Cinco magistrados del Supremo estudian si paralizan la exhumación de Franco

Una Sala integrada por cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se reunirán hoy para estudiar si paralizan la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos prevista por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para el próximo 10 de junio.

Esta posibilidad se ha solicitado como medida cautelar en los cuatro recursos presentados contra la iniciativa del Gobierno por la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos.

El tribunal que verá este asunto, la Sección Cuarta de lo Contencioso del Supremo, estará presidido por Jorge Rodríguez Zapata a quien se añaden los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero, que podrían decantarse por suspender los trabajos en el Valle en espera de que se resuelva sobre el fondo del asunto.

Los recursos se han presentado contra el acuerdo por el que el pasado 15 de febrero el Consejo de Ministros autorizó la ejecución de la exhumación, siempre y cuando la familia del dictador accediera a elegir una ubicación distinta a la cripta de la Catedral de la Almudena para inhumar de nuevo los restos de su abuelo.

Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.

Para proceder a la exhumación, el Gobierno solicitaría el correspondiente permiso eclesiástico y si no lo obtuviese -hasta el momento el prior de la abadía benedictina que custodia la Basílica del Valle de los Caídos se ha negado, y de hecho ha también ha acudido al Supremo a pedir que se paralice la exhumación- solicitará una autorización judicial. Sólo con alguno de estos dos permisos, accederá a la Basílica a exhumar a Franco.

Tanto la familia como la Fundación Francisco Franco y el resto de recurrentes apelan al daño que se causaría si se trasladan los restos del dictador antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Es decir, si se trasladan esos restos al cementerio de El Pardo- Mingorrubio, en Madrid, y luego el tribunal resuelve que han de regresar al Valle de los Caídos.

ALTERNATIVAS DE LA FAMILIA

Por otra parte, la Familia acusa también Gobierno de "mentir" cuando interpreta que la familia ha renunciado a señalar un lugar alternativo a la cripta de La Almudena para la inhumación. En uno de sus escritos de ampliación del recurso inicial -han presentado varios- recuerdan que ya enviaron un escrito al Gobierno por el que dejaban constancia de que, en el caso de que el Supremo desestimase su recurso, accederían a señalar una ubicación alternativa a La Almudena y pedían que se les diera un plazo razonable para tomar la decisión

La familia también censura el Real Decreto por el que se concedió a la Administración General del Estado la titularidad del panteón del cementerio de El Pardo donde será enterrado Franco y que hasta ahora pertenecía a Patrimonio Nacional.

El consejo de administración de Patrimonio Nacional acordó pedir al Gobierno la desafectación de esta cripta el pasado mes de marzo, una vez que trascendiera los planes del Gobierno para exhumar al dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio madrileño de El Pardo.

La Fundación Francisco Franco considera "una burla" y una "afrenta" al alto tribunal y al Estado de Derecho la aprobación de este Real Decreto por parte de un Consejo de Ministros "en funciones" y sin que se haya resuelto el recurso de suspensión presentado en el Tribunal Supremo.