Los 200.000 trabajadores que usan fraudulentamente la cartilla de pensionistas podrían ser sancionados

En una entrevista en TVE, Moreno Bonilla ha señalado que se trata de un fraude que puede ser sancionado, aunque "corresponde a las autoridades autonómicas decidir qué tipo de sanción se les debe imponer por uso indebido".

El fraude, anunciado este lunes por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro del Foro 'Ideas+Diálogo en Sanidad' organizado por Farmaindustria y Europa Press, ha sido detectado durante la actualización de datos realizada por su departamento, en colaboración con el Ministerio de Hacienda, para poner en marcha el nuevo copago farmacéutico, con el que se pretende acabar con el uso fraudulento y el abuso de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"Gracias a este cruce se ha conseguido detectar prácticas irregulares, esto se pone en conocimiento de las comunidades autónomas que son las competentes en la materia y son las que tienen que decidir qué tipo de sanción se les puede imponer a estos usuarios que han hecho un uso indebido", ha añadido, al tiempo que ha señalado que, por tanto, la decisión de una sanción por este fraude no dependerá de Sanidad.

Por otra parte, ha explicado que el 83 por ciento de los pensionistas va a pagar un máximo de 8 euros al mes por sus medicinas con la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, del nuevo copago farmacéutico, por el que pasarán a pagar un 10 por ciento del precio de sus medicamentos (hasta un máximo de 18 euros), según ha señalado

Así, ha asegurado que el pensionista o cualquier ciudadano podrán recuperar su dinero, en caso de sobrepasar el gasto máximo mensual a copagar (en función de la renta), en menos de 4 meses - 2 meses menos de los admitidos este lunes por la titular de Sanidad, Ana Mato-.

"Se generará una alerta, se cuantificarán los fármacos y después de devolverá el reingreso con el exceso de consumo", ha explicado Moreno Bonilla, quien descarta que se contemple que el ciudadano que supere el gasto máximo impuesto en el copago deje de pagar el resto de fármacos que adquiera en el mes, ya que se trata de una medida "disuasoria", puesta en marcha tras observar que "al fármaco en España no se le da valor".

Asimismo, ha recordado que el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) es de "obligado cumplimiento". Por tanto, las comunidad autónomas deben asumir ese compromiso.

Respecto a la posible desfinanciación de determinados grupos de medicamentos, ha recordado que serán aquellos con escaso valor terapéutico, no innovadores que sirvan para síntomas menores y cuyo precio sea bajo.

La alternativa serán fármacos más "básicos y baratos", no terapias naturales como este lunes hacía referencia la ministra, ha explicado Moreno Bonilla, quien, al respecto, ha lamentado que el comentario se haya sacado de contexto. En cualquier caso, ha sido tajante al señalar que la medicina natural no sustituye a los fármacos.

Por otra parte, ha recordado que el SNS es una "prioridad" para el Gobierno, y que, pese a que es un "magnifico" sistema, tiene "un problema ante él que podemos cruzarnos de brazos, como el anterior Gobierno, o actuar", para evitar que la deuda que supera los 16.000 millones de euros haga "desparecer el sistema".

Así, según ha explicado, se han realizado "reformas de ajuste" que van encaminadas a "no tocar la asistencia sanitaria", de modo que, en referencia al pago por renta, "se ha preservado lo esencial de la manera que ha parecido más justa y razonable".

Por otra parte, ha destacado que no hay que tener miedo a la colaboración público-privada. "La titularidad es pública y siempre será un servicio público", ha explicado, recordando que esta colaboración podrá resultar "más eficiente" para usuario y "más barato" para la Administración pública.

SANIDAD A INMIGRANTES

Por otro lado, el secretario de Estado ha afirmado que en España "ningún ciudadano va a morir por falta de atención médica" y ha explicado que "las personas en situación irregular no tienen derecho a la tarjeta sanitaria como sucede en el entorno europeo y en la práctica totalidad del mundo".

En este sentido, ha señalado que "antes los ciudadanos en situación irregular tenían esa tarjeta y podía programar una operación y eso no se puede hacer". Sin embargo, ha subrayado que "se seguirá incluyendo la asistencia sanitaria a personas en situación irregular a menores de 16 años, parto y postparto, así como situaciones de urgencia". "En el caso de un ciudadano que tiene cáncer, tendrá asistencia hasta el alta", ha asegurado.

Finalmente, Moreno ha explicado que han "bloqueado el denominado turismo sanitario para evitar que personas con alto nivel de renta de otros países utilicen y abusen del servicios nacionales españoles de salud".