Desacuerdo entre los afectados por la talidomida y Hacienda sobre la exención fiscal de sus ayudas

La Asociación de Víctimas de la Talidomia en España (AVITE) y el Ministerio de Hacienda no han llegado este miércoles a ningún tipo de entendimiento en relación al tratamiento fiscal al que estarán sujetas las ayudas que les corresponden y que están recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

En la sede del Ministerio, representantes de ambas entidades, entre ellos la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón Rafael, han debatido en una reunión durante más de una hora, que se ha saldado nuevamente sin acuerdo, como sucedió con el anterior encuentro de AVITE con el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco.

"Es bastante decepcionante. Nos dicen que no hay nada contemplado. No saben el impacto económico que generaría. Su planteamiento es incoherente y sus respuestas absurdas y contradictorias. No ha habido respuestas a la pregunta de si hay voluntad política", ha lamentado en declaraciones a los periodistas el abogado y portavoz de la asociación, Ignacio Martínez.

Desde AVITE defienden que no van a aceptar ningún tipo de trato fiscal distinto al que han recibido los afectados de la talidomida en el resto del mundo; es decir: la exención fiscal total. Recuerdan, como ejemplo, que las ayudas a otros colectivos en España como los contagiados por el VIH o la hepatitis C, los lesionados en accidentes de tráfico, las víctimas de negligencias médicas, de terrorismo, o cualquier indemnizado por un daño causado por la Administración Pública, están exentos.

Desde AVITE, sin embargo, inciden en que Sanidad y Hacienda defienden que la Ley del IRPF sí recoge a todos esos colectivos, pero no así a los talidomídicos. "Eso se podría arreglar con un Real Decreto-Ley en el que se nos incluya", ha reiterado el portavoz de AVITE, que tilda la situación de "rocambolesca".

Para poner en marcha estas ayudas, en cualquier caso, aún está pendiente el reconocimiento individualizado de los 548 afectados por parte del Instituto Carlos III de Madrid, cuyas primeras solicitudes se efectuaron hace ya un año.

Los socios de AVITE decidieron por mayoría el pasado 27 de diciembre en una Asamblea General Extraordinaria que no aceptarían estas indemnizaciones hasta que no se les garantizara que iban a estar exentas de impuestos. Tras esta reunión, su comité directivo se volverá a reunir para analizar el "vacío" en el que se encuentran.

Además, se va a realizar una consulta oficial a Hacienda para conocer si deberían tributar y cuánto, según ha anunciado Martínez. Por otra parte, en febrero, cuando se retome la actividad en el Congreso de los Diputados, tienen voluntad de reunirse con todos los grupos políticos para "presionar" al Gobierno.

A través de un comunicado, AVITE mostró su "total confianza en que un Gobierno como el socialista de Pedro Sánchez, que se califica por encima de todo de social, solucionará esta cuestión y no pretenderá darle con una mano a las víctimas las ayudas que le quita con la otra vía impuestos".