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La Diputación de Cuenca solicitará al Gobierno central y a la Junta de Comunidades la implementación de acciones correctoras contra la contaminación de las aguas del río Júcar, tal y como se ha acordado en el Pleno ordinario de este miércoles, en el que se ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención de los socialistas, una moción de Izquierda Unida en este sentido.
Moción que pone el foco de atención en el alto nivel de contaminación que registra el río Júcar, ha informado la Dipu tación en un comunicado, que se hace eco de un informe de Ecologistas en Acción y Pesticide Action Network Europe que "corrobora la detección de 34 sustancias peligrosas, 22 de ellas prohibidas, en sus aguas, entre las que se encuentran concentraciones de DDT, clorpirifos o endosulfán".
Una situación que, a juicio del presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, hay que subsanar haciendo todo lo posible, porque "es muy importante defender la calidad de las aguas de nuestros ríos y reforzar la vigilancia para que ésta no se vea mermada, como es el caso del Júcar", ha informado la Diputación en nota de prensa.
Es por ello que en esta moción se propone al Gobierno central y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, de forma urgente, aborde acciones en la cuenca hidrográfica del Júcar por el riesgo para la salud humana y para los ecosistemas acuáticos de la zona debido a la contaminación existente. Se sugiere, entre otras medidas, la prohibición del uso de plaguicidas con propiedades disruptoras endocrinas, reducir la utilización de plaguicidas en España, al menos, en un 50% en diez años y actualizar, ampliar y unificar los programas de vigilancia de plaguicidas en aguas, en concreto, de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Además, se ha dado el visto bueno, con el apoyo de 'populares' y socialistas --con el voto en contra de IU-- al cambio de obra del POS 2018 solicitado por el Ayuntamiento de Moya, que ha pasado a denominarse 'Acondicionamiento de parque infantil en Santo Domingo de Moya, asfaltado de vía pública en Huertos de Moya, muro, instalación de vallas, arreglo del patio de las escuelas y asfaltado en Pedro Izquierdo y pavimentación de plaza en El Arrabal'. Modificación que, sin embargo, no ha afectado a los 54.000 euros de presupuesto, que será financiado íntegramente por la Diputación.
En esta misma línea, aunque esta vez por unanimidad, también se ha aprobado el cambio de obra solicitado por el Ayuntamiento de Saelices, que finalmente se denomina 'Renovación de redes y mejora de la eficiencia del ciclo hidráulico (Reforma integral de la estación depuradora y renovación de redes de abastecimiento)' con un coste de 24.000 euros, cuya financiación no se verá alterada, correspondiendo a la Diputación un total de 23.520 euros y al Consistorio, 480.
La Diputación también ha aprobado, esta vez con el único apoyo del Grupo Popular y la abstención de PSOE e IU, una modificación de créditos por importe de 1.320.000 euros con el objetivo de adaptar el código de aplicaciones presupuestarias de dos actuaciones de rehabilitación del patrimonio, que en un principio iban a ser tramitadas y adjudicadas por los respectivos ayuntamientos, pero que finalmente será la Diputación quien se encargue de ello. En concreto, la restauración del balneario de Yémeda por un importe de 1,2 millones de euros y la rehabilitación del Puente del Castellar por un montante de 120.000.
Con el respaldo de PSOE y PP, el Pleno provincial también ha acordado el levantamiento del reparo suspensivo de una serie de facturas del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios derivadas de gastos realizados sin la existencia de crédito adecuado y suficiente, a la vez que se ha dado luz verde al correspondiente reconocimiento extrajudicial por valor de 11.814 euros.
En cuanto a mociones, dos presentadas por Izquierda Unida y otras tantas por el Grupo Socialista, que, no se han llegado a abordar al no aprobarse la urgencia de su debate por los votos de los populares y pese al apoyo de PSOE e IU. Izquierda Unida ha planteado una moción pidiendo al nuevo Gobierno central más recursos en I+D+i; en concreto, reclamaba la habilitación de créditos extraordinarios para este año incrementando al consignación económica necesaria para desarrollar medidas que eviten el despido de investigadores con contratos temporales, garantizando que en la medida de lo posible se reconviertan en contratos indefinidos los contratos temporales vigentes con más de tres años de antigüedad en consorcios y fundaciones de investigación del sector público.
Asimismo, IU ha presentado una tercera moción, en este caso, demandando la equiparación de los derechos laborales de las empleadas del hogar, que tampoco ha llegado a debatirse al no contar, igualmente, con el apoyo del Grupo Popular, que ha considerado que desde el Gobierno central se lleva trabajando en este tema desde hace años y todo apunta que hay voluntad de solucionar esta situación.
El Grupo Socialista, por su parte, ha vuelto a presentar una moción reclamando una vez más la participación de la Diputación en el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, a lo que desde las filas del PP se ha recordado que no es de recibo que la Junta de Comunidades "emprendiera una iniciativa de este tipo sin la financiación correspondiente y pretendiendo que fueran otras administraciones, en este caso las diputaciones, las que afrontaran la mayor aportación, a pesar de que las competencias en este campo le correspondan al Gobierno regional".
Y, por último, los socialistas han planteado una moción demandando que la Diputación se haga cargo de la aportación a la que deben hacer frente los ayuntamientos que concurran con algún proyecto al Programa Operativo FEDER 2014-2020, cuya urgencia de debate no se ha tomado en consideración, por parte del Grupo Popular, por creer que la Institución provincial "ya ha hecho los deberes en este tema, presentando diecisiete proyectos a estas convocatorias con una inversión total de casi 17 millones de euros. Además, en este sentido, Prieto ha aclarado que desde la Diputación siempre ha habido voluntad de apoyar a los Ayuntamientos en este sentido, pero antes es necesario saber qué cantidad hay que financiar.
De su lado, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Joaquín González Mena, ha asegurado que han votado a favor de levantar el reparo suspensivo de una serie de facturas del Servicio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios , puesto que "las empresas deben cobrar por un trabajo que han hecho", ha informado el PSOE en nota de prensa.
Pero eso no quita, ha añadido, para que se haya demostrado que "se ha vulnerado la ley y la cadena de mando, y se han adoptado decisiones que no contaban con la autorización necesaria". Por ello ha pedido la citada comisión de investigación, "que puede ser incluso la de Economía y Hacienda", ha dicho el portavoz del PSOE, que ha añadido que" si se confirman responsabilidades, hay que pedir la dimisión" del diputado del área de Prevención y Extinción de Incendios, David Cuesta, puesto que "tiene
delegadas las competencias en esta materia y es el responsable de todo lo que suceda en el servicio".
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