La Ley de Garantías Ciudadanas entra en la última fase de elaboración

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha presentado este lunes el segundo borrador de la futura Ley de Garantía de Ingresos y de Garantías Ciudadanas junto a la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz. Un avance importante, ha señalado, porque “entramos en la última fase de elaboración del proyecto de ley y de su tramitación y, esperemos, aprobación en el mínimo tiempo posible”.

El segundo borrador, ha indicado la consejera, presenta ya una norma sólida hacia un sistema de protección estable que integra y consolida derechos avanzados en consonancia con las directrices europeas, equiparable a otras comunidades autónomas que cuentan con leyes similares y con el aval y apoyo del conjunto de organizaciones sociales, sindicatos mayoritarios, profesionales y asociaciones de vecinos.

“Nos sentimos especialmente orgullosos”, ha dicho Inmaculada Herranz, “de la altísima participación a lo largo del proceso de audiencia pública. Como resultado del mismo, ha resumido, se han recibido un total de 60 aportaciones a la norma: cuatro para mejorar el preámbulo, ocho relacionadas con cuestiones generales del anteproyecto, 45 al articulado y tres sobre las disposiciones finales y transitorias”.

No ser más que nadie pero tampoco menos que nadie

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha dejado claro que “todo gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la gente, asegurar condiciones de vida digna y promover la igualdad de condiciones”. Por eso, José García Molina ha insistido en que “en Castilla-La Mancha no queremos pagar más impuestos de lo que pagan en otros sitios y tampoco queremos tener peores servicios, queremos equipararnos a lo que ya existe en otras comunidades autónomas de este país; con leyes que protegen a la ciudadanía y especialmente a las familias con menores que aun queriendo trabajar, por las causas que sean, no pueden hacerlo”.

El segundo borrador propone, por tanto, un Sistema de Garantías Ciudadanas anclado a dos Derechos: el derecho a la Garantía de Ingresos y el derecho a las Garantías Ciudadanas.

Implantación progresiva y mínimo impacto económico

La implementación de la Ley se realizará de forma progresiva, dando cobertura en primer lugar a hogares con menores a su cargo, siendo el número potencial de titulares y beneficiarios de la garantía de ingresos para el año 2019 de aproximadamente 24.000 titulares y 94.000 beneficiarios.

Además, la implementación de la Ley no supone una asignación presupuestaria completamente nueva. En buena medida, ha explicado la consejera, “la integración, racionalización de recursos y políticas de protección social que se venían haciendo hasta el momento, van a dar lugar a que la mayor parte del presupuesto asignado a esta norma ya se recogían en las partidas del Plan de Garantías Ciudadanas y del presupuesto del 2018”. Así, el impacto presupuestario de la nueva inversión para la garantía de ingresos en 2019 oscilaría entre el 0,10 y el 0,20 por ciento del presupuesto total de Castilla-La Mancha.

Una cuantía perfectamente asumible, ha afirmado Inmaculada Herranz, porque “esta ley vale mucho más de lo que cuesta, sobre todo para proteger los derechos de la población de Castilla-La Mancha”.