Algunos secretos de un cementerio nuclear

Aunque cuando fue candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha, Cospedal se negó públicamente a que nuestra tierra albergara una nueva instalación nuclear,  cuando presidió la Junta de Comunidades aceptó que se emplazara en Cuenca el cementerio de residuos radiactivos a cambio de dos condiciones muy particulares, una, seguir como secretaria general del PP ya que muchos compañeros cuestionaban la duplicidad de cargos y la otra que fuera ella misma quien nombrara al presidente de la Empresa de Residuos Radiactivos, Enresa. Se cumplieron ambas condiciones, Cospedal siguió como número dos del PP con Rajoy y nombró a Francisco Gil Ortega, ex alcalde del PP de Ciudad Real con escasos conocimientos en la materia, al mando de la empresa que gestionaría las obras de un proyecto dotado con mil millones de euros: ¿qué interés tenía Cospedal? ¿Por qué le concedieron sus dos condiciones? Pueden intuirse las respuestas desde la constatación de que muchas de sus decisiones políticas nunca estuvieron claras.

CASTILLA-LA MANCHA NO ES TIERRA COMBATIVA

Castilla-La Mancha no es una comunidad donde sus gentes estén habituadas a protestar ante decisiones que nos afectan. Es una pena, pero es así, lo hemos visto con el trasvase que lleva cerca ya de cincuenta años derivando agua del Tajo a Levante, empobreciendo el río y a la población de nuestra tierra, en particular a los municipios ribereños. No es Castilla-Mancha como el País Vasco, Aragón, Cantabria Valencia o Cataluña, por citar algunas comunidades reivindicativas en las que el gobierno del Estado no se atrevería nunca a colocar en su suelo un cementerio nuclear.

La jugada se completó con la tremenda alegría mostrada por el alcalde Villar de Cañas quien dio a entender que a su pueblo de 412 habitantes y a él mismo les había tocado la lotería. Los vecinos parecían encantados de que la basura nuclear de toda España fuera a enterrarse a dos mil metros de sus casas.

PAGE, CONTRA EL CEMENTERIO

En contra del proyecto se situó el partido socialista dirigido en Castilla-La Mancha por Emiliano García-Page quien, al llegar al gobierno regional en 2015, inició una serie de gestiones políticas para intentar parar el proyecto en el que tanto empeño puso Cospedal y algunos de sus peones que han acompañado a la ex numero dos del PP en su apoyo a Casado: Rafael Catalá, José Manuel Soria, el ex delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio y todos los parlamentarios y cargos del partido popular en nuestra región.

Comenzaron mientras tanto las licitaciones de obras, al tiempo que los expertos seguían valorando la idoneidad de los terrenos. No ha trascendido el motivo exacto por el que alguien de mucho peso en el Gobierno de Rajoy advirtió alguna irregularidad importante y, con una prisa inusitada, se dio curso a la dimisión de Gil Ortega. Se especula que detrás de esta decisión estuvo Soraya Sáenz de Santamaría. Motivos habría porque Gil Ortega tuvo que abandonar su despacho a toda prisa.

El Gobierno socialista de García-Page siguió con sus gestiones contra la instalación del ATC en nuestra tierra y, entre ellas, decidió ampliar la protección ecológica de la Laguna de El Hito. Cospedal se indignó otra vez con Page y el Gobierno de Rajoy puso en marcha toda su maquinaria jurídica para tratar de eliminar este escollo.

LLEGA PEDRO SÁNCHEZ

La situación cambia con la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada al gobierno del socialista Pedro Sánchez. La nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anuncia que se paralizará la construcción del cementerio nuclear hasta que se redefina la política energética de España.

Nuevo jarro de agua fría para Cospedal y para el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz quien sale a los medios más conservadores para vender de nuevo, con más ahínco si cabe, el proyecto.

La paralización es muy bien acogida, como no podía ser de otra manera, por un importante grupo de asociaciones que forman la Plataforma contra el Cementerio Nuclear. Aseguran en un comunicado que han sido las protestas populares las que han paralizado el proyecto y no mencionan el trabajo realizado en contra del ATC por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Lo cierto es que el retraso que generó al proyecto por la propuesta del ejecutivo de ampliar la protección natural de la zona y las peticiones de García-Page al Gobierno de Pedro Sánchez han tenido también su peso, además de las numerosas marchas organizadas por la Plataforma. Todos unidos, mejor.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA

La última novedad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quien toma en consideración las alegaciones del Gobierno de Rajoy contra la ampliación de la protección de la Launa de El Hito. Entre sus largas consideraciones, el TSJCLM asegura: “Pero lo que no cabe en ningún caso, es perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de los espacios naturales, por muy loable que puede resultar tal propósito”.

Ante esta interpretación de los hechos, el gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado ya un recurso ante el Supremo donde se defenderá la protección de la zona según ha recomendado la Unión Europea a través de la Red Natura 2.000.

SATISFACCIÓN

En todo caso, la sentencia del alto tribunal de Castilla-La Mancha llega ya con la paralización del proyecto y sin que aún esté aprobado el Plan de Ordenación Municipal de Villar de Cañas, preceptivo para la construcción del silo en su suelo. Si el pueblo de Castilla-La Mancha fuera un poco más reivindicativo, cambiarían ciertas decisiones que basculan entre la supuesta importancia de un cementerio nuclear para España y la protección natural de la Laguna de Hito para nuestra región. Y si se aduce algo subrepticio, sería entonces toda una región opuesta radicalmente contra un proyecto plagado de sombras e irregularidades desde su propio nacimiento, quien podría hacer caer la pelota por la otra parte del tejado.

DCLM