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Cospedal contrató como presidenta regional a una agencia de detectives

La dirigente del PP suscribió los servicios de Método 3 tras preguntarle al excomisario Villarejo y se gastó 16.300 euros de dinero público.

10.11.2018

Política en Castilla-La Mancha

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Según informa el diario El País en su edición de este sábado, cuando ganó en 2011 las elecciones a la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Cospedal contrató a Método 3 para indagar en los ordenadores de unos funcionarios documentalistas del equipo de su antecesor, el socialista José María Barreda, a los que consideraba sospechosos. Se gastó algo menos de 16.300 euros en ese trabajo externo (para evitar el concurso público), que podría haber efectuado cualquier servicio interno de la Administración.

Lo cierto es que, cuatro años más tarde, el gabinete Emiliano García Page sospechó que ese contrato extraño del equipo de Cospedal en 2012 con Método 3 fue una tapadera de otras investigaciones, anteriores y posteriores con intencionalidades políticas, pero nunca han encontrado documentos que lo atestigüen. Los socialistas han apuntado durante estos años a que Método 3 hizo seguimientos en su época a Barreda y luego a Page, pero no lo han podido demostrar. Esta semana la portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se mostró convencida de que Cospedal mandó espiar a Barreda y también a Page. El propio Barreda también se remontó al pasado esta semana para acusar a aquel PP de Cospedal de promover contra él toda “una campaña personal cargada de calumnias y difamaciones”. Con todo, el expresidente dijo que prefiere no “hacer leña del árbol caído”.

Método 3 era entonces una agencia de detectives públicamente desconocida, hasta que saltó en 2013 el escándalo del espionaje de una comida en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat. El almuerzo se había celebrado el 7 de julio de 2010, es decir, unos meses después de que el empresario Ignacio López del Hierro insistiera en presentarle a Cospedal al comisario Villarejo. Camacho y el PP catalán pactaron más tarde con el dueño de Método 3, Francisco Marco, destruir todas las pruebas de ese encuentro, que la agencia de detectives había espiado y grabado. Cospedal y Sánchez Camacho siempre han mantenido buenas relaciones y de hecho la política catalana fue uno de sus apoyos en las primarias del PP, en las que perdió en la primera vuelta.

Cospedal, mientras duró en Castilla-La Mancha la polémica por la contratación de Método 3 y sus derivadas políticas y judiciales, dejó hacer a su equipo, pero evitó pronunciarse sobre los motivos por los que se formalizó ese contrato oficial con una agencia de detectives. Sí lo hizo su entonces portavoz, Leandro Esteban, luego defenestrado en 2015, para intentar justificar que les hacía falta “una empresa especializada” para recuperar “datos importantes de subvenciones” públicas que los populares acusaban de haber borrado al Gobierno de Barreda.

El PP de Cospedal, cuando estaba en la oposición en Castilla-La Mancha, elevó al máximo las acusaciones contra el Gobierno de Barreda y llevó algunas actuaciones de sus últimos meses ante la justicia. Una de esas denuncias fue la interpuesta por un supuesto delito de “infidelidad en la custodia de documentos públicos” contra las funcionarias A. A. y M. R., documentalistas, a las que se señaló por haber borrado supuestamente datos informáticos del disco duro de tres ordenadores en su trabajo. El PSOE, que ya había perdido el Gobierno, intentó defenderse en las Cortes regionales planteando preguntas y exigiendo aclaraciones sobre por qué se había recurrido para esos trabajos a una agencia de detectives y no a una empresa informática o a los servicios especializados de la propia Junta. Nunca hubo respuesta.

Como recuerda el periódico madrileño, el Juzgado de Instrucción número 6 de Toledo archivó esa causa hace justo un año propinando todo un correctivo al Gobierno de Cospedal. El juzgado remarcó que en el comportamiento de las funcionarias nunca hubo “ninguna conducta criminal” y apostilló que los ficheros borrados nunca constaron como de titularidad pública y por lo tanto sí podían ser eliminados. El auto judicial expresa su extrañeza por el hecho de que el Gabinete de Cospedal recurriese y diese más valor al informe al efecto que le hizo en su momento Método 3 que al oficial elaborado por el jefe del Servicio de Informática de la Consejería de Presidencia.

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