Gobierno y CCAA debaten este miércoles sobre menores no acompañados que llegan a España

El Gobierno y las comunidades autónomas se reúnen este miércoles, 5 de septiembre, en la segunda Comisión Sectorial de Inmigración que se celebra este año, en esta ocasión presidida por ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, con el fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre las medidas a aplicar en el caso de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a España, más de 8.000 en lo que va de 2018.

Estas cifras fueron facilitadas por la secretaria de Estado para las Migraciones, Consuelo Rumí, en la anterior Conferencia Sectorial de Inmigración que celebró su primer encuentro del año el pasado 6 de agosto, después de que llevara sin reunirse desde 2015.

En aquel encuentro, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó que el Ejecutivo no tiene previsto destinar más fondos para inmigración de aquí a final de año pese al incremento de llegadas --a 31 de agosto asciende a un total de 28.620 migrantes, casi el triple que en el mismo periodo de 2017, según datos provisionales del Ministerio del Interior--, al tiempo que admitió fallos en la contabilización de los menores migrantes, cuya situación se abordaría en la reunión de este miércoles.

Precisamente, ante la celebración de la nueva Sectorial, Save the Children ha expresado su preocupación por algunas de las propuestas formuladas desde Andalucía, Ceuta o Melilla, cuyos representantes se han mostrado a favor de priorizar el retorno de menores de nacionalidad marroquí a sus lugares de procedencia, en línea con el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, quién defendió una política de devolución en colaboración con los países de origen.

"Defiendo que en muchas ocasiones con quien mejor pueden estar es con sus familias y, donde exista la posibilidad de identificarla y sabiendo que existen unas mínimas garantías, una política de devolución a sus familias sería la más adecuada", aseguró Cosidó en una entrevista a Europa Press el pasado 25 de agosto.

Sin embargo, Save The Children denuncia que muchos de estos niños ya vivían en la calle en Marruecos o sus familias no pueden acogerles por falta de recursos. La ONG argumenta que, antes de decidir si la vuelta con sus familias es lo más recomendable, es necesario garantizar que cada caso se resolverá de manera individual, evaluando cuál es el interés superior del niño en cada momento y estudiando si los niños están seguros en sus hogares de origen.

En palabras del director de la ONG en España, Andrés Conde, "el aumento de llegadas por tierra y mar de niños y adolescentes no acompañados es un desafío para el actual sistema de acogida y protección, pero es necesario responder a ello con responsabilidad". "Estamos hablando de niños antes que de migrantes y debemos actuar en consecuencia velando por su protección. En cuanto llegan a España, están protegidos por la Convención de derechos del Niño".

Por ello, la ONG urge establecer nuevos compromisos y mejoras en la coordinación entre los agentes responsables de este sistema para garantizar la protección y el bienestar de la infancia migrante y refugiada que reside en España.

PETICIONES POR CARTA

Save the Children también señala que ha enviado una carta a los responsables de las distintas comunidades autónomas que este miércoles se reunirán en la Comisión Sectorial con los aspectos que consideran prioritarios en esta cuestión.

La organización precisa que en la actualidad existen 19 modelos distintos de protección de menores en España por lo que reclama la heterogeneidad del sistema para evitar que los niños migrantes no acompañados se muevan entre CCAA y aboga por adoptar criterios comunes mínimos de cobertura, calidad y accesibilidad, en base a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor (LOPJM).

Al mismo tiempo, pide introducir criterios comunes en todas las CC.AA. para evitar situaciones de desprotección y añade que la acogida de los menores debería realizarse cumpliendo con el interés superior del menor y garantizando su derecho a ser escuchado, lo que incluye la consideración de la posible existencia de parientes u otros lazos familiares o personales de los niños en algunas comunidades para decidir su destino.

Por todo ello, solicita crear recursos específicos y especializados de acogida de competencia estatal para derivar a los menores solicitantes de protección internacional o víctimas de la trata de seres humanos que lo necesiten y contar con intervenciones específicas para menores con otras necesidades como los que sufren algún tipo de adicción o discapacidad.