DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
Se manifestaron en las Cortes y también ante el Palacio de Fuensalida y ahora anuncian que llevarán carbón al Gobierno de García-Page. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha zanjado el asunto sobre “la reducción de las ayudas a la agricultura ecológica” que denunciaron en Bruselas profesionales de la región. La conclusión es que el anterior Gobierno de María Dolores de Cospedal elaboró un orden, en marzo de 2015, que establecía las bases para la concesión de estas ayudas. La Comisión Europea advirtió que la única referencia legal para la concesión de subvenciones, para el periodo 2014-2020, era la aprobada por la propia Comisión en octubre del mismo año. El Gobierno de Cospedal no solo había elaborado una orden ilegal sino que tampoco había realizado la consignación en los presupuestos de 2016 para conceder estas ayudas.
LA DENUNCIA DE UNIÓN DE UNIONES
La Unión de Uniones de Castilla-La Mancha denunció ante Bruselas, en marzo de 2016, que la Consejería de Agricultura del actual gobierno regional había “reducido significativamente las ayudas a la agricultura ecológica en la región debido a que el Ministerio decidió cambiar las bases reguladoras para la concesión de ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)”.
Según Unión de Uniones, las reducciones de las ayudas variaban entre el 29 por ciento y el 67 por ciento “y socavaban la sostenibilidad de varios cultivos ecológicos, lo que hacía económicamente inviable continuar con esa forma de agricultura ecológica”. Se alegaba también que el Ministerio había modificado los criterios de selección de solicitudes de ayuda lo que había eliminado las ayudas a 2000 agricultores ecológicos que habían practicado esta forma de agricultura durante años.
LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN
En enero de 2017, Bruselas contestó a la petición advirtiendo que “la versión del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020, aprobado por la Comisión el 30 de octubre de 2015 era “la única referencia que la Comisión podía reconocer como válida en relación con dicho PDR”.
La Comisión subrayó que las autoridades de Castilla-La Mancha (Gobierno de Cospedal) habían actuado bajo su propia responsabilidad cuando adoptaron por primera vez la Orden de 24 de marzo de 2015 por las que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con el objeto de implantar la normativa en materia de agricultura ecológica”.
LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y DE DESARROLLO RURAL
El pasado 22 de diciembre se reunieron los coordinadores de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Su presidente Czeslaw Adam Siekierski, ha comunicado a Unión de Uniones de Castilla-La Mancha que “comparten la opinión de la Comisión Europea de que el importe de las ayudas no puede basarse en la orden de las autoridades de Castilla-La Mancha de marzo de 2015, emitida por dichas autoridades (Gobierno de Cospedal) bajo su propia responsabilidad".
"El programa de desarrollo rural aprobado mediante la Decisión C(2015) 7561 de la Comisión, de 30 de octubre de 2015, es, de hecho, la única base jurídica válida. Cualquier solicitud de modificación de dicho programa de desarrollo rural debe ser aprobada por la Comisión Europea de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 1305/2013”.
En vista de esa motivación, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural considera que la petición “no está fundamentada y que no debe procederse a ningún otro pronunciamiento sobre la misma”.
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