Un año desde la declaración de independencia de Cataluña

El Pleno del Parlamento catalán que votó la declaración de independencia ha cumplido este sábado un año con gran parte de sus impulsores a punto de sentarse en el banquillo en el Tribunal Supremo (TS) para ser juzgados por presunta rebelión, desobediencia y malversación, si bien el expresidente Carles Puigdemont no será juzgado en este procedimiento al estar en Bélgica y retirarse la euroorden.

En prisión preventiva siguen el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlamento regional Carme Forcadell; el exlíder de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart --estos dos son los que llevan más tiempo: más de un año--.

En total son 18 los líderes soberanistas que finalmente serán juzgados en el alto tribunal por delitos que pueden conllevar más de 20 años de cárcel: será seguramente a mediados de enero, con los siete magistrados de la Sala de lo Penal --el presidente, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo--.

El jueves el TS confirmó el cierre de la instrucción, que hizo el juez Pablo Llarena, llevando asimismo a juicio a los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila --procesados por desobediencia y malversación--, así como la exlíder de la CUP en el Parlamento autonómico Mireia Boya y los que fueron miembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, a quienes el juez Pablo Llarena atribuyó presunta desobediencia.

Ese 27 de octubre, tras la negativa de Puigdemont a convocar elecciones, el Parlamento declaró constituida la república catalana independiente y acordó iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fijaba "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la república".

Horas después, el entonces fiscal del Estado, el fallecido José Manuel Maza, anunció en rueda de prensa dos querellas, y el lunes siguiente, cuando el Senado ya había aprobado aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la autonomía, se presentaban sendas querellas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, posteriormente unificadas.

El martes 31 de octubre, cuando ya se sabía que Puigdemont se había ido a Bélgica con algunos de sus consejeros, el Supremo y la Audiencia ya admitían a trámite las querellas y citaban a los investigados, aunque Puigdemont nunca se presentó.

En las querellas, la Fiscalía acusaba a los exmiembros del Gobierno catalán encabezados por Puigdemont y de la Mesa del Parlamento regional de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por el proceso soberanista que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI), pero que se remontaban a noviembre de 2015.

Llarena consideró que los encausados por rebelión impulsaron a la ciudadanía favorable a la independencia a que hicieran frente al dispositivo policial que tenía la orden judicial de impedir la votación del 1-O.

Argumentaba que eso "supone, no ya aceptar el riesgo de una violencia claramente representable, sino directamente impulsar a una masa ciudadana a que desborde por la fuerza cualquier intención de contención que pueda provenir del Estado, tal y como finalmente aconteció el día de la votación".

En cuanto a Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, y Meritxell Serret, y las exdiputadas Marta Rovira y Anna Gabriel quedan en una pieza separada tras ser declarados en rebeldía, por lo que no se sentarán en el banquillo, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba o, en caso de regresar, pueden ser detenidos y juzgados.