¿Lo sabían Cospedal y el gerente del PP de Castilla-La Mancha?

Y no solo eso, también ha declarado el exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana que los gerentes dependían “de forma directa de Génova 13”. Costa ha desmentido a Rajoy en su declaración como testigo y a los diferentes secretarios generales del PP: todos, asegura, eran conocedores de la gestión del dinero negro.

Lo ha dicho en la Audiencia Nacional. Eran los gerentes del PP en las regiones quienes blanqueaban el dinero negro aportado por los empresarios, con su ingreso fraccionado en cuentas corrientes. Ha añadido o aclarado que el nombramiento de los gerentes regionales de toda España dependía de la dirección nacional del partido.

Las palabras de Costa parecen confirmar algunas sospechas: los presidentes del PP, incluido Rajoy, y los secretarios generales conocían y se responsabilizaban de la gestión económica, algo que han venido negando en los diferentes procedimientos.

Costa ha denunciado “amenazas anónimas” desde que se decidió a colaborar con la justicia.

Recuerdan estas palabras al famoso “recibí” de doscientos mil euros que Bárcenas aseguró había firmado en su presencia el gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, como compensación de la empresa Sacyr por la contrata de basuras en el Ayuntamiento de Toledo cuando Cospedal ya era presidenta del PP en la región y su alcalde, el popular José Manuel Molina.

Cuando fue llamado a declarar, el gerente adimitió en la Audiencia Nacional que en febrero de 2007 redactó un recibí por importe de 200.000 euros aunque aseguró que lo hizo "al dictado" del extesorero Luis Bárcenas, al que llegó a calificar de "violento". Aseguró que nunca había llegado a percibir nunca ninguna cantidad.

CASO ARCHIVADO

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo archivó, en junio de 2017, la causa abierta de la parte del caso Bárcenas sobre esta supuesta adjudicación irregular a Sufi, filial de Sacyr, del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo en 2007, a cambio de una comisión de los 200.000 euros al PP de Castilla-La Mancha.

En el auto, el magistrado decidió el sobreseimiento de la causa al considerar que no se había acreditado "entrega alguna de dinero" ni su "relación casual con alguna decisión adoptada por funcionarios o autoridades públicas".

Además, argumentó que no podría existir un delito de financiación ilegal de partidos porque se trata de un delito introducido en la Ley Orgánica 1/2015, es decir, fecha muy posterior (marzo de 2007) al momento en que figura en el recibí que consta de las actuaciones.

Los doscientos mil euros nunca aparecieron en la contabilidad oficial del PP de Castilla-La Mancha.

DCLM