La presunta estafa de la lotería de Vox, con afectados en Toledo, se resolverá en Madrid

Finalmente será un juzgado de Madrid el que investigue si Vox ganó de forma ilegal más de 18.000 euros en 2015 vendiendo boletos de lotería de Navidad que ni siquiera había comprado, según ha dictamintado el Tribunal Supremo y ha recogido La Ser. Así se ha resuelto un conflicto de competencia entre un juzgado de la capital y uno de Cáceres, concluyendo que "la conducta delictiva se fraguo en Madrid".

Un caso que fue desvelado, según explica el médio radiofónico, por el digital Vozpópuli el pasado mes de noviembre y en el que se encuentran afectados en Toledo, pero tambien en provincias como Cáceres, Valencia, Léon o Ávila. La denuncia partió de Diego López Ordóñez, exsecretario de la gestora del partido en Cáceres, en la cual explicaba que en las Navidades de 2015 Vox buscó financiación vendiendo papeletas del número 93.815 para quedarse con parte de lo recaudado. Una vez iniciado el sorteo el 22 de diciembre, la formación comunicó que, por un error del lotero, su nuevo número era el 88.008.

El número 93.815 fue premiado con cien euros en la pedrea y Vox, según la denuncia, ingresó 18.100 euros por la venta de los décimos vendidos en Cáceres, Valencia, León, Toledo y Ávila, entre otras provincias. Según el denunciante, la formación pudo haber incurrido en un delito de estafa ya que, tras pagar cinco euros por cada papeleta, no han cobrado el dinero con el que finalmente fue premiado el número original.

Así, explica La Ser en su información que el Tribunal Supremo ha decidido que sea el juzgado número 27 de Madrid, y no el número 3 de Cáceres, el que se haga cargo de la investigación. Fue en Madrid, explica el alto tribunal, "donde se emitieron las participaciones, también el lugar desde donde fueron distribuidas y, del mismo modo, donde deberían ser abonadas en caso de resultar premiadas". Las papeletas se vendieron en diversas provincias pero, "es claro que la conducta delictiva se fraguó e inició en Madrid", según el Tribunal Supremo. 

En diciembre del año pasado, el juzgado de Madrid que decidió no declararse competente dejó por escrito en un auto que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la existencia de una posible infracción penal".

Por su parte, la formación de Abascal aporta un acta de un notario firmada cuatro días antes del sorteo en la que el dueño de la administración de lotería admite que los boletos reservados fueron vendidos efectivamente "a terceros" por un "error involuntario". Además defiende que todo se debe a un error del lotero de San Fernando de Henares con el que "reservaron" las participaciones pero que terminó vendiendo a otras persona, aceptando cambiar su número por el que posteriormente no fue premiado.