Presidentes autonómicos de la 'España vacía' reclaman una financiación acorde al coste de los servicios públicos

Las seis comunidades autónomas que cuentan con los principales problemas demográficos de España mantendrán sus reivindicaciones compartidas ante el Gobierno de España y la Unión Europea (UE), entre las que se encuentra una financiación autonómica acorde al coste real de los servicios públicos.

Para ello, este lunes se reunirán de nuevo, esta vez en Zaragoza, los presidentes de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo; Asturias, Javier Fernández; La Rioja, José Ignacio Ceniceros; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Aragón, con Javier Lambán como anfitrión, para dar un nuevo impulso al frente común que formaron a principios de este año.

Estas seis comunidades de la llamada 'España vacía' suman en total 4.463 municipios, lo que representa el 55 por ciento de todos los de España, y también más de la mitad del territorio nacional, en concreto el 52,8 por ciento de la superficie. Sin embargo solamente alcanzan el 21 por ciento de la población nacional, según han indicado desde el Departamento de Presidencia del Ejecutivo autonómico.

Estos problemas de dispersión y baja densidad de población, unidos a otras cuestiones demográficas como el elevado envejecimiento de sus habitantes, acarrean unos elevados sobrecostes para los servicios propios del llamado Estado del Bienestar que prestan las Autonomías, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Este problema del sobrecoste ya se puso de relieve en un encuentro mantenido en febrero en León por un primer grupo de cuatro comunidades al que se incorporarían después Castilla-La Mancha y La Rioja. La reivindicación fundamental que está previsto plantear este lunes es la aprobación urgente de un nuevo sistema de financiación autonómica que se articule conforme al coste efectivo de los servicios esenciales.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, que en su momento ya subrayó esta demanda de la 'España vacía', ha apuntado además que los territorios participantes en la cumbre de Zaragoza comparten dificultades orográficas que condicionan y encarecen la prestación de los servicios públicos esenciales, así como la dotación de infraestructuras básicas de transportes y comunicaciones.

De esta forma, el encuentro tendrá dos objetivos "hablar de financiación autonómica y hablar de despoblación", ha señalado Guillén, quien ha aseverado que se pretende que haya "una declaración institucional en la que se transmita al Gobierno de España que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta el coste de los servicios". "También es muy importante que se elabore la Estrategia de Lucha contra la Despoblación y decirle a Europa que el Reto demográfico forme parte de los mecanismos de financiación europea".

UN MES DEL IVA

Guillén ha avanzado que otra de las líneas de la declaración institucional que tienen previsto suscribir el lunes estos seis territorios será la asunción total por parte del Gobierno central de la liquidación completa del IVA de 2017, "después de que el anterior Ejecutivo excluyera el mes de diciembre, a pesar de haber recaudado la totalidad del ejercicio, a raíz de un cambio del sistema de gestión del impuesto incorporando información inmediata mediante medios electrónicos".

El consejero aragonés de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ya mostró su preocupación desde que se comunicó en julio la liquidación de sólo 11 mensualidades del IVA de 2017. El 50 por ciento cedido a las Comunidades autónomas de la recaudación del IVA correspondiente a diciembre supone una minoración de ingresos cercana a los 2.500 millones de euros en total para las Autonomías de régimen común. En concreto, Aragón podría perder entre 70 y 100 millones.

Ante la posibilidad de recurrir a endeudamiento para cubrir y evitar esta merma de ingresos, la 'cumbre' de los seis presidentes autonómicos del lunes plantearía que se asuma como deuda exclusivamente de la Administración del Estado y nunca de las propias Comunidades, ya que entonces la ley de Estabilidad Presupuestaria obligaría a todas a realizar otros ajustes en similar medida.

ITI

Por otra parte, Guillén ha insistido en el propósito de los seis presidentes autonómicos de recabar la inclusión del reto demográfico reconocido por el Comité Europeo de las Regiones --la asamblea de representantes locales y regionales de la Unión-- en el nuevo marco financiero plurianual de los 28 para 2021-2027, que está previsto aprobar en 2019, potenciando la convergencia y cohesión interna.

Uno de los instrumentos de la política de cohesión de la UE son las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs). Guillén ya trasladó en febrero las propuestas de Aragón para mejorar las ITIs al Comité de las Regiones, reclamando mejores condiciones de cofinanciación y atención a necesidades específicas como la despoblación.

El Comité de las Regiones asumió entonces que las ITIs requieren una dotación económica mayor y estable de los programas operativos. Ahora, el conjunto de Comunidades de la 'España vacía' prevé hacer propia esta reivindicación.

En Teruel, el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Aragón 2014-2020 reconoce para la provincia una ITI que supone la aportación de 26 millones de euros desde Europa para proyectos generadores de empleo, pero el Gobierno aragonés ha de sumar otro tanto al tratarse de fondos cofinanciados al 50 por ciento por las Comunidades autónomas. "Un peso excesivo para Aragón".

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

A diferencia de anteriores cumbres, esta vez no está prevista otra declaración conjunta de las Comunidades que, además de los problemas demográficos, comparten la minería del carbón. No obstante, ha subrayado el consejero de Presidencia, "Aragón insistirá en su defensa de una transición energética verdaderamente justa".

Una transición que exige el aplazamiento del cierre de centrales térmicas como la de Andorra (Teruel), así como la reserva de un porcentaje para el carbón nacional en el mix energético, ha destacado Guillén: "Se ha de mantener el carbón nacional por seguridad, para garantizar un suministro que no se puede cubrir totalmente con energías renovables".

Además, con independencia de los últimos incrementos de los precios de casación del gas y el carbón a los que ha habido que recurrir ahora, el apagón térmico podría repercutir en el recibo de la luz de los ciudadanos. La subida de la luz podría alcanzar el 20 por ciento, según apuntó en julio la consejera autonómica de Economía, Marta Gastón, tras un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Andorra, el grupo empresarial SAMCA y los sindicatos UGT y CCOO para abordar la situación del carbón.

IMPACTO SOCIAL

Todo ello además del impacto social y territorial que supondría el cierre de la Térmica. El Comité de Empresa ha señalado en varias ocasiones que en la Central de Andorra, entre la plantilla de Endesa y las contratas, hay unos 400 empleos directos, cifra que supera los 4.000 al tener en cuenta las empresas auxiliares y de servicios, lo que supone el 40 por ciento del PIB provincial. "Si desaparece la Central, desaparece la mitad de la provincia de Teruel", han advertido más de una vez.

En este sentido, los sindicatos han reclamado alternativas de reindustrialización junto a la continuidad de la Térmica de Andorra durante 15 ó 20 años más, frente a la amenaza actual de cierre en el 2020, lo cual ven "compatible con las inversiones requeridas para descontaminación de las emisiones por la lucha contra el cambio climático".

El Gobierno de Aragón, ha finalizado Vicente Guillén, volverá a reclamar al Gobierno central alternativas económicas tangibles para las cuencas mineras, con inversiones estatales que generen empleo y riqueza mediante un plan de reindustrialización.