"No podemos permitir que se cree un nuevo Estado Islámico virtual"

Los ministros de Interior de la Unión Europea han acordado este jueves sus líneas rojas para negociar con el Parlamento europeo nuevas normas contra la propagación de contenidos terroristas en la red, con medidas como obligar a las plataformas digitales como Google, Facebook y Twitter a retirar o bloquear este tipo de contenidos en un plazo máximo de una hora desde que reciben una orden de las autoridades.

En marzo de este año, la Comisión Europea planteó una serie de recomendaciones en este sentido que, meses más tarde, convirtió en propuestas concretas y que ahora deben negociar los 28 y la Eurocámara.

Los ministros se suman a la idea de Bruselas de fijar un plazo máximo de una hora para que los proveedores tomen medidas para suprimir contenidos terroristas en la red y de prever sanciones de hasta el 4% de su volumen de negocio mundial si determinada compañía no colabora.

Las autoridades nacionales competentes podrán remitir a las plataformas requerimientos a las plataformas, que deberán analizar con "carácter prioritario" el expediente y evaluar y decidir si se trata de archivos peligrosos que deben ser retirados. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de la legislación.

"No podemos permitir que se cree un nuevo Estado Islámico virtual", ha dicho el ministro de Interior austríaco y presidente de turno de la UE, Herbert Kickl, al llamar la atención durante una rueda de prensa en la necesidad de luchar en Internet contra el terrorismo con la misma firmeza que se hace en el "mundo real".

También está entre los objetivos de la reforma mejorar la cooperación entre las autoridades policiales y las plataformas gracias a "puntos de contacto" para facilitar el tratamiento de las órdenes de retirada y los requerimientos.

Las normas propuestas también garantizarán el respeto de los derechos de los usuarios y las empresas, como la libertad de expresión y de información y la libertad de empresa.

Esto supone que las plataformas digitales tendrán que establecer mecanismos eficaces que permitan a los usuarios cuyos contenidos hayan sido retirados presentar una reclamación.