Bajada de precios y ventajas para los vecinos en el peaje de las autopistas quebradas

Así lo apuntó el titular del Departamento, José Luis Ábalos, durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde apuntó su intención de que estas vías tengan "precios razonables" y además presenten "ciertas ventajas para los vecinos" de las zonas en las que se encuentran.

El titular de Fomento se pronunció de esta forma al indicar que su Departamento no prevé volver a sacar a concurso estas vías para ceder de nuevo su gestión a la iniciativa privada hasta que no tenga calculado el importe que el rescate de las autopistas en la anterior Legislatura supondrá para las arcas públicas.

De momento, según indicó, estas nueve autopistas seguirán siendo gestionadas por el Ministerio a través de la sociedad Seittsa, a cuya gestión se ha dado cobertura legal a través de un Real Decreto Ley recientemente aprobado en Consejo de Ministros y que este jueves afronta su debate de convalidación en el Congreso.

Las nueve autopistas rescatadas y que gestiona Fomento son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

Ábalos se pronunció de esta forma tras indicar que Fomento tiene por el momento parado el proyecto del anterior equipo del Ministerio de volver a sacar a concurso estas nueve vías para ceder de nuevo su gestión a empresas privadas.

El ministro reiteró que no se lanzará este concurso hasta que no tenga cuantificada la 'factura' que supondrá a las arcas públicas su rescate en la anterior Legislatura.

Se trata de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), el importe que, por contrato, el Estado debe pagar a las empresas que tenían la concesión de las vías para compensar las inversiones que realizaron en su construcción.

El Gobierno ha mantenido en 1.800 millones la estimación de este importe ya realizada por el anterior Ejecutivo, si bien el sector y los fondos que se quedaron con la deuda de las autopistas lo elevan hasta unos 5.000 millones.

Ábalos aseguró que, en tanto se define este importe, Fomento seguirá explotando las autopistas a través de la sociedad pública Seittsa, a cuya gestión se dará además cobertura legal con el Real Decreto Ley aprobado recientemente en Consejo de Ministros y que el jueves se somete a convalidación en el Congreso.

Fomento apuesta por volver a ceder la explotación de estas vías a empresas privadas porque aún no ha concluido el plazo de concesión con el que se contrataron.

BUSCA SALVAR EMPLEOS DE LA AP-1

No obstante, el Ministerio mantiene su intención de no prorrogar este plazo para las autopistas más antiguas que terminan su contrato de concesión. La primera de ellas es la AP-1 Burgos-Armiñón, que concluye su contrato el próximo día 30 y, por tanto, a partir de esa fecha, volverá al Estado y levantará su peaje.

En cuanto a los 111 actuales trabajadores de la vía, Ábalos aseguró que el Ministerio "intentará que la mayor parte de ellos sigan trabajando en ella en el nuevo contrato de conservación".

El ministro enmarcó también su intención de no prorrogar estos contratos en su objetivo de promover en el Congreso un debate sobre el modelo de sostenibilidad futura de la red de carreteras con el fin de consensuar un sistema "coherente".

En este sentido, el titular de Fomento insistió en que el uso de las autovías, al igual que el de otras infraestructuras, "debe compensarse", porque, de otra forma, "las terminan pagando los que no las usan".

No obstante, emplazó al debate que se abrirá en la Cámara Baja, a través de una subcomisión específica, con la confianza de que defina una "política de Estado y una respuesta como país" al reto que supone costear la red de carreteras.

Ábalos recordó que mientras la red de carreteras "no ha dejado de crecer, incluso durante la crisis", los recursos presupuestarios para su conservación y mantenimiento han descendido.

"Hay que compensar eso, porque vía Presupuestos no se cubre e incluso hay que plantearse liberar esos recursos presupuestarios para fines sociales", sugirió, para insistir en que el Gobierno "no planteará modelo alguno", sino que será la "mesa de debate del Congreso", de la que espera que salga un "consenso" para que el tema no se aun "arma frío a utilizar en el debate político".