ANPE recuerda que las agresiones a docentes pueden ser consideradas "atentado a la autoridad"

El pasado martes ANPE, Sindicato de la Enseñanza Pública, mostró su repulsa ante la terrible agresión sufrida por una docente del CEIP “Pastor Poeta” de Ocaña, en Toledo. Ayer el Consejero de Educación, Ángel Felpeto,  hacía público que la Consejería de Educación facilitará a la docente afectada y al claustro del centro educativo todo el respaldo y el apoyo que necesiten, además de personarse como acusación particular en el procedimiento judicial que se siga por este asunto.

Tras este anuncio de la Consejería de Educación de personarse como acusación ante los casos de docentes agredidos, ANPE recuerda que es su obligación en cumplimiento de la Ley de Autoridad del Docente de Castilla-La Mancha, reivindicación histórica de ANPE y vigente desde 2012.

Tras la creación de la figura del Defensor del Profesor, servicio  de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, ANPE constató la necesidad de reconocer por ley a los docentes como autoridad pública, gozando todos ellos del principio de presunción de veracidad en sus declaraciones escritas respecto de los hechos con trascendencia disciplinaria, así como de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico.

La Ley de Autoridad del docente en Castilla-La Mancha recogió todas estas necesidades y reguló el derecho de los docentes a la protección jurídica en el ejercicio de sus funciones, consistente en la representación y defensa en juicio, cualesquiera que sea el órgano y el orden de la jurisdicción.

ANPE recuerda que los docentes tienen la condición de Autoridad Pública y que según lo establecido en el Artículo 550 del Código Penal, son reos de atentado los que agredieren a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, y en todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, y establece que los atentados contra la autoridad serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multas de tres a seis meses.

ANPE pide a la Consejería de Educación que se persone en el reciente caso y en todos aquellos procesos judiciales derivados de agresiones a docentes en el ejercicio de sus funciones y que les preste la máxima protección, defensa jurídica y asistencia personal que puedan necesitar.

Por último, para ANPE es prioritario apostar por la buena convivencia y mostrar tolerancia cero ante la violencia en los centros para lograr que el derecho a enseñar y el derecho a aprender se puedan ejercer en un clima de respeto y tolerancia.