan declarar libres de fractura hidráulica zonas dentro de su territorio. Este tribunal ha ido vetando desde 2014 los intentos de varios Gobiernos autonómicos por impedir el uso de esta técnica de extracción de gas del subsuelo.

Siempre lo hacía ante los requerimientos del Gobierno central, que entendía que las autonomías invadían sus competencias. Sin embargo, el Constitucional ha avalado la vía propuesta por Castilla-La Mancha, que implica hacer zonificaciones del territorio donde el fracking quede excluido, restringido o permitido. Un procedimiento inédito en España.

Según la sentencia, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros del 22 de diciembre de 2017.

EL GOBIERNO DE RAJOY

El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución "a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad". Asimismo, consideraba que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con "la necesaria protección ambiental".

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburo utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como 'fracking'.

El TC admitió a trámite el recurso, procedimiento por el cual se suspendía la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. Esta impugnación provocó la suspensión de la disposición.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha aprovechado la noticia para transmitir su "satisfacción y orgullo" ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la Comunidad Autónoma por su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

QUÉ ES EL FRACKING

La fracturación hidráulica, fractura hidráulica​ o estimulación hidráulica conocida por el término en inglés fracking) es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. 

La técnica consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo.Sus detractores lo consideran un grave riesgo para la salud y el medio ambiente por la contaminación de recursos hídricos a causa del mal manejo de los líquidos utilizados en el proceso de presurización y recuperación de gas, el escape de metano en el proceso, la nocividad para la salud de los productos químicos utlizados o el impacto en las reservas hídricas por la cantidad de agua empleada en el proceso.

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha espera que la sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado la razón y ha declarado constitucional una parte de la Ley Antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno del PP "siente precedentes" y evite la práctica del fracking en todo el país.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en rueda de prensa, donde ha expresado su "satisfacción" por esta sentencia que, según ha explicado, "es la primera favorable a una comunidad autónoma en una cuestión de esta envergadura".

La sentencia del TC demuestra que las cosas se hicieron "muy bien" desde el Gobierno de Castilla-La Mancha desde el primer momento en esta cuestión, ha afirmado el consejero, quien ha puntualizado que en la práctica la ley impide la fractura hidráulica en la región.

Asimismo, ha aprovechado para agradecer el trabajo desarrollado por las plataformas antifracking durante este tiempo, recordando que la sociedad civil se movilizó en contra de los proyectos de fractura hidráulica que, a su juicio, suponían "un enorme riesgo" para el medio ambiente y también podían tener consecuencias, desconocidas entonces y ahora, para la salud pública.

En estos agradecimientos, el consejero también ha querido mencionar a la anterior consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que fue "una luchadora infatigable en contra del fracking en su provincia, Guadalajara, a través de la plataforma antifracking".

"Hoy somos la única comunidad autónoma española en la que esta práctica esta prohibida, consecuencia de una sentencia favorable a los intereses de una región por parte del Tribunal Constitucional", ha dicho.

Asimismo, ha confiado que el Congreso de los Diputados también se vaya a posicionar en contra de esta práctica y por lo tanto "podamos tener un país libre de fracking".

EL PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha señalado que la Ley 'Antifraking' de Castilla-La Mancha "establece una serie de protocolos de actuación en un futuro, que ya veremos a ver dónde termina".

Cañizares este miércoles se ha pronunciado en rueda de prensa, preguntado por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y haya declarado constitucional una parte de la Ley 'Antifracking' recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

No obstante, el diputado del PP ha apuntado que Castilla-La Mancha "lo que tiene que afrontar de la mano del PSOE son proyectos de futuro para la región. Eso es lo que más nos preocupa, que en tres años no se ha hablado de un proyecto o una ley que vaya a mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha".

"Page solo puede sacar pecho de que aprobó una ley que dificulta una práctica como es el 'fracking', como bagaje político de Page es bastante triste", ha destacado.

PSOE: "EL PP TRABAJA PARA ESQUILMAR LA REGIÓN"

De su lado, en una rueda de prensa posterior, el diputado del PSOE Fernando Mora ha contestado a Cañizares lamentando que "el PP siempre ha estado trabajando para esquilmar la región" y, por ejemplo, "nunca ha dado la cara en favor de los derechos del agua de Castilla-La Mancha" o "frente a la imposición de un ATC", añadiendo que "los proyectos del PP para Castilla-La Mancha siempre han sido absolutamente nefastos".

Ayer martes la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha "sacado pecho" después de que el Tribunal Constitucional, desestimando el recurso del Gobierno central, se haya posicionado a favor de la 'ley antifracking' de Castilla-La Mancha, asegurando que dicho recurso no es más que "uno de los miles de botones de muestra de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy y de Cospedal siempre se ha caracterizado por perjudicar a Castilla-La Mancha".

"No pudimos entender que el Gobierno de Rajoy y de Cospedal presentaran un recurso ante el Tribunal Constitucional sabiendo que era nocivo para Castilla-La Mancha" ha afirmado Maestre, que ha añadido que con esa norma el Ejecutivo autonómico solo quería proteger a los ciudadanos de la región "y el PP hizo lo contrario".

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