El Gobierno regional reconoce haberle dado a Safira varias alternativas pero no ha aceptado "ninguna"

El Gobierno regional señaló, a través de un comunicado, que desde la Dirección Provincial de Bienestar Social se han facilitado desde el primer momento diferentes alternativas, pero que la interesada no ha aceptado "ninguna" hasta la fecha.

Entre ellas, mencionó "una ayuda de emergencia social que le permita encontrar una vivienda alternativa a la ocupada, alojamiento temporal para situaciones de emergencia social o acogida en un centro de atención residencial para personas sin alojamiento, entre otras opciones".

Asimismo, la Junta remarcó que este desalojo de la vivienda, situada en la calle Salvador Allende 2, bajo B, de Guadalajara, ordenado por el Juzgado número 1 de esta ciudad, no fue promovido ni dictado por la Administración autonómica.

"Es el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria propietaria de la vivienda y determinado por el juzgado, una vez analizada la situación de la persona que habita el inmueble, que no está en posesión de título alguno ni de propiedad ni de alquiler de la vivienda", afirmó.

La circunstancia de ocupación de la vivienda de "manera irregular" impide a la Administración otorgarle una solución habitacional definitiva, ha comentado el Gobierno regional, que ha añadido que existe un registro de demandantes de vivienda social que en Guadalajara cuenta con más de 2.000 personas inscritas que cumplen los requisitos que la ley exige para ser beneficiario de este tipo de viviendas, por lo que "la Administración no puede saltarse ese listado de manera arbitraria".

Además de las alternativas anteriormente citadas, desde la Dirección Provincial de Bienestar Social han propuesto la coordinación con los Servicios Sociales municipales de Guadalajara "para buscar todo el apoyo familiar y social posible, de tal manera que esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral".

De todos los pasos y alternativas ofertadas se ha dado traslado tanto al Juzgado como a la Abogacía del Estado con el objeto de que, una vez producido el desalojo, "la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada".

ROMÁN RECUERDA QUE LA COMPETENCIA ES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Desde el Ayuntamiento el alcalde, Antonio Román, recordó, a preguntas de los medios en un acto en la capital, que la competencia en materia de vivienda es de la Comunidad Autónoma, que es la que tiene las herramientas de mediación también en el área de viviendas sociales.

Pese a ello, el alcalde precisó que el Consistorio estará siempre "al lado de los más débiles" en el apartado de emergencia, aunque ha reiterado que la solución debe venir del Gobierno regional, reconociendo que "a veces, es un elefante demasiado lento" a la hora de trabajar en los aspectos que afectan a las personas.

SU ABOGADO SEÑALA QUE ES UNA VIOLACION DE UN DERECHO RECONOCIDO POR LA ONU

Su abogado y militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, Diego Herchoren, señaló que este desahucio supone la "violación" de un derecho humano reconocido internacionalmente por una resolución de la ONU y ha anunciado que seguirán en el proceso de alegaciones a esta decisión.

PODEMOS CONSIDERA QUE ES "UN DESAHUCIO ILEGAL"

Por su parte, el diputado de Podemos, David Llorente, que participó en la acción organizada por la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara para evitar que esta persona fuera desahuciada, ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que se ha perpetrado un "desahucio ilegal" contra esta persona.

Llorente insistió en que este desahucio ejecutado por la Policía es "contrario a los derechos humanos" pues en este caso concreto, la ONU había comunicado al Estado que el desahucio "no se podía producir" salvo que hubiera una vivienda alternativa.

Tras el desahucio, el grupo de personas que intentó evitarlo fue identificado por los agentes, unos 30 con un amplio despliegue, según Llorente, que ha añadido que después de ser identificados probablemente sean sancionados.

El diputado regional de Podemos señaló que el Gobierno autonómico, a pesar de no ser el organismo que ordena el desahucio, debería proporcionar una vivienda aunque sea "a posteriori", pues esta mujer se encuentra en un estado de "vulnerabilidad sanitaria total".

AMNISTÍA INTERNACIONAL SIENTE "INDIGNACIÓN"

De su lado, el coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, Alfonso Sánchez, que estuvo presente durante el desahucio, ha señalado que este les deja una sensación de "indignación" porque no se está respetando el derecho internacional.

No obstante, este responsable reconoció también el apoyo por parte de la sociedad frente a situación que ha calificado como "injusta" y confía en que se ofrezca a la joven una vivienda alternativa desde la Junta dado que se trata de una mujer sin recursos y con una discapacidad.