Privatizaciones generadoras de pobreza

Un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), firmado por su relator especial sobre pobreza extrema, Philip Alston, es tan contundente sobre la privatización de servicios públicos que algunos sectores llegan a calificarlo de varapalo. Y el documento pone nombre y apellidos a a los promotores de esa fiebre privatizadora: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Son los inductores de este modelo por ideología”, señala Alston.

No es nuevo el debate, cierto. En varias ocasiones nos hemos ocupado del asunto, sobre todo cuando en nuestro país afloran las diferencias en las modalidades de gestión administrativa y los resultados que ponen en evidencia a sus responsables. El informe de la ONU es merecedor de algunas nuevas reflexiones.

Sobre todo, porque Alston alude a un verdadero “tsunami de privatizaciones” que, en el ámbito de la sanidad o educación, “acaba con la protección de los derechos humanos y margina a los que viven en situación de pobreza”. Pero el informe señala también a la justicia, los sistemas de prisiones y otros servicios básicos a los que se aplican unas políticas “que no pueden hacerse a expensas de tirar por la ventana el sistema de protección social”, afirma el relator de la ONU.

Hace tres años, en 2015, el Banco Mundial promovió la iniciativa de incrementar la financiación del sector privado de miles de millones de dólares con la finalidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y ya en 2017, el propio Banco explicitaba su enfoque orientado a sacar el máximo beneficio a la financiación del desarrollo. El enfoque, en efecto, da prioridad a la financiación privada y a las soluciones sostenibles del sector privado.         

Para Philip Alston, estas políticas que “se presentan como una solución técnica” para la prestación de determinados servicio, responden, en en realidad, “a una ideología que devalúa los bienes públicos” y que, según la ONU, “son esenciales para una sociedad decente”. Así, la conclusión del informe es que “mientras los defensores de la privatización insisten en que ahorra dinero, es eficiente o mejora los propios servicios, la realidad evidencia que muchas veces contradice sus propias justificaciones”.

No se agotan ahí sus apreciaciones y apunta directamente al modelo, que busca, ante todo, el rédito económico: “Eso deriva hacia una clara intención de minimizar el tiempo por cliente o paciente, pago de cuotas o ahorro de recursos”, se expone en el documento que no duda en señalar al Banco Mundial y al FMI como inductores de una agresiva privatización de los servicios básicos, “sin que se vean recompensados los derechos de las personas y lo más pobres”.

Entonces, si los riesgos de ir liquidando poco a poco -vieja táctica del capitalismo y del liberalismo económico- la protección de los derechos humanos y de acentuar la exclusión social, maniatando o marginando a quienes viven en situación de pobreza, no son de extrañar los desequilibrios que se registran aún en economías desarrolladas y las dificultades para que la recuperación o la salida de la crisis -creada por el propio capitalismo- no alcance a todos los sectores sociales. La privatización de los servicios públicos genera pobreza, según este informe de la ONU, considerado un varapalo a estas políticas que terminan haciendo de tales servicios un auténtico negocio. 

Ese es el mal. 

Salvador García Llanos