Valor de Ley / Inmaculada Herranz

El pasado 15 de febrero el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha celebró el IV Foro de la Ciudadanía. A lo largo de una mañana rendíamos cuentas de las acciones realizadas durante el ejercicio 2018 y el grado de cumplimiento de nuestros compromisos con la sociedad. En la comisión de Políticas Sociales, Sanitarias y de Igualdad, numerosas intervenciones de representantes de entidades sociales de nuestra región apelaron a la necesidad de tramitación y aprobación en las Cortes de Castilla-La Mancha del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado martes 12 de febrero. Se trata de entidades que conocen de primera mano la situación de vulnerabilidad económica de un gran sector de la sociedad castellano-manchega y que son conscientes de la importancia de la aprobación de la ley para miles de familias de nuestra tierra.

Las situaciones de escasez y vulnerabilidad a las que se enfrenta la ciudadanía dependen tanto de las características estructurales y de coyuntura económica de la región, como de la capacidad de respuestas de sus administraciones. Los diez años de crisis económica vinieron acompañados por una respuesta política asociada a recortes, abandono y pisoteo de los derechos elementales de la población con la consolidación fiscal como coartada. Las distintas administraciones conocen su cuota de responsabilidad. En los últimos dos años en Castilla-La Mancha hemos asistido al efecto directo que tiene la inversión en política social sobre la vida de los ciudadanos y ciudadanas, en los que se ha reducido en cuatro puntos el Riesgo de pobreza y exclusión Social (del 37,9% en 2016 al 33,9% en el 2017). Sin embargo esta cifra sigue exigiendo un cambio rápido y eficaz en los sistemas de protección social, una cifra que se sitúa 7,3 puntos porcentuales por encima de la media nacional (26,6% de la población) y que asciende al 41,7% si hablamos de menores de 18 años. Sin duda alguna se trata de una situación de desigualdad que, a pesar de la recuperación económica de la región, se mantiene lejos de los niveles previos a la crisis y corre el riesgo de perpetuarse y cronificarse en el tiempo, ya que, desgraciadamente, ni el empleo es capaz de garantizar unos ingresos mínimos para satisfacer las necesidades más básicas.

¿Qué sistema de protección social tenemos para hacer frente a las necesidades de la población de nuestra región? Desde la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha se han dado avances importantes en las medidas dirigidas a paliar y erradicar la pobreza en nuestra región, como por ejemplo: el aumento de la cuantía, del presupuesto y las mejoras técnicas en el Ingreso Mínimo de Solidaridad, las cuales han permitido incrementar el número de concesiones de la ayuda, alcanzado así un máximo histórico en 2018 (más de 2.633 nuevas concesiones). Pero hablemos claro, según denuncia la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales con datos del Informe de rentas mínimas de inserción elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la cobertura del IMS en 2017 no alcanzaba el 2,1% de la población que estaba bajo el umbral de pobreza. De hecho, somos la comunidad autónoma con la cobertura más baja, a gran distancia de la media nacional (8%), evidenciando así la necesidad de dar un paso más allá en este tipo de políticas. La Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone colocar a Castilla-La Mancha 8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, pasando de la última posición a la sexta comunidad autónoma con mayor cobertura. Esta diferencia no es fruto de la casualidad, ni tampoco de un aumento de inversión a ciegas, sino el paso de cubrir las necesidades con ayudas a configurar un derecho de ciudadanía.

El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, en cuya elaboración han participado activamente los principales agentes sociales y la sociedad civil en su conjunto, integra el derecho subjetivo a unos ingresos mínimos a través de los planes de empleo y/o la prestación de renta garantizada y el derecho al acceso a un conjunto de garantías complementarias -la mayoría de ellas vigentes actualmente-. Se estima que durante el primer año, la cobertura del derecho a la garantía de ingresos sea casi diez veces superior al del actual IMS, beneficiando a más de 92.000 personas. Además, esta Ley impactará sobre la economía de todos los hogares porque generará un impulso de la producción de más de 90 millones de euros y la creación de más de 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, dinamizando así la economía de la región.

Desde la entrada de Podemos en el gobierno regional nuestro trabajo ha tenido un claro objetivo: Avanzar en derechos para la ciudadanía y asegurar el futuro en la región. El Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha supone un avance en un derecho esencial, el derecho a vivir en condiciones de dignidad. Todo el equipo de la Consejería, las entidades sociales, los sindicatos y la sociedad en su conjunto hemos trabajado en una Ley que cuenta con un extenso consenso social para que la vida de 92.000 personas quede asegurada con un sistema de protección estable y no para que se quede en un “cajón”. La responsabilidad política y la altura de miras debe ser el eje de la acción de gobierno. ¿Alguien puede entender que se antepongan los intereses particulares a una sociedad castellano-manchega más justa e igualitaria?

Inmaculada Herranz, 

Consejera para la Coord. del Plan de Garantías Ciudadanas