García-Page exige en Bruselas 800 hectómetros de agua "no trasvasable"

Uno de los objetivos marcados por el presidente de Castilla-La Mancha es la necesidad de realizar una valoración sobre el cumplimiento de la legislación europea fijada en la Directiva Marco del Agua, así como en la Directiva de Habitats, ya que los últimos acontecimientos, con Sentencia del Tribunal Supremo incluída, han dejado de manifiesto que la política hidrológica de España desde el Gobierno central no ha sido acertada.

Como representante de la sociedad castellano-manchega, García-Page tiene la intención de transmitir al Parlamento Europeo que el mayor factor de alteración ecológica existente en Castilla-La Mancha es, precisamente, el trasvase Tajo-Segura. Una infraestructura que durante el tiempo de vigencia (desde 1980)  ha trasvasado 12.600 millones de hectómetros cúbicos de agua de la cuenca del río Tajo hasta la del Segura, manteniendo una política hídrica poco deseable para el mantenimiento de los ecosistemas existentes, tanto en el cauce como en sus riberas y que se hace insostenible. Actualmente estamos en el cuarto mes consecutivo en el que se realiza un trasvase, por imperativo de legal, cuando los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, no superan el 26%.

LA URGENTE NECESIDAD DE ELEVAR A 800 EL MÍNIMO TRASVASABLE

Actualmente, el río Tajo es el único río en España donde se fija un desembalse máximo, hecho que impide, por otro lado, fijar unos caudales ecológicos adecuados mientras se limita y se coarta considerablemente la capacidad de desarrollo socioeconómico de la cuenca, situada en su mayor parte dentro de nuestra comunidad autónoma, por lo que se hace necesario elevar la cantidad mínima de agua no trasvasable hasta la línea los 800 hectómetros, cifra que supone el doble de la establecida en la legislación actual  y que coincide con la propuesta realizada por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que no se respetó en la elaboración de los Planes bajo la presidencia de Mariano Rajoy.  

Es innegable que la gestión actual prioriza el uso socioeconómico del agua en el Levante, frente a los objetivos medioambientales y es Castilla-La Mancha la que soporta los costes medioambientales, de oportunidad y socioeconómicos del trasvase. Aún teniendo esta región un PIB inferior al de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha sigue transfiriendo riqueza a Levante. Esto es algo que contradice la lógica solidaridad interterritorial establecida en la propia constitución española. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, así como el informe realizado por la Comisión Europea han remarcado las deficiencias de los Planes Hidrológicos de la cuenca del Tajo, elaborados para el periodo 2016-2021, acreditando que no existe un control adecuado ni suficiente del agua que se extrae de los ríos y concluyendo que se está realizando una mala aplicación de la Directiva Marco del Agua elaborada por la Unión Europea. 

LOS OBJETIVOS DE GARCÍA-PAGE

El presidente de Castilla-La Mancha, lleva por tanto cuatro objetivos muy claros en su viaje a Bruselas. Por un lado, la necesidad de un compromiso por parte de la Unión Europea para obtener un régimen de caudales realistas que permitan la regeneración del entorno del río Tajo. Algo que no será posible sin la exigencia de una notable modificación en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura al objeto de evitar que el río Tajo se siga esquilmando y acabar definitivamente con el mercadeo de agua entre particulares. 

DCLM