Menos barreras legales para acceder a la Administración

El Gobierno ha aprobado durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes un acuerdo para eliminar, por "discriminatorio", el veto al empleo público a pacientes con VIH, diabetes, psoriasis o celiaquía, así aproximadamente 7 millones de españoles afectados por estas patologías podrán tener acceso a las próximas convocatorias públicas.

"Hemos previsto que esto puede afectar a 7 millones de personas que ven frustradas sus oportunidades de empleo público en condiciones que el Gobierno considera discriminatorias. Todos los requisitos científico-médicos nos avalan, por el simple diagnóstico de estas enfermedades no se puede cerrar el paso al que quiere acceder a la función pública", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

De este modo, y a propuesta de la ministra de Política Territorial y Función Pública, tras ser apoyada la medida por todos los grupos parlamentarios en las diversas iniciativas presentadas en las Cortes, se actualiza el catálogo de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público, que todavía operaba en determinados ámbitos, como los referidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, los cuerpos de vigilancia aduanera y los de instituciones penitenciarias.

"Se trata de millones de hombres y mujeres que por un simple diagnóstico ven reducida sus posibilidades a obtener un trato de igualdad", de modo que el Gobierno ha decidido levantar las causas de exclusión por el diagnóstico médico en las pruebas de acceso, asimismo se proponen adaptar al caso individual de cada una de las personas que no se verán excluidas por el diagnóstico en las pruebas de acceso, "las condiciones de desarrollo del trabajo en una situación donde las evidencias científicas apoyan nuestra decisión".

Así, ha añadido, se trata de un acuerdo "importantísimo" en el que se ven involucrados "casi todos los ministerios", siendo el de Interior, de Política Territorial y Función Pública y Hacienda los más destacados, y que viene a cumplir el artículo 14 de la Constitución y, lo que es más importante, la "igualdad entre hombres y mujeres".

"Lo hemos hecho de una manera rigurosa y coordinada con arreglo a las diferentes funciones que una vez accedida a la condición de funcionario público se pueden tener en España", ha explicado.

Esto significa que, desde el Gobierno, se pretende adaptar teniendo en cuenta las "circunstancias distintas" en el plano de la Administración civil, militar o en el caso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado e incluso en el empleo laboral. "Se trata de sostener un trato igualitario al máximo posible que nos podemos exigir, teniendo en cuenta que el artículo 14 de la Constitución nos invita constantemente a evitar la discriminación", ha reiterado.

Esta medida se aplicará a todas las convocatorias (personal funcionario, estatutario y laboral, civil y militar) que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción de este acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la oferta de empleo público del año 2020, adaptando las mismas a la evidencia científica actual y valorando siempre la situación clínica del aspirante y no sólo su diagnóstico.

Del mismo modo se acuerda revisar y actualizar las restantes causas previstas en los catálogos de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público, de modo que se puedan aplicar estas medidas a todas las convocatorias derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2021. Además, se constituirá un grupo de trabajo interministerial, presidido por el secretario de Estado de Función Pública, para el impulso y seguimiento de lo dispuesto en ese Acuerdo.

Calvo también ha recordado que el Ejecutivo ha querido cumplir la Ley de Igualdad de Trato, "una Ley muy querida por el Gobierno", que en este caso "afecta también a los hombres y mujeres que ven frustrada su posibilidad".