Cuando un dirigente del PP habla sobre el ATC y Enresa, se dispara la radiactividad

Rosa Romero, en la actualidad vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, sigue adelante con el capricho o el encargo de Cospedal: insistir en colocarnos en Villar de Cañas los residuos radiactivos de todas las centrales nucleares de España.

La Ministra de Transición Ecológica, debe explicar el por qué de la paralización de la construcción del ATC de Villar de Cañas.
¿Es una decisión por razones técnicas y medioambientales o un pago a sus socios de Podemos por apoyar la moción?@rosaromerocr #DiputaciónPermanente pic.twitter.com/COqR4k4afV

— GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 27 de agosto de 2018

Al @GPPopular nos preocupa cómo va a garantizar el Gobierno la seguridad y protección radiológica de los españoles. No es lo mismo tener centralizados los residuos en una ATC que tenerlos diseminados por todo el país
@rosaromerocr en #DiputaciónPermanente pic.twitter.com/eoSWIvmqBv

— GrupoPopularCongreso (@GPPopular) 27 de agosto de 2018

Asegura Rosa Romero que sería mucho más seguro construir el cementerio nuclear en Cuenca. Es otra de las muchas mentiras que ha lanzado en los últimos años el PP desde que Cospedal se empeñó en colocar el cementerio en Villar de Cañas. Según un informe de Greenpeace ("El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios"), más de doscientos municipios españoles correrían riesgos debido al transporte de los residuos hasta Cuenca. Durante el transporte “se irradiaría a personas más próximas a los contenedores” y podrían producirse accidentes de tráfico de gravísimas consecuencias.

No era más seguro el ATC pero sí representaría un enorme despilfarro, más de mil millones de euros para una obra faraónica innecesaria ya que en la actualidad cada central nuclear española cuenta con su propio almacén y es totalmente falso, como insisten en el PP, que España esté pagando a Francia 70 millones anuales por almacenar nuestros residuos.

EL CASO DE GIL ORTEGA

Cospedal tenía mucha prisa en adjudicar las obras millonarias del ATC en Cuenca. Para acelerar lo más posible el proceso propició el nombramiento de otro ex alcalde de Ciudad Real, Francisco Gil Ortega, como presidente de la Empresa de Residuos Radiactivos, Enresa, un político con nula experiencia en el sector nuclear.

Su andadura en el cargo terminó en febrero de 2015. Y terminó de la peor manera. En la Moncloa de Rajoy y en la vicepresidencia de Sáenz de Santamaría no confiaban ya en la capacidad de Gil Ortega para sacar adelante el proyecto más importante de la historia de Enresa. Gil Ortega estaba empeñado en adjudicar la obra principal del ATC, 217 millones más IVA a determinadas constructoras, sin contar aún con el visto bueno preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear.

Hubo más que palabras y esta vez Cospedal perdió la batalla de un proyecto muy serio y complejo plagado de irregularidades y de intereses aún por esclarecer. Gil Ortega anunció su “dimisión” por asuntos personales y se activó entonces el preaviso de 15 días para poder cobrar la indemnización completa. Al tiempo, en ese par de semanas, Gil Ortega quisó aprovechar para firmar contratos y  adjudicaciones ligadas a la puesta en marcha del cementerio nuclear. Había dado ya orden expresa a su Comité de Adjudicaciones para que le remitiesen todos los expedientes de adjudicación pendientes de firmar para aprobarlos sin el escrutinio interno de la compañía.

Ni siquiera el ministro de Industria, el hoy retirado José Manuel Soria, hombre de Cospedal, confiaba ya en Gil Ortega  o más bien se corrieron las voces en el gobierno de Rajoy de que que, por mandato imperativo de alguien, iba a adjudicar obras antes de obtener el permiso del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El ex alcalde de Ciudad Real tenía vía libre para adjudicar, de manera unipersonal, contratos por un importe de hasta un millón de euros, algo sorprendente ya que su antecesor en el cargo solo podía adjudicar hasta 220 mil euros. La Sepi (Enresa es propiedad 100% de la Sepi pero depende jerárquicamente de Industria) celebró a toda prisa una Junta Extraordinaria de Accionistas de Enresa en la que despidieron a Gil Ortega: solo podría pisar la sede de la compañía para recoger sus cosas y marcharse, sin posibilidad de firmar expediente alguno. Gil Ortega no contó con sus quince días, su despido fue fulminante.

DUDAS SOBRE LA IDONIEDAD DE VILLAR DE CAÑAS DEL CSN Y ¡DEL PROPIO GIL ORTEGA!

Diversas fuentes aseguraron que el ex alcalde de Ciudad Real iba a acelerar la adjudicación de las obras aunque él mismo, ya como presidente de Enresa, reconoció, en una comparecencia a puerta cerrada en el Congreso en noviembre de 2012, que no sabía si los terrenos serían adecuados para albergar el ATC.

El Consejo de Seguridad Nuclear trasladó también a Enresa sus dudas sobre los terrenos elegidos en Cuenca en los que advertía múltiples deficiencias: “no hay un conocimiento suficiente para garantizar el comportamiento seguro de los edificios” al tiempo que pedía parámetros más realistas en las mediciones del potencial de inundación de la parcela y advertía de que el acuífero que la atraviesa es "muy relevante". Y terminaba su informe advirtiendo que todo ello podría subsanarse pero que, en ese caso “el presupuesto de la obra se dispararía exponencialmente por la necesidad de reforzar las cimentaciones de tan sensible infraestructura”.

Luego se destaparon más irregularidades de Gil Ortega como el cobro de 160 mil euros como gastos de viaje sin aportar las correspondientes facturas, algo que fue calificado como “posible enriquecimiento injusto por el responsable jurídico de Enresa, Jesús Moreno, quien fue despedido tras realizar estas afirmaciones tres días después. Según publicó eldiario.es “otro informe también referido al ejercicio 2013 daba cuenta de los 9.388,71 euros que Gil-Ortega cargó a la empresa pública 65 "comidas de empresa" realizadas en ese ejercicio. Su director de Comunicación, el periodista Carlos Dávila, (en la actualidad en Miami), quien cargó otros 6.447,33 euros en otros 50 "eventos".

Todo esto es solo una pequeña parte de una serie que podría titularse con una pregunta: ¿Por qué se empeñaron en construir el cementerio nuclear en Villar de Cañas?

Parece que mil millones de euros pueden ser parte de una buena respuesta. Ahora Rosa Romero sigue con la matraca y aporta de nuevo falsos argumentos cuando el actual gobierno de Pedro Sánchez ha decidido paralizar la obra del ATC.

DCLM