Page aplaude la decisión del Estado de investigar los más de 73 millones invertidos en el ATC de Villar de Cañas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido este miércoles al Gobierno de España que el Ministerio para la Transición Ecológica haya decidido realizar una auditoría para abordar “los 73 millones de gasto muy opaco” en la gestión del cementerio nuclear proyectado en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico tras la firma del convenio por el que el Gobierno regional cede al Ayuntamiento de Ciudad Real los 1.800 metros cuadrados de terreno donde se creará el llamado Parque de la Sanidad y que, hasta la fecha, pertenecían al antiguo edificio de la Delegación provincial de Sanidad y Bienestar Social de la calle Postas.

Un acto en el que también han participado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina; la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora; y el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, una de las instituciones que colaboran en el desarrollo del Plan de Modernización ‘Ciudad Real 2025’, junto al Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno central y los ayuntamientos de la capital ciudadrealeña y de la vecina Miguelturra.

“Sabemos, intuimos, que ha podido haber un uso un tanto discutible y queremos que se sepa”, ha subrayado el presidente regional, ya que se trata de “mucho dinero, al margen de que la finalidad también es bastante discutible”.

En opinión del presidente García-Page, esta auditoría podría ser de gran valor para que “arrojen luz” y se pudieran depurar “responsabilidades” sobre las inversiones realizadas en torno a una infraestructura “que no quería nadie” y que ha tenido como principal “víctima” a “esta tierra”. 

Plan de Retorno del Talento

Por otro lado, el presidente regional se ha felicitado por que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, haya decidido exportar al resto del país el Plan de Retorno del Talento Joven que lleva impulsando desde hace varios años el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

“Está bien que nos imiten”, ha resaltado García-Page, y que se mejoren los planes regionales al respecto con la aportación de nuevas partidas específicas.

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que, hoy en día, la región es la única que facilita ayudas de un año de duración a los titulados que quieran regresar y que tuvieron que abandonar la región a causa de la crisis económica, y ha valorado la buena marcha del programa que se está llevando a cabo con empresas de la región para facilitar su empleabilidad.

Agua y legislación sobre cesión de terrenos de uso publico

El jefe del Ejecutivo autonómico, que ha aplaudido estas decisiones del Estado, ha sido crítico al mismo tiempo con la “lentitud” en el “giro a la política del agua” a nivel nacional que está imprimiendo el Gobierno de España y, concretamente, respecto al actual uso del trasvase Tajo-Segura.

En este sentido, se ha referido a la rotura registrada en el canal del trasvase, que ha dejado sin servicio esta infraestructura en la comarca del Campo de Cartagena (Murcia). “Lo lamento por nosotros y por el Levante”, ha recalcado, ya que, ha abundado, “no se puede hacer depender a millones de personas” y la economía de varias regiones de una infraestructura que transporta un agua que, ya de partida, se evapora en un 25% a lo largo de sus 300 kilómetros de recorrido desde los embalses de Entrepeñas y Buendía.

“Hay que mirar más allá”, ha reiterado García-Page, quien ha defendido el uso de “alternativas no agotables” como la optimización de las desalinizadoras construidas años atrás en las regiones del Levante.

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha se ha referido a la dilación y los obstáculos con los que administraciones públicas como la Junta de Comunidades se encuentran a la hora de agilizar la cesión de terrenos en manos de otros organismos públicos.

En este sentido, el presidente regional trasladará al Gobierno central la necesidad de contar con una legislación que prohíba gravar o pedir contraprestaciones por la cesión de terrenos públicos entre administraciones cuando la finalidad de estas operaciones sea la de poner en marcha nuevos servicios públicos para la ciudadanía.

Una medida que García-Page se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez podría incluir en su proyección de país con horizonte 2030, o bien sacar adelante por “decreto ley”, y que, ha aventurado, contaría con el respaldo de buena parte del arco parlamentario.