La caza, en Castilla-La Mancha

Puede que la sociedad contenga igual número de cazadores que de animalistas, pero de lo que no cabe ninguna duda es que la ciudadanía en su conjunto supera a ambos colectivos. Por ello se hace necesario analizar la regulación de la actividad cinegética. Escuchar no solo las opiniones de cazadores y/o animalistas, sino también de la ciudadanía en su conjunto donde la opinión está mucho más repartida. Los derechos de acceso a los lugares públicos por tanto no deben ser privativos para cazadores ni para los animalistas, porque son muchos más los ciudadanos a los que les gusta recoger setas, espárragos o tréboles, e incluso hacer senderismo en el monte que, dicho sea de paso, pertenece al dominio público.

Actualmente y según los datos del estudio realizado por Deloite y Artemisan, el 87% del territorio español tiene gestión cinegética, lo que supone 43 millones de hectáreas divididas en 32.363 cotos. El 16% de territorio cinegético en España se concentra en Castilla-La Mancha, que nos coloca como segunda comunidad autónoma en extensión de terrenos, tras Castilla-León. 

Por otro lado, España es uno de los países europeos con mayor número de licencias de caza, con un millón de cazadores en 2010, dato que viene a situarnos por detrás de Francia. En 2016 se expidieron 106.406 licencias de caza en Castilla-La Mancha, lo que convierte a nuestra región en una de las tres comunidades autónomas con mayor número de licencias junto con Castilla-León y Andalucía. 

Los cotos de caza suponen el 66% de los terrenos cinegéticos en nuestro país. Castilla-La Mancha supone el 18% del total con 5.843 cotos repartidos en las cinco provincias: Ciudad Real (27%), Albacete (25%), Toledo (23%), Cuenca (14%) y Guadalajara (12%).

Castilla-La Mancha pretende compatibilizar la gestión de los espacios con la caza, pero a la vez controlar el número de especies como el jabalí, el ciervo o los conejos. Sin ese control, los propios animales acabarían con los recursos que les sostienen, desarrollarían enfermedades y acabarían con su presencia en nuestros montes. 

LA INVERSIÓN EN CAZA

Los datos dan buena muestra de la situación de Castilla-La Mancha en el ámbito cinegético, algo que repercute evidentemente en la economía de la región. Es evidente que la actividad cinegética supone enriquecimiento y crecimiento económico en CLM. Para quienes no son cazadores, y es la mayor parte de la población, puede ser inapreciable, pero basta con hacer un pequeño recuento de los sectores y el gasto que provoca esta actividad: 

En ropa y complementos, los cazadores castellano-manchego gastan como media 240 €/año, un gasto que en el 43% de los casos se realiza dentro de la comunidad autónoma. 

Los animales utilizados por los cazadores suponen un gasto medio de 573 €/año, de los que el 46% se abona en Castilla-La Mancha. Así como los seguros de responsabilidad civil, que suponen a cada cazador 50€/año de los que el 67% se lo llevan compañías aseguradoras ubicadas en la región. Mientras que el gasto en licencias de caza viene siendo de una media de 92€/año, quedándose el 41% en nuestra comunidad autónoma. 

A todo ello habría que sumar cantidades mucho mayores en relación a las licencias de armas, las armas propiamente dichas, munición, tarjetas y acciones del coto y una vez sumado multiplicarlo por el número de cazadores asiduos en la región (recordamos 106.416 licencias). Esto nos daría una idea del montante económico que puede mover la actividad. 

EMPLEOS DIRECTOS DE LA CAZA

Es necesario detenerse por un momento y pensar cuanta gente consigue un salario a costa de la caza en nuestra región: rehaleros, ojeadores, batidores, pastores, guías, vigilantes de caza o guardas rurales. A los que habría que sumar de manera más indirecta pero directamente relacionados con ello a conductores (y gasto en combustible), restaurantes, hoteles, veterinarios, taxidermistas, fabricantes de trofeos e incluso carniceros. 

Según ASICAZA la facturación asociada a la venta de carne de caza por la industria de Castilla-La Mancha en 2016 fue de 15.8 millones de euros. Se calculan que son de 600 a 800 trabajadores directos en la industria de la carne de caza que incluyen los trabajos de inspección veterinaria post-mortem, vehículos frigoríficos, segunda inspección en matadero, sello sanitario, despiece y tratamiento, envasado, etiquetado y venta. 

LA SITUACIÓN CINEGÉTICA BAJO LA LEY COSPEDAL 

 La normativa aprobada por el anterior Gobierno regional nos colocó en las primeras páginas de los diarios nacionales, por varios motivos pero el fundamental era el abrir la posibilidad de que los animales domésticos asilvestrados pudieran ser abatidos con las escopetas, lo que abría la puerta a la matanza de animales domésticos de forma indiscriminada, propios o ajenos, pues se hacía realmente difícil probar que se trataba de un animal "asilvestrado" tras su muerte y colocaba a quien debía juzgar los hechos en la coyuntura creer en la palabra del propietario del animal (asilvestrado o no) frente a la del cazador. 

La ley Cospedal fue impuesta de manera unilateral por el Partido Popular ya que se llevó a efecto sin ningún tipo de consenso y por sorpresa. Ni siquiera se contestó a las alegaciones presentadas por las personas interesadas, dentro de los pocos que se enteraron de la elaboración de la misma.

A partir de su aprobación, el uso público de los montes quedó en segundo plazo, relegado para los particulares y sometido al dominio de la caza. Cualquier ciudadano que paseara o hiciera senderismo podría ser castigado ya que sancionaba el hecho de molestar la práctica de la caza. La actividad cinegética por tanto podía cerrar caminos e incluso cazar con trampas con los riesgos que esto implica.

También dejó de lado a los cazadores locales derogando los cotos sociales, e impidiendo el ejercicio de la caza a los lugareños, o ciudadanos de zonas rurales que habían venido haciéndolo toda su vida.

Los cotos sociales se crean normalmente para facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades, algo con lo que parecía no estar de acuerdo la anterior presidenta de Castilla-La Mancha. 

Todos estos inconvenientes, que molestaban obviamente a más personas de las que beneficiaba, dieron lugar a la recogida de 35.000 firmas que solicitaban la derogación del anteproyecto. Fueron por tanto 35.000 personas a las que en aquel momento no se escuchó a pesar de pedir una solución al problema.

Este era el escenario en el que se movía la ciudadanía cuando se produjo el cambio en el Gobierno regional. A esto se enfrentaba el nuevo Gobierno socialista. Afortunadamente esta injusta ley tuvo solamente una vigencia de 3 años que aun así se hicieron muy largos.

SITUACIÓN CON LA NUEVA LEY DE CAZA: ENTRE OTRAS, PROHIBICIÓN DEL CALIBRE 22 Y EL LANCEO DEL JABALÍ

La situación colocaba como prioridad la recuperación del uso público de los montes así como los cotos sociales. Esta última, una figura demandada por los ciudadanos del entorno rural. Ambas peticiones sociales han sido recogidas por la nueva ley, además de aumentar las sanciones por su incumplimiento. 

La nueva ley de Caza se aprobó tras dos años de negociaciones y más de un centenar de reuniones con todos los sectores afectados y en ella quedan contenidas las siguientes novedades: 

• La priorización del uso público de los montes y caminos para otras actividades (senderismo, micología, etc.)
• Fomento de la caza social, que había sido derogada por Cospedal. Por poner algún ejemplo el Coto Social de Sevilleja de la Jara (Toledo) en su primer año de funcionamiento ha recibido 1.600 solicitudes y 230 cazadores han podido disfrutar de él. 
• Prohibición del calibre 22 y del lanceo del jabalí. 
• Obligatoriedad de descargar el arma a menos de 50 metros de personas que no son cazadoras. 
• Captura prioritaria "en vivo" de los animales asilvestrados (perros y gatos)
• Obligatoriedad de realizar una evaluación ambiental en las zonas de caza intensiva que se encuentran en áreas naturales "sensibles"
• Exenciones de licencias de caza para los jubilados mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha y se reducen en un 15% las tasas de los cotos sociales que estén federados. 

LA OPOSICIÓN FRONTAL DEL PP-CLM

Si hay algo de lo que hablan con frecuencia los juristas, es del espíritu de la ley y es evidente que en este caso se le ha dado la vuelta. Así el Partido Popular durante la presente legislatura ha intentado echar abajo todas las modificaciones realizadas por el actual Gobierno oponiéndose de forma frontal. 

Uno de los puntos criticados es la no inclusión de la mayoría de edad para cazar. Mientras Podemos defendía subirla, el PP apostaba por bajarla. Por su parte los cazadores afirman que "retrasar la edad de inicio de un cazador es cortar de raíz el relevo generacional". Una afirmación a todas luces absurda, porque médicos, abogados, ingenieros, sin ir más lejos, tienen que esperar bastante más de los 18 años para ejercer el relevo generacional y aun así son colectivos que como se puede comprobar no han disminuido.  

La solución salomónica del Gobierno regional ha sido circunscribirse a la Ley nacional y mantiene la edad establecida en la misma. 

El PP junto con las armerías ven mal que se haya prohibido el uso del calibre 22. Un calibre que puede provocar una muerte dolorosa a los animales y que implica menos ventas de esa tipo de munición a sus distribuidores.

Otra de las cosas con las que no está de acuerdo, PP, es en que se priorice el uso del monte a los no cazadores, así como el hecho de que haya que descargar el arma a menos de 50 metros de un no cazador. Se trata de dos medidas que llevan implícitos varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución. El derecho a la libre circulación, el derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad y el derecho a la vida. Derechos que han de disfrutar los ciudadanos en su conjunto y no solo un grupo reducido. 

La ley considerará una infracción grave el hecho de que se "realicen actuaciones que de modo directo o indirecto puedan producir restricciones en el libre tránsito de caminos o vías de uso público". Porque el monte es de todos.

Algo difícil de entender para la ciudadanía, es la queja que realiza el Partido Popular en relación al incremento del régimen sancionador. Quien no incumple la ley no será sancionado ¿Acaso pretenden incumplir la ley? ¿Por qué molesta al Partido Popular que se incrementen las sanciones por las faltas cometidas en el desarrollo de la actividad cinegética?

EL RECURSO DEL GOBIERNO CENTRAL 

Tras su aprobación supimos que el Gobierno central había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad sobre ella. A pesar del ruido, el recurso presentado a la Ley de Caza, no detiene su aplicación, ya que se trata de una cuestión técnica y puntual, relacionada con las infraestructuras del Estado, que no afecta en absoluto a la actividad cinegética ni a los cazadores. No altera en absoluto ni al espíritu de la ley ni al fondo filosófico de la misma. 

Se trata de una duda jurídica que afecta a la posible responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por los daños que produzca la caza y que tengan su origen en carreteras, autopistas o ferrocarriles.

El Gobierno regional, por su parte, no acaba de entender que se haya interpuesto un recurso de constitucionalidad a un artículo que es copia literal del artículo 69.c de la Ley de Caza de Aragón que fue aprobada en 2015 y lleva vigente desde entonces sin que nadie le haya declarado la inconstitucionalidad.  

En todo caso, con la situación actual, los ciudadanos de Castilla-La Mancha podemos sentirnos más seguros y más libres de disponer del dominio público.

DCLM